El juicio que hoy se abre en mi contra, por presunto blanqueo de capitales y falsedad documental, va mucho más allá de un caso penal; representa una amenaza al derecho de defensa y a los principios de nuestra profesión. La acusación se basa en cargos inconsistentes y en una intervención sin precedentes en mis comunicaciones, documentos y estrategias de defensa, poniendo en riesgo el secreto profesional, un derecho fundamental no solo para mí, sino para todos los abogados. Permitir tales prácticas vulnera derechos fundamentales bajo el pretexto de una persecución penal. 

Desde el inicio de esta causa, la intervención en mis correos, mensajes y documentos ha afectado profundamente mi vida personal y profesional, y ha comprometido el derecho a una defensa justa. Datos confidenciales de mis clientes, en casos desde divorcios hasta procedimientos de relevancia política, se han visto expuestos, en una clara violación del secreto profesional, un pilar esencial que garantiza una defensa sin presiones indebidas. 

Otro de los aspectos más graves es la intervención de documentos clave y el acceso de los fiscales del caso y de la policía a mi estrategia desde el inicio, alterando el equilibrio de un juicio justo. Paradójicamente, el propio Fiscal General del Estado reclama hoy protección solo para sus comunicaciones, no para las de otros investigados. Se trata de una doble vara de medir en la aplicación de derechos incompatible con un Estado democrático. 

La recolección y análisis de miles de comunicaciones entre abogado y cliente no solo afecta a mi derecho a defenderme libremente, sino también a los derechos de mis defendidos. ¿Qué mensaje se envía cuando la confidencialidad puede ser sacrificada en nombre de una acusación sin fundamento? Hoy me afecta a mí, pero mañana podría afectar a cualquier abogado. 

¿Qué mensaje se envía cuando la confidencialidad puede ser sacrificada en nombre de una acusación sin fundamento?

Los fiscales del caso han construido una acusación sin base sólida, recurriendo a testimonios falsos y contradictorios de acusados que buscan su propio beneficio, basándose en suposiciones no probadas, por inciertas. Ignoraron incluso un informe de la Policía Nacional que descartaba cualquier relación entre mi trabajo y los delitos imputados. 

La falta de pruebas y el desprecio de los fiscales del caso por la evidencia exculpatoria ponen en duda la legitimidad del proceso. Resulta inconcebible que una acusación prospere sobre conjeturas, omitiendo información clave que me exonera. Parece que los fiscales del caso están decididos a llevarme al banquillo a cualquier costo, violando mis derechos y los de mis defendidos. 

No estamos ante una acusación débil únicamente, sino ante una amenaza al sistema judicial. Si esta acusación ha logrado llegar a juicio, ¿qué garantiza que otros procesos no seguirán el mismo camino? Este juicio es una llamada de atención sobre la facilidad con que se criminaliza el derecho de defensa y el secreto profesional. 

El secreto profesional no es un privilegio de los abogados; es un derecho que protege a los ciudadanos y permite que confíen en quienes defienden sus intereses. Al intervenir mis comunicaciones con mis clientes, los fiscales no solo violaron este derecho, sino que quebrantaron la confianza entre abogado y cliente, esencial para una defensa justa. 

Esta lucha no es solo mía; es una batalla por el derecho y la justicia, por los principios que deben protegernos a todos

Hoy, el ejercicio de nuestra profesión se convierte en un riesgo, especialmente al defender causas sensibles. Esta criminalización implica que cualquier abogado puede ser perseguido solo por hacer su trabajo. La defensa y el derecho a una defensa eficaz no pueden ponerse en peligro por intervenciones que minan la posibilidad de un juicio justo. 

He asumido este proceso como una lucha por la defensa de los derechos de todos los abogados. Las pruebas de descargo son claras: informes técnicos, registros migratorios, pasaportes y documentos oficiales demuestran la falta de fundamento de las acusaciones. Estoy dispuesto a luchar hasta el final, porque la defensa de la verdad y los principios del derecho no pueden ceder. 

Este juicio no es solo sobre mí; es un ataque a la profesión y una amenaza al sistema de justicia. Lo que hoy se permite en mi caso puede sentar un precedente peligroso para todos los abogados y para los derechos de los ciudadanos. La confidencialidad y el derecho a una defensa justa no pueden ser ignorados sin consecuencias. Lucharé hasta el final porque creo en la justicia y en los principios que defiendo; el derecho no puede ceder ante la arbitrariedad.  

Hoy más que nunca, quienes formamos parte de esta profesión debemos alzar la voz contra prácticas que amenazan la integridad del sistema judicial y el derecho a una defensa libre y efectiva. Esta lucha no es solo mía; es una batalla por el derecho y la justicia, por los principios que deben protegernos a todos, y la daré hasta el final, dejando claro que quien crea que conmigo conseguirá un rehén, a través del cual hacer chantajes políticos, se vuelve a equivocar.