Una cosa que me ha gustado —si se puede decir así— del juicio al procés es la naturalidad con que la mayoría de los procesados han asumido la defensa del derecho de autodeterminación de Catalunya. Evidentemente, es un tabú para la clase política española y también para una parte significativa de juristas, que siguen repitiendo el sonsonete de que la autodeterminación sólo se aplica en casos determinados, como procesos de descolonización. Aquella defensa también contradice la idea, que tanto prosperó en torno al 9-N, de un presunto "derecho a decidir" dentro de la Constitución que algunos académicos se empeñaban al defender como alternativa al "imposible" derecho de autodeterminación, quizás con la noble (y equivocada) idea de que, asumiendo el discurso de la fiera, conseguirían domesticarla.

Hoy día, el derecho de autodeterminación de los pueblos —de todos los pueblos— es un principio estructural del derecho internacional, recogido en la Carta de las Naciones Unidas y que encabeza los Pactos internacionales sobre derechos humanos promovidos por la misma ONU. Justamente por esta razón no tiene ningún sentido volver a insistir en unas resoluciones dictadas hace más de medio siglo y en un contexto muy diferente del actual, como es el de la descolonización y la Guerra Fría. El derecho de autodeterminación es democracia, es libertad y es paz. La idea de libertad comprende la de decidir como agruparse en comunidad y eso permite conectar el derecho de autodeterminación con el conjunto de los derechos fundamentales de la persona incluidos en esos Pactos, como el de reunión, manifestación, libertad de expresión o participación en los asuntos públicos.

En el contexto actual, con el riesgo de involución global de los valores democráticos, el derecho de autodeterminación tiene una nueva dimensión como consecuencia lógica de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales

A la vez, es paz, resolución pacífica de las controversias. Ciertamente, la propaganda soviética transformó el derecho de autodeterminación para adaptarlo a "la lucha contra el imperialismo" con que los dirigentes soviéticos debilitaban a las potencias coloniales, amparando los "movimientos de liberación nacional", que se asimilaban a los combatientes de las fuerzas armadas regulares. Esta, digamos, "orientación" de la autodeterminación tenía, además, una consecuencia añadida, y era que no se aplicaba a Europa, de manera que el Kremlin podía patrocinar la invasión de países de su área de influencia o el traslado forzoso de poblaciones enteras. Stalin había sido uno de los teóricos del derecho de autodeterminación de los pueblos y, por eso mismo, supo como utilizar aquella doctrina para afirmar su dominio una vez en el Kremlin. No tiene nada de extraño que algunos viejos comunistas se aferren todavía a esta interpretación del derecho de autodeterminación.

Todo eso ya es historia, sin embargo. En el contexto actual, con el riesgo de involución de los valores democráticos padecido a escala mundial, el derecho de autodeterminación ha tomado una nueva dimensión, como uno de los fundamentos del orden internacional democrático y equitativo que promueven las Naciones Unidas. Es la consecuencia lógica de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y, concretamente, en la modificación de fronteras. Si está prohibida la adquisición de territorios por la fuerza, la consecuencia lógica es que los conflictos territoriales deben resolverse por medios pacíficos, a través de la negociación política o de la intervención de un árbitro o mediador, y de la expresión democrática que es el referéndum. De esta manera, la voluntad de las personas prevalece sobre los derechos hereditarios o los derivados de la conquista militar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinará la relación entre el ejercicio del derecho de autodeterminación y los restantes derechos humanos fundamentales —para los catalanes y para todos los europeos

Catalunya, los catalanes, no son una excepción en este sentido. Puedo recordar todavía las miradas displicentes y los comentarios burlones cuando se hablaba de "internacionalizar" el procés catalán. A estas alturas, el procés ya es internacional. Mientras rechaza de forma contundente la autodeterminación de Catalunya, el Gobierno combate el independentismo en la esfera internacional: ha iniciado una campaña de propaganda dirigida a gobiernos y opinión pública mundial, ha condicionado al procés el conjunto de su política exterior (los famosos "favores" de Margallo) e incluso se ha tropezado con algún conflicto diplomático.

Pero la batalla más importante es, sin duda, el juicio. La posición oficial del Tribunal Supremo, expresada en la documentación entregada a la prensa internacional, es que el derecho de autodeterminación sólo se aplica a la descolonización y, por tanto, no tiene nada que ver en este asunto. Así lo entienden también la Moncloa y la Zarzuela. A la vez, sin embargo, son plenamente conscientes de que este juicio tiene una enorme trascendencia internacional, y que de forma casi inevitable acabará en una jurisdicción internacional como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin duda, en la sentencia de este tribunal quedará determinada la relación entre el ejercicio del derecho de autodeterminación y los otros derechos humanos fundamentales, para los catalanes y para todos los europeos.