Estamos cada vez más cerca de que el escándalo de la ‘Operación Catalunya’ no sea ya la conspiración desde el Estado contra el independentismo, sino el inmovilismo judicial y fiscal de hoy para investigar qué ocurrió, quién conspiró y quién pagará judicialmente por ello. La fabricación de pruebas contra los independentistas, Podemos y otros enemigos políticos durante el gobierno del PP afectan cada vez a más causas judiciales. Los últimos audios concretamente a la familia Pujol, tras la amenaza del Al Pacino chusco y mercenario de José Villarejo al exnúmero dos de Interior: “Tengo pruebas de que estáis todos en esta movida”, clama enfadado en los audios difundidos por El País y el digital Fuentes Informadas porque Interior dio instrucciones de “meter en la nevera” durante tres meses la operación. 

No falta nadie del triángulo de las cloacas en la última entrega. Está la política: el exsecretario de Seguridad, Francisco Martínez, cediendo al chantaje del comisario para dar luz verde a la denuncia de Javier de la Rosa por unos 100.000 euros. Están los medios: ¿por qué lo sacó Pedro J? (entonces director de El Mundo) —dice Villarejo: “Porque soy el único que a las ocho de la tarde le digo a un tonto como el Inda 'Uy, esto. ¿Por qué no sacas ‘pa pa pá’? Y a las nueve está imprimiéndose'”. Y está la Policía. De la Rosa acabó en la UDEF colocando esa denuncia sin pruebas. 

Los últimos audios nos ponen frente a otro capítulo más de la fabricación de informes policiales comprometedores para acabar con dirigentes catalanes. El único propósito del comisario Villarejo era ganar dinero. Su entramado de favores al Estado facturaba millones de euros al año. Y no fue hasta la irrupción de Podemos y el procés cuando el gobierno del PP lo utilizó como máximo ariete de su acción política. Cada audio es un detalle más de la descomposición democrática de ese PP. Un gobierno contra “los hijos de puta de los catalanes”, como se escucha decir a Villarejo ante el silencio cómplice del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mientras organizan la denuncia de Javier de la Rosa. 

Ante una barbarie democrática de tal magnitud, la Justicia continúa sin abrir diligencias, sin explicar públicamente por qué no ve ningún indicio de delito en unos audios que escandalizan a cualquiera. Este inmovilismo nos arrastra a una España con menos entereza y resortes que la de los noventa. Para contextualizar, los GAL se investigaron. Y también llegó a la Audiencia Nacional la Unidad Antidroga corrupta de la Guardia Civil conocida como ‘caso Ucifa’. A finales de los noventa, dicha sentencia desmanteló un grupo de agentes que formaron una organización de ‘narcos’ en el seno de la cúpula de la Unidad Antidroga de la benemérita. El fallo condenó a nueve años de cárcel al comandante José Ramón Pindado, "el escalón más alto" de la organización; y a ocho años al coronel Francisco Quintero, jefe de la unidad. La Unidad Antidroga desapareció y nació la Unidad Central Operativa (UCO), la actual unidad de élite de la Guardia Civil contra el crimen organizado y financiero.

Es difícil de asumir que cada semana puede sorprendernos un escándalo mayor empaquetado en unos audios. Pero es más difícil sabiendo que la Justicia no lo persigue

Más de veinte años después, sabemos que numerosos agentes de la UDEF fabricaron pruebas falsas para abrir causas judiciales, actuaron al margen de la ley desde la misma Policía que lucha contra la corrupción y los delitos financieros. Decenas de audios y pruebas después, seguimos sin conocer la dimensión de sus actos —los audios de Villarejo son la parte del todo—, y no se ha investigado cuántos agentes de los que actuaron de manera irregular siguen en activo.

Ninguna democracia es impermeable a la corrupción de sus élites. En la articulación de la división de poderes, uno vigila al otro. Un triángulo de contrapesos para ordenar y garantizar la convivencia. Desde la política se expulsó a Mariano Rajoy del gobierno por la sentencia de la Gürtel, homologando a España a un país europeo donde es incompatible ser jefe del Ejecutivo con la corrupción. 

La Justicia, que ha gastado años en el ‘caso Dina’, instruida por el mismo juez de la ‘Kitchen’, Manuel García Castellón, lleva dos meses escuchando a exministros y ex altos cargos sin mover un papel. El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, que dio luz verde a causas con informes fabricados ad hoc y ha supervisado la desencriptación de los audios de Villarejo, tampoco se ha pronunciado. Ni como garante del daño a lo público ni tras la petición de la acusación popular del PSOE de incorporar los nuevos audios a la causa ‘Kitchen’. 

Asistimos a la parálisis de la Fiscalía y los jueces frente a una trama que nos perturba a todos. Este arrastrar los pies del juez y el fiscal genera una profunda desconfianza y desafección en las instituciones judiciales. Obligando al ciudadano a normalizar actuaciones del nivel que se escucha en los audios, sumado a la perplejidad de una instrucción que no se mueve. Por no hablar del silencio del PP de Feijóo. 

A este ritmo, calará la sensación de una justicia para ricos, otra para pobres y otra que ampara a los corruptos. Igual no tiene desgaste para el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, o los magistrados que se niegan a renovar los órganos judiciales, pero daña el sistema y las instituciones que todos habitamos. Es difícil de asumir que cada semana puede sorprendernos un escándalo mayor empaquetado en unos audios. Pero es más difícil sabiendo que la Justicia no lo persigue.