Cuando el exconsejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López, entonces también coordinador de Justicia de la dirección nacional de los populares, dijo aquello de “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial” hubo revuelo aunque verbalizaba en voz alta una realidad conocida. Los jueces afiliados a asociaciones profesionales reconocidas por el Consejo General del Poder Judicial suponen una mayoría absoluta conservadora y de las cuatro principales asociaciones, no llega al 10% los que están afiliados a Jueces y Juezas para la Democracia, la única progresista. En el momento actual, todos los candidatos a presidir la Audiencia Nacional o bien entraron en la cúpula judicial nombrados por el PP, o son de perfil conservador. Con esta balanza desnivelada y ajena a la representación de una sociedad más plural que sus jueces, una cosa es asumir que la Justicia tenga un sesgo conservador y otra es la politización de ese sesgo.  

No hay apenas ejemplos de ataques de jueces a políticos conservadores y es larga la lista de exabruptos inadmisibles contra progresistas y nacionalistas. Las investigaciones que acaba de abrir el CGPJ para imponer posibles sanciones disciplinarias son elocuentes. Los insultos del juez Manuel Ruíz de Lara llamando “psicópata” al presidente o “barbigoña” a Begoña Gómez; o la impunidad del juez Eloy Velasco para ser candidato a presidir la Audiencia y pensar que no lo saca de la pugna llamar “cajera de supermercado” a Irene Montero para denigrarla como eurodiputada y exministra. Estos dos últimos casos, con expedientes recién abiertos, ahondan en un patrón que está por ver cómo termina. Está por ver si la nueva presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, tiene un mayor compromiso en el control disciplinario y los sanciona o acaba como siempre, actuaciones que una vez pasada la polémica pública, los expedientes terminan en nada.

Hay jueces que han vulnerado la obligada ejemplaridad, la neutralidad y la imparcialidad sin que haya tenido consecuencias

El control al Poder Judicial está en la forma y en la fiscalización de cómo ejercen su poder desde uno de los tres pilares del Estado, cuando su función jurisdiccional resulta a todas luces extravagante. El balance de este año es el de una judicatura que —desde su cúpula— algunos de sus miembros han sucumbido en demasiadas ocasiones a la polarización y en consecuencia al descrédito de su imagen. Hay jueces que han vulnerado la obligada ejemplaridad, la neutralidad y la imparcialidad sin que haya tenido consecuencias. Hemos visto a algunos profesionales de la judicatura manifestarse con la toga puesta en la puerta de los tribunales contra una ley de Amnistía que emana de las Cortes y ni siquiera estaba redactada. Miembros de un Consejo bloqueado insultando a cargos públicos o miembros conservadores que redactaron duros artículos de opinión contra la mencionada ley y ahora se niegan a aceptar la recusación en el Constitucional, como es el caso del magistrado José Mario Macías. Otros han acompasado decisiones judiciales al evidente calendario electoral, desde la petición de procesar a Puigdemont por terrorismo en la semana de la investidura de Sánchez a la citación de Begoña Gómez la semana de las elecciones europeas. No es nuevo, el caso Neurona —la causa contra Podemos que acabó archivada en su totalidad— también ocupaba portadas con resoluciones sin fondo ni lógica, pero coincidentes con semanas de campaña electoral. 

La hemeroteca de esta legislatura tiene una amplia casuística y refleja cómo, poco acostumbrados a someterse a control, algunos han saltado al campo de lo político. El futuro judicial del Gobierno se juega en el próximo curso. Se dilucidará qué causas tienen fondo y cuáles han sido en parte artificios judiciales dirigidos por las acusaciones personadas de extrema derecha. Veremos si la causa contra el hermano del presidente, al que se le adjudicó una fortuna inexistente, acaba en algo; o si el caso contra Begoña Gómez termina siendo una cascada de piezas separadas abocadas al archivo. El arranque informativo de la próxima semana está ya marcado por esta agenda. Primero con el interrogatorio al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en la causa contra el fiscal general y la declaración de David Sánchez como imputado. El caso Koldo, la causa con mayor profundidad penal y una corrupción con recorrido por esclarecer, seguirá también su curso. En 2024 numerosos jueces han puesto su imagen en jaque y con ella el prestigio de la Justicia. En 2025 tienen el reto de no parecer ni ejercer de brazo ejecutor de la oposición o peor, de su propio sesgo.