El estado español está en crisis, el régimen del 78 se tambalea y el fracaso del primer intento de investidura de Pedro Sánchez, buscado o no, ha creado las condiciones objetivas para justificar el cierre de filas del propio régimen con un acuerdo transversal que supere la batalla entre derechas e izquierdas y que lleve a cabo las reformas necesarias para reafirmar el sistema. Sánchez ya ha descartado definitivamente la coalición con Podemos y ya busca "nuevos caminos". Y Pablo Casado se ha mostrado dispuesto a un pacto de estado. Todo está por hacer, pero todo es posible, porque nadie está interesado en la repetición de las elecciones. Al contrario, el conflicto catalán y la conveniencia de no repetir las elecciones por el bien de España lo justificará todo.

En Madrid, los portavoces del establishment ya apuestan por un pacto PSOE-PP en nombre del interés general de España, y los más atrevidos dicen que podría incluso adoptar la forma de "gobierno provisional de salvación nacional" con un programa concreto de ortodoxia económica y un calendario previamente fijado que tendría como objetivo reforzar el bipartidismo, sustraer la capacidad de las minorías nacionales o ideológicas de decantar mayorías de Gobierno y renacionalizar el Estado a base de recuperar competencias autonómicas. También, por supuesto, endurecer la legislación contra los movimientos independentistas y reducir al mínimo el margen de actuación de los gobiernos disidentes como el catalán. Partidarios de esta opción no faltan, especialmente entre los sectores más poderosos e influyentes o, dicho de otro modo, los que se autoconsideran los propietarios de España.

La reforma del artículo 99 de la Constitución propuesta por Sánchez —y que era imposible que la aceptara Podemos— ya iba en la línea de ahogar a las minorías. El artículo 99 establece la elección del presidente por mayoría absoluta en primera votación y por mayoría simple en segunda. Un plus a la lista más votada y a las candidaturas de ámbito estatal ahorraría al ganador que negociar la investidura con partidos minoritarios, que ya no podrían exigir contraprestaciones por su apoyo. Una gran coalición PSOE-PP afrontaría varias reformas para reforzar el régimen, también de la Constitución, pero servidas en pequeñas dosis, que se pudieran resolver con una votación parlamentaria como ya ocurrió cuando, por imperativo europeo, se reformó el artículo 135 para obligar al Estado a pagar sus deudas antes incluso que las pensiones. No está sobre la mesa un reforma en profundidad de la Constitución para que provocaría el debate sobre la monarquía, que es precisamente lo que se quiere evitar a toda costa, de hecho lo que se quiere proteger por encima de todo.

Los portavoces más atrevidos del establishment ya apuestan por un gobierno de "salvación nacional" con un programa concreto de ortodoxia económica y un calendario previamente fijado de reformas institucionales y constitucionales para apuntalar el régimen

Nada de esto no se consideraría necesario si como estaba equivocadamente previsto el partido de Albert Rivera hubiera asumido el papel de partido bisagra encargado de completar indistintamente las mayorías de PP y PSOE, que era el motivo por el que el Ibex 35 patrocinó la implantación de Ciudadanos como partido de ámbito español. No advirtieron que la ambición de Rivera es inversamente proporcional a su talento. Quizá de aquí a septiembre, ante la posibilidad de quedarse fuera del gran aquelarre nacional español, Ciudadanos se apresure a mover ficha antes de que sea demasiado tarde. A su favor tiene que los cambios constitucionales requerirían su apoyo para llegar a las tres quintas partes del Congreso.

Las elucubraciones sobre un posible pacto PSOE-PP han sido inmediatas tras el fracaso de la investidura, no sólo porque Sánchez lo provoque hablando de "nuevos caminos", sino por cómo ha sido la ruptura con Podemos, tan intencionadamente traumática para que sea irreversible. Ha sido una obviedad la falta de voluntad política de Sánchez para formar un Gobierno de izquierdas, que ya no disimula. Eso y que el rechazo al pacto por parte de Sánchez ha tenido sobre todo carácter ideológico.

Teniendo en cuenta el nivel que han demostrado algunos ministros de los cuatro o cinco gobiernos anteriores, el argumento de Pedro Sánchez de negar ministerios a Podemos por su escasa experiencia política no se aguanta. Sin ir más lejos, el padre de lo que se llamó “el milagro económico español”, Rodrigo Rato, está en la cárcel y no es precisamente un preso político. Sánchez no ha rechazado a personas concretas sobre las que se podría valorar su currículum. Rechazó globalmente cualquier persona que pueda proponer Podemos para ministro de Hacienda, de Trabajo o de cualquier departamento del que dependan asuntos importantes. Un rechazo tan global sólo se entiende por un prejuicio ideológico. Por lo visto, Sánchez quiere liderar una segunda transición pero para apuntalar el régimen no para cambiarlo, y Podemos está considerado un enemigo del statu quo.