A primeros de junio de 2017, Albert Rivera, entonces todavía líder de Ciudadanos, viajó a Estados Unidos para promocionarse internacionalmente como la gran esperanza blanca de los conservadores españoles. Pronunció una conferencia en la Universidad de Georgetown y luego conversó con los corresponsales de medios españoles. Como todo el mundo estaba pendiente del referéndum que se anunciaba para el 1 de octubre de ese año, las preguntas iban al respecto y pidió el off the record para hacer algunas confidencias. Una de ellas era que el Gobierno de Mariano Rajoy le había trasladado que la estrategia contra el independentismo se centraría "no sólo en propiciar el procesamiento de los líderes, sino en atacar el patrimonio personal y familiar de políticos y funcionarios desde el máximo responsable hasta y el último becario que cumpla órdenes. Serán sanciones muy elevadas -dijo- que tendrán un efecto disuasorio inmediato".

Fue fácil deducir que el interlocutor gubernamental de Rivera era la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Por aquellas fechas, cuando los tribunales descartaron que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau hubieran cometido malversación de dinero público con la consulta del 9-N, la vicepresidenta declaró públicamente que "esto no quedará así, lo pagarán ellos y sus familias" . Después anunció lo del "Diplocat en liquidació". Y por una vez y sin que sirva de precedente, el Tribunal de Cuentas se puso a trabajar duro.

Hace casi veinte años que el Tribunal de Cuentas está gobernado por personas cooptadas por el PP. La renovación siempre se hace cuando gobierna el PP y se bloquea cuando gobierna el PSOE. Ahora la presidenta es María José de la Fuente, sobrina del que fue ministro franquista Licinio de la Fuente. Casualmente, dos hijas de aquel ministro y primas de la presidenta también trabajan en el mismo organismo. Junto a la presidenta, forman la comisión de Gobierno Javier Medina Guijarro y José Manuel Suárez Robledano, ambos colocados por el PP. Medina trabaja, como aquel que dice, en familia, porque también trabajan en el Tribunal su mujer, su hermano, su hermana y una pariente de su mujer. A Suárez Robledano incluso el Tribunal Supremo le ha tenido que tumbar nombramientos a dedo de correligionarios suyos porque eran demasiado escandalosos. La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas es el órgano que decide en la práctica qué se hace y qué no se hace.

La ofensiva del Tribunal de Cuentas coincide con la estrategia política diseñada por la ex vicepresidenta del Gobierno español para arruinar a personas y familias de catalanes honorables solo por el hecho de serlo

Desde 2001 a esta parte, en España se han celebrado siete elecciones generales, se han alternado gobiernos del PP, Aznar y Rajoy, con gobiernos socialistas, Zapatero y Sánchez, de acuerdo con las sucesivas mayorías en el Congreso y el Senado, pero las estrategias mafiosas del PP han continuado desarrollándose a voluntad y el Tribunal de Cuentas sigue persiguiendo a adversarios políticos, sean catalanes o de Podemos, mientras no ha sido capaz de detectar ni uno solo de tantos casos de corrupción en el que está implicado el partido Popular. Ni cuando Ubaldo Nieto presidía el Tribunal y su nombre apareció como donante en los papeles de Bárcenas.

Antes de que acabe el mes, el controvertido tribunal comunicará cuántos millones de euros deberán resarcir a la hacienda pública varios políticos y funcionarios catalanes solo por el hecho de haber formado parte de los gobiernos de la Generalitat que impulsaron diversas políticas, entre ellas el proceso participativo del 9-N y el referéndum del 1 de octubre. Dejando de lado las interpretaciones maliciosas relacionando arbitrariamente hechos y dinero, nadie sabe cómo se puede calcular lo que correspondería a cada persona, pero las últimas filtraciones hablan de 10 millones de euros que si no se pagan ni se avalan, se embargan.

Lo más grave es que no se observan contrapoderes en el funcionamiento del Estado que impidan tanta barbaridad y tanta crueldad como se quiere cometer a partir del 29 de junio con gente tan honorable como el profesor Andreu Mas-Colell, por citar solo un entre tantos catalanes a quien se quiere destruir en vida. No hay contrapoderes y, lo que es peor, sí hay complicidades de naturaleza inconfesable

De los doce miembros del Tribunal solo uno, María Dolores Genaro, se ha dignado a emitir un voto particular que pone en evidencia el cúmulo de irregularidades cometidos, la intención político-ideológica y la base antidemocrática del informe aprobado. Aun así, el informe del TCU recibió los votos favorables de los 7 consejeros del PP pero, sorprendentemente, a pesar de las evidencias denunciadas por Dolores Genaro, también votaron a favor Enriqueta Chicano (PSOE), María Antonia Lozano (acuerdo PSOE-IU ) y Felipe García Ortiz (PSOE). ¡Y lo hicieron a ciegas!

En su voto particular, la consejera Genaro afirma que el informe en cuestión se sometió a votación sin que los miembros del Pleno conocieran la versión definitiva y sin cumplir los plazos legales previstos. Genaro habla de "incomprensible urgencia". Las interpretaciones son libres, pero teniendo en cuenta el trasfondo político de todo el procedimiento, es fácil sospechar que, continuando con la operación Soraya, la intención era añadir obstáculos para impedir el indulto a los presos políticos catalanes o, cuando menos, añadir leña al fuego del conflicto catalán para desestabilizar el Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente español estará en Barcelona el lunes, parece que para explicar los indultos, y quizás se dará cuenta que aun siendo bienvenidos, no serán en absoluto suficientes para resolver el conflicto catalán, porque desde un principio el problema político no está en Catalunya, sino en la metástasis institucional madrileña a la que ha contribuido en buena parte el PSOE y de la que ahora también es víctima.

El resumen es obvio. La ofensiva del Tribunal de Cuentas coincide con la estrategia política diseñada por la ex vicepresidenta del Gobierno español para arruinar a personas y familias de catalanes honorables solo por el hecho de serlo, y ante ello ningún demócrata puede permanecer indiferente.