Un euro con sesenta y cuatro céntimos... El precio de un café con leche. De un cruasán de chocolate. De un té. Este mes, las viudas de este país recibirán una carta de la ministra de Empleo en que se les certifica que su pensión subirá 1,64 €.

En el resto de pensionistas, la cantidad para el 2018 se les incrementará, por término medio, 2,4 €. Este hecho se producirá porque el gobierno español ha aprobado que las pensiones se incrementen un 0,25%. Y eso pasará aunque todas las previsiones prevén que los precios suban un 1,5%.

Es evidente que el futuro es una incógnita y que todo son previsiones, que muchas veces fallan. Pero de lo que ya podemos ajustar cuentas cronológicamente es del daño que ha producido a la economía la obstinación enfermiza del gobierno del Estado para poner fin al sistema público de pensiones, por dos vías: para que se agoten los fondos y para que se acabe la paciencia de los pensionistas, cada vez más empobrecidos.

El año 2010 fue el último que las pensiones crecieron de acuerdo con el incremento de precios. A partir de entonces, el Estado se ha basado en diferentes fórmulas: desde la congelación el año 2011 —el año 1 de la austeridad—, con un incremento lineal del 1% para el 2012, pasando por una revalorización de entre el 1 y el 2% para el año 2013, acabando, a partir del 2014, con el cambio de la ley y sucesivamente con incrementos del 0,25%.

Me gustaría que los defensores de la sagrada Constitución española pusieran el cumplimiento de algunos de los artículos a sus prioridades y lo defendieran tan fuertemente como lo hacen con algunos otros

Durante todos estos años los pensionistas han ido perdiendo poder adquisitivo (menos en el 2013, cuando el IPC bajó un 0,2% y las pensiones subieron entre el 1, las más altas, y el 2%, las más bajas). Si miramos el incremento acumulado del coste de la vida vemos que desde el 2010 las pensiones se han visto incrementadas entre un 3 y un 4%, mientras que el IPC ha subido un 7,7%. Así pues, y por término medio, cada pensionista ha perdido 2.387 euros. O dicho de otra forma, si las pensiones se hubieran actualizado de acuerdo con la evolución de los precios, serían, por término medio, 432€ anuales superiores.

Lo que son fríamente cifras, se convierte en realidad para muchos hogares de este país. Y, personalmente, me gustaría que los defensores de la sagrada Constitución española pusieran el cumplimiento de algunos de los artículos a sus prioridades y lo defendieran tan fuertemente como lo hacen con algunos otros.

El artículo 50 de la Carta Magna define que los poderes públicos tienen que garantizar pensiones periódicamente actualizadas y suficientes para el sostén de la tercera edad. Y lo que queda demostrado es que ni se actualizan periódicamente —cuando menos desde el 2011— ni son suficientes —por término medio, 955 € al mes. ¿Dónde está aquí el Tribunal Constitucional? ¿Dónde están los partidos políticos cuando lo tienen que poner en el centro de la agenda política?

El sistema público de pensiones tiene problemas, es cierto. Pero cuanto más pasen los años, si no se pone remedio, esta realidad irá a peor. Si caen los ingresos —por culpa del trabajo precario y del pago a costa de las cuentas de la Seguridad Social de gastos que no tocan— y se permite que el sistema financiero siga haciendo propaganda de planes privados de pensiones hacia una mayoría de población que no se lo puede permitir, estaremos perdidos

En el Estado tenemos un gobierno hipócrita. Un gobierno que rescata radiales y que, a pesar de lo que dice la justicia, nos hará pagar el Castor

Vamos contra reloj, pero todavía podemos salvar el sistema público. No vale en pensar que el tiempo lo cura todo, y mucho menos esconder la cabeza bajo el ala posponiendo decisiones que son urgentes. Y estos retos se tienen que situar en el contexto del diálogo social. Y sobre todo afrontar las decisiones de cara. Y es urgente derogar la ley que sitúa el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y que condena prácticamente a perpetuidad el incremento de un 0,25%. Esta nueva legislación también añade que si diferentes datos económicos fueran bien todos al mismo tiempo, se podría dar un incremento equivalente al IPC más un 0,50%. Lo que pide esta segunda fórmula es prácticamente imposible que se cumpla, que se lleve a cabo. Es decir, si no ponemos remedio, tenemos un incremento de tan solo un 0,25% para años y años.

Rescatar las autopistas fallidas ha costado 2.000 millones de euros al erario público. Revalorizar las pensiones solo para el 2017 de acuerdo con el IPC habría costado 1.500 millones. ¡Dinero de todo el mundo! La indecencia es tan grande y tan enorme que lo peor de todo es que el gobierno del Estado ni siquiera nos hace ruborizar cuando nos dice que la economía va bien. Supongo que eso es cierto para la macroeconomía, pero lo que dice la estadística se tiene que trasladar a las personas. Y si parece que hay consenso en el hecho de que los salarios se tienen que incrementar —ya veremos la realidad—, no se puede dejar a los pensionistas desterrados de la recuperación económica.

En el Estado tenemos un gobierno hipócrita. Un gobierno que rescata radiales y que, a pesar de lo que dice la justicia, nos hará pagar el Castor.

Y con la misma hipocresía que gastan ellos, yo les pido, a las viudas de este país, que con el euro con sesenta y cuatro céntimos de más que cobrarán mensualmente se tomen un café con leche a la salud de Fátima Báñez.