La semana pasada la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria presentó el estudio Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?, en el cual se pone negro sobre blanco uno de los temas más complejos y opacos de nuestra estructura tributaria: los beneficios fiscales.
Los presupuestos generales del Estado sitúan en 31.867 millones de euros anuales lo que se deja de recaudar con estas reducciones de las cargas tributarias. En Catalunya la cifra representa el 5% del PIB, unos 10.280 millones de euros. Y la pregunta que nos hacemos todos juntos es sobre si está plenamente justificada esta pérdida de recaudación para las arcas públicas. Realmente, dejar de ingresar este dinero, ¿favorece a todo el mundo por igual? ¿Podríamos hacer políticas sociales con la recaudación? Y finalmente, si la fiscalidad tiene que tener un claro papel redistributivo en cualquier sociedad avanzada, ¿los beneficios fiscales están plenamente de acuerdo con este principio?
Pues bien, el informe es cuando menos demoledor. De los cerca de 8.000 millones de euros estudiados de beneficios fiscales, 7 de cada 10 no tendrían ninguna justificación. Es decir, que el legislador utiliza los mecanismos tributarios de una forma opaca y poco transparente, en el fondo, lo que se está produciendo es una disminución arbitraria de los ingresos de los presupuestos públicos.
Vamos por partes. Uno de los impuestos más generalistas es el IRPF. Desgraciadamente, de los beneficios fiscales recogidos en esta figura impositiva no todo el mundo se puede beneficiar. Aquellas personas no obligadas a presentar declaración de la renta quedan excluidas. Es decir, quedan fuera de poder disfrutar de las ventajas las rentas más bajas, que representan más de 6 millones de personas de las cuales el 60% son mujeres. Pero uno de los beneficios fiscales más extendidos es la reducción de la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social (planes de pensiones, mutuas...). De esta reducción, se benefician el 56% de los que declaran rentas de entre 150.000 y 600.000 euros anuales. En cambio, de los que perciben entre 12.000 y 21.000 euros al año, sólo el 11% puede beneficiarse. Normal. ¿Con salarios como los que tenemos, quién se puede permitir tener un sistema de previsión social? Sólo los que cobran más. Y en pleno debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, la pérdida de cerca de 800 millones de ingresos en este concepto es, cuando menos desde un punto de vista ideológico, compleja. Puede parecer extraño, pero las deducciones para familias numerosas o personas con discapacidad también se concentran en las rentas más altas. Así pues, el estudio concluye que los beneficios fiscales que giran en torno al IRPF son claramente regresivos, y benefician las clases más altas mucho más que cualquier otras.
En el caso del impuesto de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, se ha acabado teniendo más beneficios fiscales que previsión de recaudación
Del apartado de deducciones del impuesto de sociedades, se pone en alerta que de los 2.127 millones de euros que se han dejado de ingresar, el 63% no tiene ningún objetivo concreto y se pone en evidencia que la mayoría son usados por SOCIMIS y SIVAVS, estructuras que fomentan la especulación. En el caso del impuesto de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, se ha acabado teniendo más beneficios fiscales que previsión de recaudación.
La fiscalidad es un tema complejo. Muchas veces nos da pereza. No lo entendemos y se nos hace difícil. Y de eso se aprovechan. Los lobbies, las patronales, grupos de interés... tienen personas que se dedican a ejercer presión sobre el legislador para que su aportación tributaria se vea reducida. Y por lo que vemos en el informe de la Plataforma, salen adelante. No hacen fraude. No hacen nada ilegal. Sencillamente, aprovechan esta complejidad para establecer mecanismos a favor suyo, con la complicidad de determinados partidos políticos. Después, ellos mismos, que son los máximos beneficiados de estas políticas, sitúan que no hay dinero y que hay que hacer políticas de austeridad.
La fiscalidad es uno de los elementos que puede contribuir más a la cohesión social de cualquier país. Con él, se pueden hacer políticas públicas que ayuden a los más desfavorecidos. Pero, también, la sociedad tiene que tener la percepción que es un elemento transparente y que todo el mundo contribuye dependiendo de sus posibilidades. El informe presentado por la Plataforma sitúa que muchos de los beneficios son arbitrarios y sólo benefician las clases más altas. Y eso es un desastre. Las percepciones crean estados de ánimo. Y si la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas piensa que el sistema fiscal es injusto, como realmente lo es, tenemos un problema. Ha perdido su finalidad. Los beneficios fiscales no son efectivos, cuando menos son regresivos. Denunciémoslo y actuemos. Lo que nos hace falta es una fiscalidad justa, transparente y progresiva. Devolvámosle su papel: el de redistribuidora de la riqueza.