Este pasado 2 de marzo se conmemoraban diez años de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero nacía una nueva legislación que quería pasar de la igualdad formal a la real. Y como ocurre con muchas leyes y acuerdos en el Estado español, el paso de los años ha demostrado que eran medidas más declarativas que ejecutivas. Más enfocadas de cara a la galería que basadas en el convencimiento de que las cosas podían cambiar.

Uno de los elementos nucleares de la desigualdad entre hombres y mujeres lo encontramos en el mundo laboral. La ley preveía algunos elementos claramente positivos entonces, como la ampliación de los permisos de paternidad y la supresión y la flexibilización de los requisitos de cotización y de los periodos de carencia para tener derecho al cobro de las prestaciones por maternidad.

A pesar de esta realidad beneficiosa, el elemento central —y para mí, primordial— era la voluntad de luchar por la igualdad desde la empresa. La ley establecía que todas las empresas de más de 250 trabajadores tenían que negociar con la representación legal de los trabajadores un plan de igualdad que considerara elementos como las retribuciones, el acceso al empleo, la clasificación profesional, la ordenación del tiempo de trabajo y las actuaciones ante el acoso sexual. Y toda la Administración pública, independientemente de sus dimensiones, también debía proveerse de planes de igualdad. Esta iniciativa tenía de positivo, entre otras cosas, que obligaba a que la igualdad fuera un elemento nuclear en la empresa. Pues bien, diez años después, sólo el 4,2% de las empresas de Catalunya obligadas a tener un plan de igualdad lo tienen: 75 empresas de 1796. Lamentable. Por otra parte, la ley remitía las empresas más pequeñas al convenio sectorial de referencia. Conviene recordar que somos un país de microempresas y PIMEs. Aquí tampoco se ha avanzado. Además, la ley tenía grandes lagunas, como el régimen sancionador —si no hay punibilidad, es difícil hacer cumplir la ley.

Hemos perdido diez años. Hemos dado pequeños pasos, es cierto, en la igualdad efectiva en el mundo laboral. Pero veníamos de tan lejos que necesitábamos caminar más deprisa. Y hoy, la precariedad se extiende a todo el mercado de trabajo, pero fundamentalmente tiene rostro de mujer. Tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial son de mujeres y las excedencias y los permisos tienen rostro femenino. Además, la disminución de los altos índices de paro femenino va mucho más lenta que la de los índices de paro masculino.

Estamos en el año 2017 y seguimos preguntándonos el porqué de una sociedad tan poco igualitaria. En el plano social, seguramente hemos ganado la batalla: nadie juega a ser políticamente incorrecto. Si salís a la calle y preguntáis, todo el mundo dice que hay que reequilibrar los dos sexos. Los representantes políticos, también. ¿Qué pasa, pues? Muchas cosas, probablemente. Pero para mí, una fundamental es que a muchos empresarios del país (con honrosas excepciones) ya les va bien tener mano de obra barata. Y que las leyes, por sí solas, no garantizan cambios sociales.

La ley era una señal. Una señal de que los poderes públicos apostaban a través de la legislación por la igualdad real. Pero hoy, diez años después, su evaluación también es un síntoma: el camino recorrido ha sido mediocre y nos queda mucho por hacer. Pongamos ganas, empuje y, sobre todo, creamos en ella.