Se entiende por lawfare la estrategia que consiste en utilizar el sistema legal para hacer daño a una persona o entidad a través de demandas frívolas, investigaciones abusivas, manipulaciones de leyes y procesos legales a menudo prospectivos con fines políticos o de persecución. El acoso solo contra un individuo o una institución determinados y no contra todos aquellos que hayan tenido las mismas actuaciones es otro rasgo característico del lawfare. Se trata de hacer daño al perseguido y no de impartir justicia. El lawfare suele ir acompañado de narrativas mediáticas de desinformación y difamación para desprestigiar a los adversarios, y de silenciar todo aquello que es favorable a quien quieren atacar.
Las cloacas del estado vecino, que persiguieron a políticos y empresarios catalanes fabricando pruebas falsas y construyendo casos judiciales espurios con el fin de desprestigiar a personas relevantes de la sociedad catalana, son un ejemplo del poder y de la capacidad de hacer daño que tienen los que ejercen el lawfare.
Esta anomalía democrática no está al alcance de individuos o pequeñas organizaciones; su naturaleza y la extensión de sus tentáculos —policiales, judiciales, mediáticos y políticos— necesitan la connivencia de una estructura mucho más amplia para que sea efectiva. Los últimos documentos revelados en el estado vecino muestran que, en el caso catalán y andorrano de la policía patriótica, eran responsables o eran conocedoras de ello las más altas instancias políticas, empezando por el propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Los casos contra el entorno BPA en Andorra siguen su curso, obstinados en negar las evidencias que demuestran que fue víctima de un complot perpetrado por las cloacas españolas, de las cuales Andorra no era ajena
El inicio del asunto BPA estuvo acompañado de una tormenta mediática de una intensidad y extensión que superaba el interés que podía tener la noticia. Determinada prensa española —y andorrana— difundía profusamente informaciones, a menudo falsas, alimentadas en muchos casos por facciones de las policías y fiscalías que actuaban sin filtros dentro del engranaje de amenazas, extorsiones y engaños diseñado para bombardear el caso catalán.
En paralelo, se empezaron a instruir casos contra el entorno BPA en España y en Andorra. Los primeros han sido todos absueltos, sobreseídos o archivados. Los andorranos siguen su curso, obstinados en negar las evidencias que demuestran que BPA fue víctima de un complot perpetrado por las cloacas españolas, de las cuales Andorra no era ajena, para engañar a los americanos.
El estado andorrano se está gastando decenas de millones de euros en una inacabable auditoría que hace más de 9 años que dura con el fin de encontrar elementos de sospecha para abrir casos nuevos. Esta práctica, denominada investigación prospectiva o fishing expedition en su término en inglés, está explícitamente prohibida por la ley en todos los países democráticos, y en Andorra también. En la actualidad todavía se están abriendo causas nuevas, más inverosímiles las unas que las otras, a efectos de justificar el espolio del banco.
En el ámbito internacional, la Fiscalía andorrana ha hecho peregrinaciones por media América Latina con el fin de intentar inculpar a BPA y su entorno, protegiendo, eso sí, a otros bancos andorranos que operaban exactamente de la misma manera, dejando patente que la justicia no es igual para todos.
Esta es la estrategia del Estado: obviar las amenazas, la extorsión, el engaño a los americanos y el menosprecio de Andorra a las exigencias de aquellos, negar las investigaciones prospectivas —a menudo ad hominem— e intentar criminalizar el entorno del banco.
Ante las incontables demostraciones de que BPA fue víctima de las cloacas del estado español —y creo que del andorrano—, la estrategia del sistema, en puertas de que empiece la comisión de investigación en el Congreso de Diputados español, será —seguro— hacer una campaña masiva anunciando a bombo y platillos los casos judicializados en Andorra intentándolo criminalizar. Una maniobra defensiva que no mencionará, claro está, que detrás de todos ellos está la larga mano del lawfare andorrano.