Muchos han querido dar por cerrado el conflicto entre España y Catalunya. Sin embargo, este cierre es más un deseo que una realidad. La represión judicial contra el independentismo, lejos de desaparecer, sigue operando en múltiples niveles y con consecuencias devastadoras para las personas afectadas. El lawfare, o guerra jurídica, sigue activa, y el daño que ha causado no se borra con discursos políticos de reconciliación. Las familias destrozadas, las carreras truncadas y las vidas afectadas continúan siendo una realidad cotidiana para quienes fueron blanco de esta estrategia de persecución política.

El uso del aparato policial y fiscal como herramienta de represión política no es una novedad en España, pero adquirió una dimensión inédita con el procés. Desde el referéndum del 1 de octubre de 2017, la justicia española ha sido utilizada para reprimir el independentismo, criminalizando actos de protesta y castigando a líderes políticos y activistas con penas desproporcionadas.

El juicio del procés en 2019 marcó un hito en esta estrategia de lawfare, con condenas de hasta 13 años de prisión para líderes como Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart o Jordi Sánchez. La sentencia fue denunciada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, pero eso no impidió que el Estado español continuara con su ofensiva judicial, una situación que está pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A partir de 2019, el foco se amplió. Se persiguió no solo a políticos y activistas, sino también a abogados, periodistas y funcionarios que intentaban garantizar el derecho a la defensa o la libre información. Las inhabilitaciones políticas se convirtieron en una herramienta recurrente, como se vio en los casos del president Quim Torra y la presidenta Laura Borràs, ambos apartados de sus cargos mediante decisiones judiciales abusivas sobre las que más pronto que tarde se terminará pronunciando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con devastadoras consecuencias para la credibilidad internacional del sistema judicial español y quienes han participado en estas dinámicas represivas.

Desde 2021, España intensificó la persecución con la apertura de nuevas causas basadas en supuestos delitos de desobediencia y malversación. Se realizaron investigaciones masivas contra alcaldes independentistas, ciudadanos que participaron en las movilizaciones del 1-O y activistas vinculados a los CDR. La operación Judas, iniciada en 2019 y aún sin resolverse, sirvió como herramienta de criminalización contra militantes independentistas mediante acusaciones de terrorismo basadas en pruebas endebles y filtraciones mediáticas.

La narrativa oficial de que el conflicto entre España y Catalunya ha terminado es una falsedad conveniente. Mientras los tribunales sigan actuando como herramientas de represión política, el lawfare continuará destrozando vidas

En este contexto, la causa contra Tsunami Democràtic se ha convertido en un claro ejemplo de lawfare, con la imputación de decenas de activistas y dirigentes independentistas bajo acusaciones desproporcionadas de terrorismo. La falta de pruebas concretas y el uso de informes de inteligencia sesgados han generado preocupación sobre el respeto a las garantías procesales en este caso. Además, la operación Volhov ha servido como otro instrumento para perseguir al entorno del president Carles Puigdemont, intentando vincular a empresarios y políticos independentistas con supuestos delitos económicos sin base probatoria sólida.

Estas causas han sido impulsadas con la participación activa de ciertos miembros de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional —bajo directas órdenes del ministro Marlaska—, quienes han jugado un papel clave en la recolección de supuestas pruebas y en la elaboración de informes destinados a justificar la represión. Sus actuaciones han estado marcadas por filtraciones a la prensa, construcción de relatos incriminatorios sin sustento y la manipulación de pruebas para sostener las acusaciones contra el independentismo catalán.

A pesar de los discursos del actual Gobierno sobre la necesidad de cerrar heridas, en la práctica ha mantenido la estructura que sostiene el lawfare. La Fiscalía sigue recurriendo decisiones favorables a los independentistas, la Policía Nacional mantiene sus operativos de vigilancia sobre el entorno soberanista y los tribunales continúan reinterpretando el derecho penal para justificar la persecución.

La narrativa oficial de que el conflicto entre España y Catalunya ha terminado es una falsedad conveniente. La realidad es que mientras los tribunales, a instancias de algunos fiscales y con la connivencia de determinados policías sigan actuando como herramientas de represión política, el lawfare continuará destrozando vidas. No se puede hablar de normalidad democrática cuando hay personas que han perdido o perderán su libertad, su patrimonio y su dignidad por defender ideas políticas legítimas.

La normalización política de Catalunya solo será posible cuando se reconozca el daño causado, se haga justicia y se garantice que el sistema judicial y estructuras paraestatales no vuelva a ser utilizados como un arma contra el adversario político

Las consecuencias personales de esta estrategia de represión son devastadoras. Quienes han sido objeto de persecución judicial han tenido que afrontar largos procesos, con el desgaste emocional y económico que esto implica. Muchos han perdido su trabajo, su tranquilidad y su futuro. En algunos casos, el lawfare ha forzado el exilio, rompiendo familias y dejando a personas en una situación de incertidumbre permanente.

No voy a entrar en mi caso personal, perfectamente conocido y claro ejemplo de cómo el lawfare no se limita a los líderes políticos, sino que también ataca a quienes los defienden. La estrategia de criminalización en mi contra busca no solo dañarme y destruirme, sino enviar un mensaje a cualquier abogado que ose enfrentarse al Estado: defender al independentismo tiene un precio.

Si realmente se quiere poner fin a esta dinámica represiva, es fundamental que se asuman responsabilidades y se tomen medidas efectivas para desmontar el entramado policial, fiscal y mediático que ha sostenido el lawfare. La solución no pasa por pactos políticos superficiales o reformas legislativas cosméticas, sino por una investigación real y profunda que exponga toda la verdad.

Es necesario que aquellos que han participado en esta estrategia asuman responsabilidades. Jueces, fiscales, policías y políticos que han utilizado su cargo para criminalizar al independentismo deben rendir cuentas. Solo así podrá garantizarse que no se repitan estas prácticas en el futuro.

La normalización política de Catalunya solo será posible cuando se reconozca el daño causado, se haga justicia y se garantice que el sistema judicial y estructuras paraestatales no vuelva a ser utilizados como un arma contra el adversario político. De lo contrario, este conflicto seguirá latente, dejando una herida abierta en la historia democrática de España.