Media Catalunya —es un decir— cree que Laura Borràs es víctima de lawfare y que ha sido condenada por independentista. La otra mitad —es un decir— considera que Laura Borràs ha sido condenada por haber cometido un hecho que cae dentro de la corrupción y que tiene reflejo en las leyes penales.

Estas mitades son muy relativas. Sin entrar en las declaraciones autodefensivas de la interesada, lo cierto es que solo su partido, apenas el 25% de la Cambra catalana, opina, en apariencia, en este sentido. El resto de los parlamentarios, como ya tienen acreditado en su suspensión cautelar con ocasión de la apertura del juicio oral, creen que su comportamiento es corrupto.

Vamos, no obstante, analizando estas aparentes mitades. No llevado a cabo un referéndum al respecto, lo que nos quedan son interpretaciones. La primera es la del mismo Parlament: su inmensa mayoría de miembros creen que dicha presidenta suspendida ha cometido actos de corrupción.

Podemos ir a la opinión pública y muy especialmente a su reflejo, la opinión publicada. En esta, ya sea por no considerarlo necesario, dado que de los hechos saldrán sus propias consecuencias, o por quienes ya lo tienen claro, los que blanden la bandera de la inocencia de Borràs y, más allá, su condición de víctima de la represión incansable del Estado español, parecen mayoría. Hoy en día, más que los medios informativos institucionalizados, digitales incluidos, las redes sociales, con Twitter a la vanguardia más atrevida, se hacen eco —cuando no la crean— de la victimización de Borràs.

He ahí, sin embargo, que Twitter, lejos de ser ecuánime, es sectario, ya que se presta a todo tipo de fakes, inventos y deformaciones. Nadie, en mínimo uso de sus facultades, pensaría en Twitter —más allá de los gatitos y las recetas de cocina—, como prototipo de una razonable aproximación a la realidad. Algunos más que otros, con un afán enfermizo, utilizan la red —por ahora, del pajarito—, como vehículo de toxicidades diseñadas para desinformar y hacer daño. Dicho de otra manera, quien dice que lo ha dicho Twitter va más alejado de la realidad que el que cantaba que se lo dijo Pérez.

Descartadas así las redes sociales de la mano de su princesa muskiana, hay que emplearse un poco más. Tampoco hay que romperse la cabeza. En efecto, vemos que en su propio partido, JuntsxCat, Borràs, a pesar de ser la presidenta, no cuenta ni de lejos con el apoyo real de la dirigencia y quizás de la militancia. Es lo que tienen, como sabemos, las adhesiones inquebrantables, que a la primera de cambio se rompen. Especialmente por los que no dependen de una mendicante paguita, los que ya tienen la vida resuelta donde se resuelve la vida de veras, es decir, en la propia vida y no en los universos donde habitan los unicornios. Borràs, si mira dentro de su casa, verá que el panorama no es demasiado diferente del que se extiende fuera. Por lo que se ve desde fuera.

La corrupción no es solo quedarse con dinero, sino también, mediante desviación de poder, obtener réditos personales. O lo que es lo mismo: poner al servicio de los designios personales —haya ganancia patrimonial o no— las estructuras para satisfacer el bien común, que es la finalidad de los servicios públicos en una democracia.

Siempre he sostenido —no me autocitaré ahora— que cuando un político, especialmente si es elegido, tiene abierto un juicio oral, tiene que dimitir. Me adelanté —no solo yo— en lustros, al Reglament del Parlament que solo lo prevé para casos vinculados con la corrupción. Otros parlamentos —la mayoría, es cierto—, ni eso. La razón de la dimisión salta a la vista: en el caso de la apertura de un juicio oral, el político se encuentra ante un conflicto de intereses —su función pública y su legítimo derecho de defensa— que hace que al fin y al cabo sean actividades indisolubles.

Se podrá decir —de hecho se dice— que es injusto tener que dimitir antes no ya de una sentencia, sino de un juicio propiamente dicho, oral y público. Sí, pero no. El político disfruta, a diferencia del ciudadano de a pie, de un llamémoslo estatus, que compensa estas cargas éticas, que son las que en política realmente importan.

En segundo término, como estudioso del tema, hace tiempo que, también con una mayoría de colegas, llegamos a la conclusión, igual que la Comisión Europea, de que la corrupción no es solo quedarse con dinero, sino también, mediante desviación de poder, obtener réditos personales. O lo que es lo mismo: poner al servicio de los designios personales —haya ganancia patrimonial o no— las estructuras para satisfacer el bien común, que es la finalidad de los servicios públicos en una democracia. Lisa y llanamente: dar sin ningún tipo de criterio más que el propio la confección de unos trabajos públicos a un amigo, por bueno que sea, privando a todos los otros profesionales de contribuir a una oferta pública, es corrupción. Un nuevo motivo para tener que dimitir y no tensar las instituciones.

Quizás, y no sin benevolencia, el interesado no ve el problema. Lo debe ver, sin embargo, el partido al cual el político pertenece. La relevancia constitucional de los partidos impone este cuidado superior en las agrupaciones políticas. Al fin y al cabo, lo que se critica a los otros partidos cuando se encuentran metidos en casos de corrupción, es válido para los propios.

El no surrender en realidad, sin ir mucho más lejos, es el hispánico y numantino sostenella y no enmendalla. Como hacerse pasar por víctima de hechos ajenos a la permanente represión a la cual son sometidos los disidentes por llevar a cabo democrática y pacíficamente los designios bien claros de una mayoría social. Dar gato por liebre tampoco es de recibo.

En resumen, de lawfare más bien nada.