Tras cada crisis, vuelta del tablero y arranca otro ciclo a una velocidad de mayor centrifugado que el anterior. La aprobación de los presupuestos marcó el punto de inflexión de Pedro Sánchez abierto tras las elecciones andaluzas. Unas cuentas para la celebración de la coalición con el apoyo de 10 partidos y que les permite terminar la legislatura holgadamente. Bien por la polémica del ‘sí es sí’, bien porque se les ha echado el calendario encima, la estrategia ahora pasa por aprobar a toda prisa la numerosa batería de leyes pendientes, una batería legislativa también difícil de tramitar en tiempo récord. Quedan leyes estrella fundamentales, pocas semanas de tramitación para evitar la zona de tensión de la cita de mayo y muchos posibles puntos de choque. Cada ley tiene su fricción que puede llevar a enfrentamientos y rupturas. 

En la Ley Trans está el choque capital. El texto original, impulsado por Igualdad, exige el aprobado judicial hasta los 14 años para la autodeterminación del menor. Desde el PSOE lo elevan a 16 años para dar seguridad jurídica. Irene Montero viene de la polémica del ‘sí es sí’, que no es otra que una bronca por las garantías jurídicas, y que ahora vuelven como argumento contra la Ley Trans. Es impensable que el PSOE pacte las enmiendas con el PP y se apruebe después como norma de la coalición. La primera lectura política sería el golpe de autoridad que supondría para Irene Montero. La lectura de más calado es un desgaste del Gobierno en su conjunto por una posible incapacidad para ampliar los derechos de las personas trans. De manera que puede atascarse o no salir.

La Ley de Vivienda, anunciada como la primera en democracia, ha estado estancada desde febrero de 2021. Desde hace días, por fin se han sentado en la mesa UP, el PSOE y el ministerio de Transportes, donde está integrada la dirección de Vivienda. También se han reactivado las negociaciones con ERC y Bildu. La sensación es de expectativas positivas. Y están en juego tres grandes enmiendas, tres posibles fricciones. El tope de los precios a todos los propietarios de zonas tensionadas y no solo a grandes propietarios —ahora mismo está acotado a estos últimos—; buscar mayores impedimentos a los desahucios de familias sin vivienda y que los pisos de la Sareb pasen a la oferta pública. Sobre esto último, Nadia Calviño no tiene intención de ceder. Sobre el resto, buscarán mecanismos y acuerdos en las próximas semanas.

El sprint es total. Y cada norma, pasa por una negociación por la ampliación de derechos.  Este martes llega al Congreso la ley integral de Trata, donde no hay pelea política pero sí el intento de los morados para que las víctimas tengan más fácil obtener la residencia. De la Ley mordaza, no hay avances. La Ley de protección animal, instada en parte desde Europa, contiene otra enmienda con una guerra abierta que complica la aprobación definitiva del texto. El PSOE excluye a los animales que tengan uso profesional o de caza. Podemos reivindica el pacto de investidura y señala que incluyeron la protección de todos los animales, no solo mascotas, y eso implica proteger a los perros de caza. Con elecciones en comunidades como Extremadura o Castilla La-Mancha, el trámite no parece fácil. Y si el PSOE enmienda las leyes de la coacción con los votos del PP, ¿con quién las aprueba? 

Numerosos frentes, en los que se va agotando el tiempo mientras la legislatura entra en la recta final. Esto sumado a que enero es un mes inhábil en el Congreso y en febrero empieza a calentarse la precampaña. Y a fuerza de patadas hacia delante y frenar tramitaciones parlamentarias, hay atascos. Se acerca la fase de descuento. Queda margen, pero no mucho. El Gobierno quiere aprobar cuanto antes las leyes para evitar polémicas de cara a las citas electorales. La narrativa debería ser otra. Reivindicar el impulso de legislar para llegar con las políticas estrella cerradas a las generales. Son unas elecciones de bloques y se la juegan en bloque. Matarse por las enmiendas de cada ley resta a las dos partes. La ley Trans es la prueba de fuego.