En el momento de escribir esta columna, ya pasan cuatro días, diecisiete horas y once minutos desde que TV3 emitió el reportaje "Infiltrats" en el 30 minuts, el pasado domingo. El programa fue un éxito de audiencia y generó muchísimas reacciones en las redes sociales, lógicamente, pero hay una serie de gente que parece que todavía no lo ha visto. O peor todavía: que ha visto cómo el Estado infiltraba policías en los movimientos sociales de los Países Catalanes y ha decidido no decir nada al respecto. Quién sabe por qué motivo Jèssica Albiach, por decir un nombre al vuelo, todavía no ha podido hacer ningún tuit criticando unas infiltraciones abismalmente desproporcionadas. Quizás tiene el móvil estropeado, ya que estoy seguro de que a los Comuns, abanderados de las luchas sociales y los derechos humanos, les parece tan vomitivo como a mí eso de espiar personas normales como si fueran terroristas. Sobre todo cuando, en el peor de los casos, el único delito que pueden cometer es colgar un cartel en una pared donde dice "Prohibido fijar carteles".

La sorpresa, en cambio, radica en el hecho de entrar en el timeline d'X de la presidenta de los Comuns en el Parlamento de Catalunya y darse cuenta de que sí que le funciona el móvil, ya que desde el domingo pasado ha tuiteado y retuiteado un montón de cosas, la mayoría de ellas relacionadas con algún triunfo político de un ministro de Sumar en el ejecutivo del Gobierno. Sin embargo, ni una sola publicación en lo referente al hecho de que miembros de la Policía Nacional mintieran y se metieran en la cama de personas, literalmente, con el fin de sustraer información y dinamitar desde dentro el trabajo de organizaciones con quién, teóricamente, los Comuns comparten luchas.

También en el momento de escribir este texto, hace ya más o menos tres días, tres horas y cuarenta y nueve minutos que han salido a la luz los documentos desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia que constatan su relación con el imán de Ripoll. Los archivos dejan claro que los servicios de espionaje tuvieron hasta cinco conversaciones con el cerebro de los atentados del 17-A, pero que eso fue tres años antes de la masacre de 2017, cuando Abdelbaky Es-Satty estaba en la prisión de Castellón y quedó descartado como posible confidente. Ahora bien, los documentos también revelan que los contactos entre el CNI y el imán continuaron cuando salió en libertad, ya que se le dio un número de contacto del CNI para colaborar. Quizás la Ley Mordaza impide hacer tuits preguntándose si es muy normal que el autor del atentado terrorista más importando del siglo XXI a Catalunya tuviera el teléfono del CNI, sin embargo, ya que Gerardo Pisarello, por decir también un nombre al azar, no ha dicho ni mú.

Mirándolo bien, hace siete años que su partido está en el gobierno y no solo no ha derogado esta ley que mordaza nuestras libertades democráticas, sino que lógicamente en este tiempo tampoco Moncloa ha hecho el mínimo intento de desclasificar los documentos del CNI y levantar la alfombra sobre lo que pasó aquel fatídico 17-A en Barcelona, una ciudad entonces gobernada por Barcelona en Comú. Queda evidente que, también en esta ocasión, las únicas luchas compartidas han sido con el Estado y el PSOE, que no ha movido ligeramente ficha hasta que no ha visto peligrar el apoyode Junts. Quizás porque en política, incluso en los partidos que se vanaglorian de estar más a la izquierda que nadie, la única lucha que prevalece es la que se comparte con el poder.

Ahora que lo pienso, en el momento de enviar este artículo en el diario ya hace dos días, dos horas y veintitrés minutos desde que la Bressola, en un comunicado que se tiene que leer como un grito de auxilio, ha explicado que la red de escuelas en catalán en Catalunya Nord está al precipicio de un colapso económico. Uno de los motivos de esta situación reside en el hecho de que las ayudas económicas del Departamento de los Pirineos Orientales y la Región de Occtiània son demasiado escasas, pero sobre todo que el Ayuntamiento de Perpinyà, desde que el ultraderechista Louis Aliot es alcalde, ha cortado en seco las subvenciones a la educación en catalán y ha incrementado las cargas de impuestos, seguramente por el mismo motivo que también cambió el eslogan municipal y Perpinyà ya no es La catalane, sino La rayonnante. Supongo que David Cid, por decir también alguien que ahora me ha pasado por la cabeza, tampoco debe haber tenido wi-fi estos últimos días para hacer una simple muestra de apoyo a la Bressola, tal como han hecho muchos miembros de la CUP, por ejemplo, aunque se trate de una escuela pública.

Entiendo que para el portavoz de los Comuns en el Parlamento, sin embargo, la Bressola no es nada más que un ejemplo de la privatización de la educación, por eso dar apoyo sería hacerle la rosca al neoliberalismo, que lógicamente es una cosa mucho más grave que compartir ejecutivo con ministros como Grande-Marlaska o gobernar en Barcelona gracias a los votos de Manuel Valls. Un hombre, por cierto, recientemente nombrado ministro del gobierno francés y que no tiene pinta de mover ni un dedo para tratar de ayudar, desde París, a que los chiquillos de Prada de Conflent o Argelers puedan aprender la lengua con la cual el mismo ministro nació. En realidad, solo hace falta hacer esta pizca de memoria para no sorprenderse con la inexistente reacción de estos últimos días ante estos hechos por parte del universo político de los Comuns y, en general, de toda aquella izquierda 'indignada' surgida del 15-M que siempre clama tejer luchas compartidas con la izquierda soberanista. A la hora de la verdad, sin embargo, cuando hay que defender todas aquellas luchas que creíamos compartir y que implican la defensa de la catalanidad, de la soberanía nacional o del enfrentamiento con el Estado, su única respuesta, como una lucha más partida por la mitad que compartida, es la de estos últimos días: el silencio.