La declaración aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa este lunes marca, sin duda, un punto de inflexión. Un antes y un después que refleja la visión que una parte de la comunidad internacional tiene de las carencias en clave de derechos humanos en el trato que las instituciones del estado español están demostrando desde hace unos años en relación con la situación política en Catalunya.

Esta declaración, sin embargo, no es fruto ni de la improvisación ni de la casualidad, y tiene un largo recorrido. Muchos dirán que es un "montaje" para "justificar" los indultos del gobierno de Sánchez. Pero el fondo y los hechos demuestran lo contrario.

La declaración recién aprobada tiene su origen en enero del 2019, es decir, hace casi dos años y medio. Un conjunto de veinticuatro miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmaron lo que se conoce como "moción para una resolución", bajo el título Should politicians be prosecuted for statements made in the excercise of their mandates?, el mismo con el que se ha aprobado la resolución final. Dentro de este grupo había miembros de cuatro de los grupos de la Asamblea como los Liberales, Conservadores, Socialistas y Verdes; y el primer signatario fue Boriss Cilevics, el letón miembro del grupo socialista que ha actuado de relator de todo el proceso que ha llevado hasta la resolución e informe recién aprobados. Hay que indicar que Cilevics es uno de los miembros más veteranos y con más prestigio en el seno de la Asamblea Parlamentaria, ducho en muchos debates y resoluciones de este organismo. También hay que subrayar, dada su nacionalidad, que se trata de alguien que proviene de la "minoría rusa" de su país, algo a tener en cuenta de cara a aquellos que quieran hacer lecturas simplistas o interesadas de todo este asunto.

A partir de aquella primera moción, el procedimiento ha sido largo y trabajado, incluyendo la famosa visita que llevó al relator Cilevics a Madrid, Barcelona y Lledoners, con contacto por videoconferencia con Mas d'Enric y Puig de les Basses. De aquella visita es conocido el choque que se produjo entre los fiscales del juicio del Supremo y Cilevics, sobre todo con Javier Zaragoza; así como la profunda impresión que tuvo de la visita a Lledoners y del contacto con videoconferencia con Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Hacía tiempo que no se habían visto tantas "presiones" ni tanto "juego sucio" con operaciones "rocambolescas" para intentar acabar con este informe, o desdibujarlo completamente a base de enmiendas de todo tipo

Pero la visita de febrero del 2020 no fue el único elemento de este procedimiento. Hay que recordar también los hearings, es decir, el debate que sobre la cuestión se organizó unos meses antes, en noviembre del 2019, en la sede del Bundestag en Berlín. Participaron varios exjueces del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la mayoría fueron críticos tanto con la situación de los presos políticos como con la sentencia del Tribunal Supremo español que había sido anunciada un mes antes. También fueron críticos con la situación en Turquía, el incómodo compañero de viaje de España en este informe.

Uno de los ponentes que participó en el debate fue el español Luis López Guerra, también exjuez del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Los que estuvieron presentes en Berlín explican que en el debate —que era a puerta cerrada— López Guerra fue de los más críticos, pero que cuando a la salida se vio sorprendido por las preguntas del corresponsal de TV3, de repente optó por hacer unas declaraciones mucho más desleídas.

Además, Cilevics pidió un importante informe a la Comisión de Venecia (mecanismo del Consejo de Europa, de carácter consultivo, pero muy influyente, formado por expertos en derecho constitucional) que concluye —entre otras cosas— que en los casos de demandas por cambios constitucionales radicales prima el principio de libertad de expresión, sobre todo en casos de electos; y que por muy radicales que sean los cambios constitucionales que se propongan, eso no puede justificar restricciones de la libertad de expresión y todavía menos sanciones penales. Igualmente estudió y analizó toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sobre los aspectos más relacionados con este informe y resolución, hecho que queda evidenciado en un texto lleno de referencias y precedentes.

Con todo este trabajo hecho se llegó a la votación en comité de la propuesta de resolución de hace unas semanas. Como todos los informes y propuestas de resolución que tiene que votar el plenario de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (formada por 324 miembros electos que representan los 47 países que forman el Consejo de Europa), primero se tiene que debatir y aprobar en la comisión en la que han sido trabajados, en este caso la de Asuntos Legales y Derechos Humanos. Eso fue el pasado jueves 3 de junio y entonces sí que hacía semanas que en ciertos entornos de Madrid había saltado la alarma.

Fuentes bien informadas de lo que pasó entonces en el Consejo de Europa explicaban que hacía tiempo que no se habían visto tantas "presiones" ni tanto "juego sucio" con operaciones "rocambolescas" para intentar acabar con este informe, o desdibujarlo completamente a base de enmiendas de todo tipo. Pero el informe salió adelante, por una mayoría demoledora, y de la comisión pasó al plenario.

La resolución también pide la reforma de los delitos de rebelión y sedición, plantea la retirada las demandas de extradición contra los exiliados, así como el archivo de los otros procedimientos judiciales abiertos por los mismos motivos

A partir de aquí todo se aceleró, primero el Ministerio de Asuntos Exteriores español jugó a las fake news intentando dar la vuelta al informe y presentándolo como un "aval" del sistema constitucional y judicial español; ignorando el hecho de que este informe toca hueso y pone delante del espejo a la cúpula del sistema judicial español. Pero la realidad se acaba imponiendo y el viernes pasado —y ante la inminencia de la votación del lunes— tres de las asociaciones judiciales españolas publicaron un comunicado exigiendo al Gobierno que actuara con el fin de frenar un informe que consideraban que afectaría gravemente al prestigio de la justicia española, confirmando la "gravedad" de la situación que el Ministerio de Exteriores había intentado tapar con su comunicado.

Y de aquí al debate del lunes 21 de junio. Un debate curioso, con unas largas votaciones enmienda tras enmienda, bastante diferente en las formas a aquel debate "de urgencia" que se celebró en la misma cámara el 12 de octubre de 2017, convocado pocos días después del 1 de octubre y a raíz del impacto de las imágenes de la policía irrumpiendo violentamente en los centros de votación de toda Catalunya. Por cierto, que el debate del 2017, bajo el título "La necesidad de una solución política para la crisis de Catalunya" también se llevó a cabo a pesar de las presiones del ministro de Exteriores españoles de entonces, Alfonso Dastis. Y es que hay que recordar que, a diferencia de otros foros parlamentarios europeos, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha sido uno de los pocos espacios donde aquellos hechos fueron debatidos, y donde la violencia policial del 1 de octubre fue duramente criticada y se hicieron apelaciones sustanciales al diálogo y a la mediación internacional.

Como es también en esta Asamblea Parlamentaria donde en los últimos años se han presentado varias declaraciones pidiendo proteger los derechos democráticos de los parlamentarios catalanes o el respeto al derecho de representación política en Catalunya. Y fue también en esta misma sala donde en noviembre del 2019 el presidente del parlamento de Islandia Steingrímur Sigfússon recordó a Carme Forcadell y pidió la atención del Consejo de Europa a la situación de Catalunya; sin entrar ahora en detalle en las diversas preguntas y declaraciones hechas por múltiples miembros de esta cámara preocupados por la evolución de la situación en nuestro país.

Y es teniendo en cuenta todos estos antecedentes que se tiene que entender la relevancia histórica de la resolución que se acaba de aprobar. Una resolución que no solamente critica duramente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre, sino que también pide la reforma de los delitos de rebelión y sedición, plantea la retirada las demandas de extradición contra los exiliados, así como el archivo de los otros procedimientos judiciales abiertos por los mismos motivos, e indirectamente se refiere también a los procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas.

Evidentemente también habla de los indultos y del diálogo, pero, con la suma de todo lo mencionado, la resolución es una enmienda que va mucho más allá del Tribunal Supremo, toca hueso y pone en entredicho un sistema jurídico que desde la cúpula hasta la base se ha desviado de los estándares europeos de respeto de los derechos humanos en lo referente a la persecución del "procés catalán". Y eso no lo digo yo, lo ha votado y aprobado por una amplia mayoría el Consejo de Europa, o mejor dicho, su organismo parlamentario que representa a los más 800 millones de ciudadanos que forman parte.