Una de las grandes discusiones después del 27 de octubre del 2017 giró en torno a por qué el president Puigdemont había decidido declarar la independencia ―aunque fuera simbólica― en vez de convocar elecciones y evitar, así, la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Algunos maldijeron los huesos de Carles Puigdemont durante meses por haber cometido aquella supuesta insensatez, por ese "salto al vacío". Más todavía porque no había nada preparado para hacer efectiva sobre el terreno la república catalana y porque el president, hasta muy poco antes, estaba decidido a convocar elecciones.
En ese tiempo argumenté y escribí que Puigdemont se vio forzado a dar el paso a causa de las tremendas presiones de todo tipo que recibió y porque, en el momento decisivo, Mariano Rajoy se había negado a dar alguna garantía aunque Puigdemont las pidió desesperadamente.
Una vez Iñigo Urkullu ―el principal mediador entre Rajoy y Puigdemont― ha declarado en el juicio al Tribunal Supremo a los líderes independentistas, una vez publicadas las memorias de Rajoy, una vez ha hablado sobre la cuestión también Puigdemont, una vez publicados unos cuantos libros sobre qué pasó, conocemos muchos más detalles de la endemoniada y terrible situación en que se encontró el entonces president de Catalunya.
El lehendakari Urkullu confirmó ahora hace casi un año ante el Supremo que, en efecto, hizo de mediador entre Rajoy y Puigdemont y que fue este último quien se lo había pedido. No fue el único que intentó buscar la salida del laberinto, como es sabido, pero sí el más importante. Puigdemont pidió unas garantías de Rajoy que, como admitió Urkullu, no se las dieron.
No declarar la independencia no habría variado sensiblemente las consecuencias. El 155 se habría aplicado y la maquinaria judicial habría avanzado igualmente en su misión de triturar el independentismo
El president de la Generalitat no tenía sufiente con la palabra de Urkullu, sobre el cual siempre mantuvo reservas, ya que sospechaba que su interés era justamente que Puigdemont cediera. Por eso pidió algún tipo de garantía real y directa antes de firmar el decreto de convocatoria de elecciones, que ya tenía preparado.
En sus memorias, aparecidas en diciembre, Mariano Rajoy deja claro que no veía ninguna razón ―ni tenía, por lo tanto, ninguna intención― para suspender el 155 aunque Puigdemont convocara elecciones. En Una España mejor, el expresidente español escribe que el 155 “no era fruto de ningún arrebato, sino consecuencia de semanas de estudio y de muy sólidos argumentos jurídicos y políticos”. Y añade: “Nos habíamos cargado de razones y estas no desaparecían por el hecho de que Puigdemont convocara elecciones".
Puigdemont, por su lado, compareció hace unos cuantos días, este mismo febrero, en la comisión del Parlament catalán que se ocupa de la aplicación a Catalunya del 155. Puigdemont señaló que si el Estado hubiera dado garantías, él habría convocado elecciones.
Como se sintetiza muy bien en uno de los libros que han abordado la situación, Tota la veritat, escrito por seis solventes periodistas políticos, "el contexto hace que Puigdemont vaya virando a medida que va recibiendo presiones y constata que no tiene garantías". Puigdemont ni siquiera reclamaba un pronunciamiento público, sino que en el último momento se habría conformado con una simple llamada entre presidentes. Llamada que nunca se produjo.
Declaró Puigdemont en la comisión parlamentaria, al hablar de por qué la moneda cayó del lado de la declaración de independencia, que, visto el callejón sin salida en que se encontraba, "la DUI era la única opción digna y democrática".
No declararla no habría, además, variado sensiblemente las consecuencias. El 155 se habría aplicado y la maquinaria judicial habría avanzado igualmente en su misión de triturar el independentismo. Perdido por perdido, Puigdemont prefiere pasar a la historia de una manera y no de otra.
La única esperanza que, en todo caso, podía haber pasaba por convocar elecciones y esperar que los socialistas exigieran activar la enmienda introducida en el Senado que permitía bloquear el 155 si eso se produciría. Pero bien podría ser que los socialistas no lo pidieran finalmente o que PP y Ciudadanos salieran adelante igualmente.
Puigdemont daba poco valor a este último resorte para parar el 155. Encontraba que esta posibilidad era demasiado incierta y, además, no se fiaba de Pedro Sánchez.