Menos tu vientre

"Menos tu vientre, todo es confuso"
Miguel Hernández

Hoy es el día. Hoy el presidente Sánchez nos va a regenerar la democracia, esa que nunca le pareció que había degenerado cuando prometía contundente traer a Puigdemont y sentarlo en el banquillo. Por mucho pelazo que tenga el MHP, no es comparable a la melena dorada de su musa en apuros judiciales. Veremos qué pretende y veremos cuánto tiene de cosmético, cuánto de mordaza y cuánto de peligro, si sus cambios caen en malas manos. Cuando veamos, hablaremos. No como otras.

De momento, por querer adelantarse, nos han formado un lío de narices. Primero, la vicepresidenta del Gobierno afirmando que había pactado con los socialistas derogar la Ley Mordaza. Ufff, podríamos suspirar aliviados, si no fuera porque no es así. En primer lugar, porque la Ley Mordaza como tal no existe y, por tanto, no se puede derogar. Lo que sí se puede es modificar los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana que Rajoy tocó en 2015 para darle mayores poderes a las policías y dificultar el ejercicio del derecho de manifestación y reunión. Una reforma claramente restrictiva de derechos democráticos, como se avisó en su día, y que desde la oposición la izquierda siempre clamó por derogar. Llegaron al poder dos años después y héteme aquí que todavía no han tocado una línea. Tomen nota porque esto es lo que sucede con los pasos atrás en materia de derechos y libertades, que son muy difíciles de revertir. Lo han intentado, pero por fas o por nefas no ha sido posible. En primer lugar, y el más importante, porque los poderosos sindicatos policiales se comerían a Marlaska y este no quiere líos y en segundo porque no terminan de ponerse de acuerdo todos los socios en todo lo que hay que reformar.

Menos tu vientre, todo es confuso.

Lo cierto es que no han pactado sino la reforma de un único artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana, el artículo 36, para que deje de constituir una infracción la toma de imágenes en manifestaciones. Sí, es de traca, pero se sancionaba por tal cosa, y por el gobierno, no por los jueces. El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha explicado que se trata de proteger a los fotoperiodistas que estaban siendo perseguidos por hacer su trabajo, porque la policía prefiere hacer el suyo a su manera y sin testigos. Esperemos que no sea una tirita para compensar los tirones que Sánchez vaya a darle a la profesión. Cuestión distinta es que tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, nos hayan demostrado que no tienen mucha idea de lo que es un delito y lo que es una infracción administrativa, ni dónde está recogida cada cosa. Un caso. Así se han venido arriba anunciando lo que es una buena noticia —la derogación de delitos de opinión, como la ofensa a los sentimientos religiosos, las injurias al rey o las injurias a las instituciones, incluidas las policías— pero situándola en la famosa Ley Mordaza cuando es una evidencia que todos estos delitos precisan de una reforma del Código Penal.

Menos tu vientre, todo es oscuro.

Para Sánchez lo de su mujer es lawfare, lo del fiscal general es lawfare, pero lo de los indepes, en su día, lo vio tan claro que hablaba de rebelión

Unos dicen que se reformará la Ley de Protección del Honor para que los medios "restauren" a aquellos que no sean procesados y llevados a juicio oral tras una instrucción "interminable" que tenga "efectos políticos de desprestigio". No parecen tener claro cómo plasmar tal cosa en una ley civil. Es complicado porque, hasta donde vemos, los medios que hayan informado de esa instrucción habrán contado la verdad de la misma en cada momento. Un medio no tiene por qué anticipar o augurar cómo acabará una instrucción. Lo presentan contra una medida que impida la participación de los medios en el lawfare, pero ¿quién determina si es lawfare tanto al inicio como a posteriori?, ¿los propios políticos? ¿Cómo sabe un medio si está informando de un caso que es lawfare? Porque para Sánchez lo de su mujer lo es, lo del fiscal general lo es, pero lo de los indepes, en su día, lo vio tan claro que hablaba de rebelión. Incluso la condición de que no llegue a juicio es extraña, porque si se hace un lawfare de verdad, en condiciones, ya saben ustedes que a los sujetos se los sienta en el banquillo e incluso se les condena. Según esta reforma, si no juzgan a Begoña, habría que restaurar su honor, pero no el de Junqueras, que fue condenado.

Menos tu vientre, todo es oculto.

Y finalmente quedará ver qué presenta Pedro Sánchez para afectar al mundo de los medios. La vice Díaz nos ha dicho, adelantándose por pillar espacio, que van a "impedir a los pseudo periodistas que vulneren los códigos deontológicos" acceder a financiación pública. De eso va lo de Sánchez. La cuestión es también muy resbaladiza. En primer lugar, porque para saber quiénes son los falsos periodistas —que eso significa "pseudo"—, habrá que determinar muy bien quiénes son los verdaderos periodistas, y eso debe hacerse de forma objetiva plasmándolo en una norma. Verán que muchos se les encalabrinan, porque ni tienen la carrera ni llevan toda la vida dedicándose al periodismo y comiendo de él, ni ejercen como informadores, sino que simplemente salen en los medios. No todos son fachas, algunos son muy del equipo Sánchez.

La cuestión de vulnerar los códigos deontológicos, ¿qué código en concreto? Porque hay varios, y ninguno es una ley. ¿Quién va a decidir que se han vulnerado? Ni siquiera es obligatorio pertenecer a una asociación o colegio, y ojo porque nos los copan los políticos como el CGPJ. Lo de la financiación pública es aún más escamoso, porque ¿financian a los medios o les compran publicidad porque quieren llegar a sus audiencias con sus campañas? ¿Quién va a fiscalizar a las administraciones que tienen fondos de disposición más libre? ¿Cómo controlamos que no se favorezca a los medios de otra forma que genere dinero como información privilegiada o colaboración de los políticos en sus actos? ¿Qué medición de audiencias se va a consagrar si ni los profesionales se ponen de acuerdo? Y, más peligroso aún, ¿qué pasa si la norma en un futuro la utiliza la ultraderecha, por ejemplo, para pretender que ElNacional.cat es un pseudomedio por ser claramente pro independentista?

Menos tu vientre, todo inseguro.

No es cierto que haya ninguna directiva que transponer para luchar contra los bulos, puesto que existe un reglamento de la UE de directa aplicación. No es cierto que un gobierno, sin llevarlo en su programa ni pactarlo con sus socios, y como consecuencia de un acto tan poco sólido como los cinco días de abril, tenga que plantearse limitar la existencia de medios de comunicación más allá de lo que determinan el Código Penal y las leyes ya existentes, mucho menos si se hace por motivos directamente relacionados con los cabreos de su líder. La mejor Ley de Prensa es la que no existe. Eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, y no sé qué me da que Junts y el PNV piensan parecido. Verán como a partir de hoy aparecen muchos  periodistas conversos a que nos pongan trabas, pensando que serán para los que piensan distinto y no para ellos.

Menos tu vientre, todo postrero, polvo sin mundo.