El lunes entraba en Barcelona escuchando en RAC1 la entrevista a los responsables de la Banca Privada d’Andorra, Higini Cierco y Joan Pau Miquel, perseguidos y vilipendiados en la no existente operación Catalunya, y no quería que el tráfico fuera más deprisa, a pesar de que llegaba tarde, para no perderme ni un detalle. De hecho, el documental sobre este caso que dieron en TV3 ya me pareció de lo más interesante, porque de entrada —o sea, en el momento en que la prensa se hizo eco de ello— ya se vio que no todo era verosímil.
De hecho, es una forma tan diplomática de decirlo que es mentira, porque en todos los casos iniciados contra el procés catalán —desde el principio y todavía más en la evolución de cada uno—, se ha ido viendo que las incongruencias eran muchas y grandes y, además, fácilmente contestables. Aunque ello no ha evitado ni cárcel, ni condenas, ni multas, ni inhabilitaciones. En un sistema democrático, la justicia está para protegerte a ti y a tus derechos, especialmente ante el estado; pero en España, y en todo lo que se ha hecho contra el independentismo catalán, ha sido precisamente lo contrario.
En una democracia, la justicia está para protegerte, pero en España, y en todo lo que se ha hecho contra el independentismo catalán, ha sido justo lo contrario
Si quieren lo dejo en 'desproporcionado', que parece poco, pero en realidad ya es una gran barbaridad en términos de derechos humanos. Es decir, las normas escritas y no escritas que describían la normalidad en los juzgados y en las que los juristas se habían reconocido hasta el momento, pasaron a estar completamente alteradas, y todavía lo están —basta con ver qué sucede con no la amnistía— por el afán de sofocar, como fuera y como sea, el movimiento.
No hacen falta los audios ni los correos de Villarejo —aunque van muy bien— para tener claro que el Estado ha sobrepasado todo lo que podía hacer, pero periodismo muy poco. Sí mucha repetición de panfleto de las consignas persignadas. Pocas y pocos hicieron bien su trabajo, poca investigación realizada, y en estos momentos pocos medios se hacen eco, como deberían, de todas las nuevas evidencias que desmontan el caso. Una vergüenza difícilmente restaurable, pero doblemente injusta para todos los que vieron su nombre arrastrado por el lodazal de la opinión pública española y, en su caso, también de la opinión pública andorrana.