La tensión del ‘caso Aldama’ dentro del Ejecutivo va por semanas y la causa está en su momento valle. El “nexo corruptor” del triángulo que formaron el empresario Víctor de Aldama con José Luis Ábalos y el asesor Koldo García salió de la cárcel por elevar la trama corrupta a la cúpula del Gobierno, implicando a ministros y altos cargos. Veinte días después de su declaración judicial que llevó a su salida exprés de prisión, no ha presentado pruebas y ha dado varias versiones de los mismos hechos. Cuando ha dado detalles de las corruptelas, vuelven una y otra vez a Ábalos. Aldama, bien en modo tertuliano por su ruta mediática o vía escrito judicial, no sale de ahí. Y mientras le parece lógico no tener pruebas de los ministros a los que acusa, conserva los documentos originales que afectan al exministro. 

El envalentonado “si Sánchez quiere pruebas, las tendrá” sigue en el aire o atascado en Ábalos. En el mitin de 2019 donde se fotografió con Sánchez, ha pasado de que lo llamara el presidente a no conocerlo ni tener constancia de que Sánchez conociera sus andanzas con Ábalos. De los 15.000 euros al secretario de organización, Santos Cerdán, tampoco tiene “pruebas de un sobre o de puñaladas en el pecho”. El supuesto piso que alquiló para uso del ministro Ángel Víctor Torres ha pasado de ser para encuentros íntimos, después profesionales, hasta la última versión donde no sabe si realmente acudió o solo fue el asesor Koldo García. 

El teléfono móvil humeante, supuestamente con todas las pruebas, no está en el juzgado, donde el juez le pide que concrete de qué está hablando. Y sobre su penetración en la Guardia Civil, nada menos que en la unidad de élite de información antiterrorista, el coronel Francisco José Vázquez alega confidencialidad para no explicar esas labores “donde no llega la Guardia Civil” y sí lo hacía Aldama, como dijo cuando le entregó la medalla a propuesta de la benemérita. Hoy mismo declara el coronel en la comisión del Congreso y, aun habiendo pagado 88.000 euros en mordidas al comandante de su unidad, según la UCO, alegará el secreto de la unidad policial.  

El empresario, en su ruta mediática, se contradice y pone en riesgo su trato de favor con la Fiscalía y el juez. En cuanto a Ábalos, si la UCO apunta bien, sería el epicentro político

En lo político, el Gobierno intenta ahora controlar el daño colateral del ‘caso Ábalos’ con el cambio de estrategia marcado por Óscar Puente. En la primera fase, cuando fue detenido el asesor Koldo García, el ministro ordenó una auditoría interna en Transportes que revolvió a Ábalos y supuso el cese de dos altos cargos, el presidente de ADIF entre ellos. El primer impacto negativo se lo llevó Puente, pero evitó que unas futuras imputaciones lo acaben salpicando. Ahora ha hecho lo mismo con ‘los papeles de Aldama’, un listado sacado de los presupuestos generales con un subrayado en rosa de contratos de la Administración del Estado supuestamente amañados. Analizados por el ministro en un hilo de X, dos son anteriores a Ábalos, otros dos no se adjudicaron y solo uno coincide con la etapa del exministro de Transportes. Puede que la Guardia Civil llegue a otras conclusiones, pero Puente hace lo correcto analizando las denuncias y entregando a la Justicia las conclusiones de las auditorías internas.

La reacción de Puente debería empujar a María Jesús Montero a hacer lo propio. Aldama acusa a su jefe de gabinete de cobrar una mordida de 25.000 euros por conseguir el retraso en el pago de una deuda a un empresario. La vicepresidenta mantiene total confianza y lo niega. Aldama de momento solo ha presentado una tarjeta de visita. Y la ministra, en una entrevista dominical, ha reconocido encuentros entre Carlos Moreno y el “nexo corruptor”. Si las hubo, para ser transparente y evitar el arrastre de la propia instrucción, debería detallar cuántas reuniones, de qué hablaron y qué pidió Aldama.

El hype de la semana será la declaración del propio Ábalos, a la que seguirá ya la semana que viene la de Aldama y Koldo García. El empresario, en su ruta mediática, se contradice y pone en riesgo su trato de favor con la Fiscalía y el juez. En cuanto a Ábalos, si la UCO apunta bien, sería el epicentro político. La elevación de la causa está ahora en comprobar si extendió los presuntos amaños a su dupla con Aldama o era su modus vivendi en el seno del ministerio con más capacidad inversora del Estado.