Nunca me habría imaginado tener la necesidad de escribir ningún artículo sobre la justicia. El tema me interesaba relativamente, pero, por circunstancias, en los últimos años me he visto empujado a hablar de ello en diferentes medios (incluido ElNacional.cat) y sobre temas diferentes: de jueces con nombres y apellidos, de la independencia de la justicia española, de los diferentes estamentos de la cúpula judicial, incluso del sueldo de los jueces. A más de uno le puede resultar chocante, dado que soy economista sin estudios de Derecho, sin embargo, me siento comprometido con el progreso social y político, con el respeto a las personas y las naciones y con la democracia, aunque últimamente más bien parece que vamos retrocediendo.
Retrocedemos, en particular, por culpa de la acción judicial, la que representa que tiene que ser imparcial y objetiva. Es un síntoma del problema el hecho de que de dos años hasta esta parte nos encontremos jueces, fiscales, abogados del Estado y tutti quanti hasta en la sopa. Y no se trata de jueces ordinarios, no, pertenecen a las máximas instancias, el Supremo, la Audiencia Nacional, la JEC, incluso el llamado Tribunal de Cuentas, o sea, que hablamos de los que tienen la última palabra de las cosas en España.
Haciendo un breve recopilatorio de dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí, nos encontramos en primer lugar la renuncia de los políticos a resolver el "problema político catalán" y el traspaso de la patata caliente a la justicia. Externalizar, como se ha hecho, la solución del problema tiene como mínimo dos inconvenientes: el primero es que el conflicto político no es territorio propio de la judicatura, de manera que se le otorga poder a un estamento que no le corresponde; el segundo es que, como es conocido urbi et orbi, la alta judicatura española está sesgada políticamente hacia el unionismo más rancio, de aquí que lo que decide no es exactamente justicia, es otra cosa: venganza, escarmiento, etc.
Aquí no se salva nadie de la caza al independentista, ni siquiera los presidents de la Generalitat por poner lazos en el balcón, para vergüenza democrática europea. No dudo de que estos mismos jueces en la época franquista hubieran condenado a muerte a los independentistas que ahora han condenado "solo" a penas de prisión. Eso sí, tanto entonces como ahora, con cobertura legal y juicio.
La cúpula judicial española no es una salvaguardia, sino que es el actor político de última instancia, con lo cual, paradójicamente, la sociedad necesita salvaguardias ante la acción... de la justicia
En teoría contractual, la justicia es una salvaguardia del cumplimiento de los acuerdos entre partes. En Catalunya, la cúpula judicial española no es una salvaguardia, sino que es el actor político de última instancia, con lo cual, paradójicamente, la sociedad necesita salvaguardias ante la acción... de la justicia.
He ahí, a criterio mío, las salvaguardias que tenemos y su eficacia:
a) El marco legal es en teoría una salvaguardia, pero no sirve, como se demuestra a diario, cuando se interpreta a conveniencia para castigar la disidencia.
b) Las pruebas y testigos también serían salvaguardias, pero la judicatura es selectiva, da todo el valor a unos y valor cero a otros, hace ingeniería legal en unos juicios hechos para cubrir el expediente formal y poder justificar penas previamente decididas.
c) El prestigio profesional de los jueces sería una salvaguardia muy potente, pero en un entorno judicial tan politizado el prestigio resta inmune.
d) La justicia europea es una salvaguardia real, pero llega siempre tarde y difícilmente entra en el fondo de las cuestiones, y en cualquier caso, la justicia española ya se ha cuidado de castigar aunque sea preventivamente.
e) La salvaguardia de instituciones internacionales como Naciones Unidas, Amnistía Internacional, etcétera, existen, pero en la cúpula judicial española sus consideraciones ni siquiera les hacen cosquillas.
f) La salvaguardia de la humanidad de los jueces en este caso no existe, les mueve ciegamente la preservación de un bien que consideran superior: la unidad de España.
g) La contestación social, vía manifestaciones y similares, actuaría de salvaguardia en un país normal, pero en España, a los jueces eso tampoco les hace ni cosquillas.
El panorama no es nada estimulante porque la política hasta ahora se ha decidido en juicios políticos. Triste para catalanes y para españoles. A la altura de China, Turquía o Rusia, no de las democracias europeas. Una solución evidente sería modificar el marco legal, haciendo imposible que se repita lo que está pasando. Otro es hacer un expediente de regulación de empleo en la cúpula judicial por abuso de poder, y cambiarla de cabo a rabo por personas imparciales, pero eso es imposible.
Mientras esperamos a la justicia europea, asistimos, lamentablemente, a un levantamiento contra la democracia. Antes los levantamientos los hacían los militares, ahora los hacen políticos disfrazados de jueces.