La semana pasada diferentes medios de comunicación informaron de tres noticias no relacionadas entre sí que implicaban muchos millones de euros. Bueno, no relacionadas, pero con algún sustrato compartido. Me explicaré.
La primera, que es prácticamente histórica, hace referencia a la publicación del libro de Mariano Sánchez Soler titulado La familia Franco S.A. en el cual el autor retrata al dictador y a su entorno familiar y político como un auténtico entramado de intereses económicos que hicieron ricos a los que se movían a su alrededor. La transición política pasó de puntillas por las propiedades acumuladas, por el entramado de sociedades, por el dinero en Suiza, por las obras de arte. Nada que estuviera relacionado con la riqueza acumulada durante la dictadura fue objeto de inspección pública.
La obra de Sánchez Soler ha venido a sumarse a otras contribuciones relevantes sobre los intereses económicos de Franco que se habían hecho antes, como por ejemplo el libro del catedrático de economía Ángel Viñas, que en su La otra cara del caudillo (2015) dibujaba al dictador como una persona corrupta. Sólo entre 1936 y 1940 acumuló, a partir de donaciones a su causa, un capital que a precios actuales equivalían a unos 400 millones de euros. Durante su mandato el hombre recibió donaciones de acciones de empresas agradecidas, sueldos (Telefónica le pasaba una gratificación mensual), comisiones, entre otras prebendas. Como señala el historiador hispanista Paul Preston, Franco y su familia recibían regalos que eran la "punta de un iceberg colosal", que se sumó a un instrumento como la Ley de Responsabilidades Políticas, que actuó como instrumento para justificar expropiaciones a los perdedores de la Guerra Civil y el enriquecimiento de los vencedores.
Todo eso queda lejos en el tiempo, pero no tan distante económicamente hablando del sucesor de Franco, el rey Juan Carlos I, quien en plena democracia acumuló riqueza que no se correspondía con su sueldo. El diario The New York Times, en 2012, sorprendido por el ritmo de vida que llevaba y por la opacidad informativa, cifraba su fortuna en 1.800 millones de euros. Con su sueldo era imposible de justificar. Desde su renuncia en favor del rey actual, Felipe VI, el hombre que antes era inviolable pasó a ser aforado gracias a una ley del Congreso de los Diputados, o sea que quien quisiera hurgar sobre la riqueza del emérito lo tiene más difícil.
La transición política pasó de puntillas por las propiedades acumuladas, por el entramado de sociedades, por el dinero en Suiza, por las obras de arte de Franco y su familia
Más próxima en el tiempo, tenemos la sentencia por los ERE de Andalucía, publicada la semana pasada. En 10 años se produjo un fraude de 680 millones de euros en ayudas a empresas en crisis con la finalidad de "mantener la paz social en Andalucía". Se ve que un 85% de esta cifra fue a parar a prejubilaciones de unos 6.000 trabajadores. El resto fue para trabajadores ficticios que figuraban como empleados de empresas donde nunca habían trabajado, a comisionistas, conseguidores, empresas afines al PSOE, entre otros. El episodio de los ERE viene a sumarse a los millones y millones de euros en subvenciones que por razón de la paz social se están vertiendo desde hace décadas en Andalucía y Extremadura, mande quien mande, sin que estas comunidades acaben de levantar la cabeza.
Finalmente, también la semana pasada, el Banco de España publicaba su estimación en torno al coste de las ayudas del Estado con motivo de la crisis bancaria. Del total del coste del rescate a fecha de hoy, que es de 65.725 millones de euros, una parte va a cargo del propio sector bancario (23.164 millones) y la otra parte, 42.561 millones, a cargo del Estado. Cuando el rescate concluya, todo parece indicar que la cifra todavía será más alta. O sea que, en valores actuales, el salvamento de Bankia, BMN, Catalunya Banc, CAM, Novacaixagalicia, Banco de Valencia, CCM, Unnim, y otros más pequeños, costaría a cada ciudadano del Estado la cifra de 925 euros.
¿Quiénes son los beneficiarios de los tres casos expuestos? 1) En el caso de los jefes de Estado históricos, la acumulación de riqueza irregular los ha beneficiado a ellos, a sus familias y a los miembros de su entorno; y obviamente también, porque nadie regala nada a cambio de nada, a los donantes, fueran particulares o empresas. 2) En el caso de los ERE, los beneficiarios son las empresas y los trabajadores afectados, y de rebote los que mojan por el camino, sean técnicos o sean políticos. 3) En el caso del rescate bancario, los beneficiarios son en general el sistema financiero, que así se aseguró la estabilidad, y la banca que sobrevivió y ganó dimensión con las compras de los fallidos.
Muy bien, más allá de los beneficiarios, puede ser que el lector mínimamente interesado se pregunte quién paga todo esto, aunque sea de manera indirecta (con impuestos, con mayores precios de mercado, etcétera). Es muy fácil saberlo: le recomiendo que vaya al lavabo y mire al espejo.