Salir del bloqueo, de la voladura de puentes. Superar el colapso actual y los cristales rotos que dejó la votación del ómnibus. Ese es el objetivo del Gobierno mientras todavía resuena en el PSOE la acusación de “chantajistas” de Míriam Nogueras. Y esto pasa por negociar el real decreto, pero también todo lo demás. Abordar el ómnibus como una negociación multilateral (en la temática) y en los pactos. El ejecutivo quiere llevar el ómnibus al Consejo de Ministros cuando lo cierre con Junts. Es decir, hoy no va. 

Desde el entorno de la Moncloa aseguran que las conversaciones “no están maduras” y se pretende cerrar distintos acuerdos para “arreglarlo todo”. Esto incluye las competencias migratorias en Catalunya, encalladas en un punto menor, según fuentes socialistas, más allá de petición de un traspaso “integral” que forma parte del belicismo dialéctico y no de la conversación ya avanzada entre los de Jordi Turull y Santos Cerdán. Para el PSOE pasa también por convencer a los de Puigdemont que con la amnistía poco más pueden hacer. Ha remado a favor el ministerio público, la Abogacía del Estado y se ha apartado del fallo en el Constitucional a José María Macías, el juez que se opuso desde el CGPJ, en medios y en columnas de opinión a la ley y pretendía deliberar sobre su constitucionalidad.  

El revolcón a Pedro Sánchez, al menos en primera vuelta, está consumado. Pero para Junts y la oposición, la operación ‘tumbar el ómnibus’ también ha sido de alto riesgo. La portavoz Nogueras no había dado tantas entrevistas a medios de todo signo en toda la legislatura. Y el PP, si Junts y PSOE reconstruyen los acuerdos, es el que más pierde. Por el momento, se ha llevado por delante su relación con el PNV, no está claro para qué le sirve el reciente entendimiento con Junts y si sale el ómnibus se apuntará otro “no” en la hemeroteca de su política de pensiones. Ir al Senado vía urgencia con un corta-pega de lo que acaba de tumbar no arregla nada ni evita que a Alberto Núñez Feijóo le protesten pensionistas en la calle en su visita a un centro de mayores en Soria.

La guerra del relato y las cifras tampoco les favorece. Mientras su portavoz, Juan Bravo, defiende que revalorizaron al 0,25% en cuatro años; el PSOE le responde que efectivamente la subida de los populares fue del 1% en ese periodo y el PSOE acumula un 17,6% en los últimos cuatro años.

Es otra vez un todo o nada. Que el ejecutivo y los socios puedan seguir caminando sobre la legislatura o una retirada casi mortal de la respiración asistida

Así que el momentum ómnibus pasa por las conversaciones discretas que el Gobierno intenta exprimir en la negociación con Junts. Con el calendario parlamentario en la mano, el nuevo texto podría ir al consejo de la primera semana de febrero (e incluso la segunda) e ir al próximo pleno del Congreso la semana del 10 de febrero. No hay otro antes. Un vacío de actividad parlamentaria que se aprovecha para sacar adelante el paquete de ayudas y medidas, vital para Sánchez. 

Mientras, hay un suflé que tiene que bajar y es la pelea por la forma en la que irá el ómnibus. Llevar el decreto troceado en tres frente a un solo texto y evitar que sea una “humillación” para el contrario. El ejecutivo apuesta por un solo decreto por una cuestión práctica. Más allá de los tres hitos de subida de pensiones, ayudas a la DANA y al transporte, el texto incluye numerosas medidas sin demasiada carga ideológica. A falta de Presupuestos, el ómnibus también son ingresos a cuenta en las autonomías, la reconstrucción de La Palma, ayudas a rehabilitaciones de viviendas, a la compra de vehículos eléctricos, a la industria electrointensiva, la prolongación del llamado ‘escudo antiopas’, el bono social eléctrico, la prohibición de corte de suministros para familias vulnerables y así hasta cerca de ochenta.

Cada uno se debe a su electorado y nadie quiere perder el pulso. La semana pasada hubo mucha excusa para justificar tumbarlo. Datos falsos sacados sobre la marcha y líneas rojas que nadie planteó antes de la votación. Ahora el escollo real se reduce a la forma —que vaya como un todo— y al blindaje de los desahucios. Para los socios de izquierdas es innegociable. A Junts e incluso al PNV no les gusta. Hay una opción intermedia que pasa por modificar la redacción y detallar las condiciones de vulnerabilidad de las familias que podrían evitar el desahucio, una medida que afecta a unas 14.000 familias en situación de pobreza sobrevenida y que el detalle de las condiciones evitaría demagogias sobre el supuesto ‘coladero’ de la llamada ‘inquiokupación’.

En definitiva, es otra vez un todo o nada. Que el ejecutivo y los socios puedan seguir caminando sobre la legislatura o una retirada casi mortal de la respiración asistida. En principio, habrá que esperar casi dos semanas para que se resuelva este intenso primer capítulo de 2025.