La consecuencia más inmediata de las iniciativas de Donald Trump ha sido la caída de las bolsas, pero en este ámbito siempre pierden los mismos y ganan los de siempre, dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad de comprar barato. En cambio, los pronósticos a medio y largo plazo son contradictorios sobre quién acabará beneficiándose en serio del terremoto. No faltan quienes prevén una aceleración de la caída del imperio. Todo es muy incierto, salvo algo tan evidente como es la regresión democrática en los países que habían hecho bandera de su compromiso con los derechos y libertades de los ciudadanos.

En Occidente, la democracia ha funcionado a base de contrapoderes y se sustenta en la separación de poderes. Ahora resulta que aumentan los autoritarismos y los poderes se superponen, porque el campo de batalla político se ha desplazado del Parlamento a los tribunales. La Justicia ha perdido la venda que le tapaba los ojos y cada vez es más difícil confiar en ella.

"Montesquieu ha muerto" es una frase atribuida al dirigente socialista Alfonso Guerra (y desmentida por él mismo) que venía a decir que la separación de poderes era cosa del pasado. Todo el mundo se escandalizó. De eso hace 40 años, y ahora nos encontramos con que no hay país democrático donde los tribunales no generen, al menos, desconfianza. Si Montesquieu advertía que la separación de poderes es la garantía de la libertad de los ciudadanos, fácilmente llegaremos a la conclusión de que las libertades de los ciudadanos están en peligro. Una muestra nada anecdótica y especialmente alarmante son las detenciones arbitrarias y las deportaciones ilegales que está practicando la administración Trump incluso a turistas desprevenidos.

Los conflictos entre el poder político y el poder judicial son pan de cada día, especialmente donde triunfa la extrema derecha... salvo en España, donde parece que la extrema derecha ya está instalada en el Poder Judicial desde antaño

Esta semana, Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa, se levantó y se marchó de la sala donde un tribunal la estaba condenando por corrupción. La sentencia incluye una inhabilitación que complicará mucho su candidatura a la presidencia de la República, siendo la aspirante favorita en las encuestas. Le Pen lo consideró "una violación del Estado de derecho", y no pocos analistas no de la extrema derecha han dudado de la imparcialidad política del tribunal.

En el otro lado del Atlántico, Donald Trump fue condenado, declarado culpable de haber cometido 34 delitos, cuando pagó el silencio de una amante contratada. Además, el fiscal especial que investigó el asalto al Capitolio lo acusó de haber cometido “un esfuerzo criminal sin precedentes” para aferrarse al poder y le imputa varios cargos de conspiración y obstrucción a la justicia. Sin embargo, Trump ha quedado impune por la decisión de un Tribunal Supremo de nueve miembros, tres de los cuales fueron nombrados por el propio Trump durante su primer mandato.

Tras tomar posesión por segunda vez de la presidencia de Estados Unidos, Trump no se cansa de firmar decretos que vulneran la legalidad, como la expulsión de inmigrantes, contraviniendo la prohibición de los jueces. El juez James Baosberg prohibió la deportación de 238 venezolanos a prisiones de El Salvador, pero la deportación se llevó a cabo de todos modos y Trump escribió lo siguiente en las redes: "Si un presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un Juez Lunático de la Izquierda Radical quiere asumir el lugar del presidente, entonces nuestro país tiene un gran problema y está destinado al fracaso". Dicho de otro modo, Trump seguirá actuando sin hacer caso de lo que digan los tribunales, si alguien con suficiente contrapoder no lo impide.

En Italia, Giorgia Meloni desafía a los jueces desde que asumió el gobierno. El presidente de Hungría Viktor Orbán ya quiso resolver sus diferencias con el poder judicial aprobando una ley que creaba tribunales controlados directamente por el Gobierno. Los conflictos entre el poder ejecutivo y el poder judicial son pan de cada día, especialmente donde triunfa la extrema derecha… salvo en España, donde parece que la extrema derecha ya está instalada en el Poder Judicial desde antaño.

En España, la desconfianza en la justicia es el sentimiento mayoritario de la población, según las encuestas oficiales, y el servicio público peor valorado. La picaresca española siempre ha trasladado la imagen de una justicia implacable con los desgraciados que robaban unas gallinas pero que da un trato exquisito a señoritos y caciques que abusaban de su poder. Pero ahora, en el ámbito estrictamente político, asistimos a una batalla campal entre los poderes supuestamente constitucionales.

El fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo. El encargado principal de perseguir el delito, siendo sospechoso, puede permitirse el lujo de no renunciar al cargo, como correspondería, porque nadie cree en serio que el Supremo esté actuando con imparcialidad. En otro episodio de esta semana, todas las asociaciones de jueces y fiscales se han escandalizado porque la vicepresidenta Montero consideró "una vergüenza" la sentencia absolutoria del caso Alves. Son muy escandalizables, los jueces españoles, salvo cuando una jueza mantiene en prisión preventiva durante dos años a una persona inocente y después la promocionan al Tribunal Supremo. O cuando los tribunales europeos condenan a jueces españoles por hacer la vista gorda en casos de tortura que automáticamente también son ascendidos. O cuando los jueces se niegan a aplicar la ley de amnistía aprobada por la mayoría parlamentaria. O cuando surgen evidencias de la connivencia de políticos con jueces incapaces de identificar quién es "M. Rajoy" o de acusar a María Dolores de Cospedal a pesar de tantas evidencias audibles… Por no hablar del lawfare sistemático practicado contra ciudadanos de Catalunya, políticos y no políticos, o la intromisión judicial en la actividad del Parlament.

No todo está perdido. Hay esperanzas. En Wisconsin, una jurista ha ganado plaza en el Tribunal Supremo del Estado pese a la campaña multimillonaria de Elon Musk gracias a una movilización ciudadana sin precedentes contra el oligarca

El Poder Judicial en España se ha convertido en una organización corporativa con ideología e intereses propios ajenos a la voluntad popular democráticamente expresada. Lo hemos comprobado cuando los jueces interpretan las leyes en el sentido contrario al espíritu con el que fueron promulgadas. He aquí la advertencia que hizo Montesquieu: "No hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia". Ciertamente la tendencia global no deja demasiado margen al optimismo, pero no todo está perdido. Aún hay esperanzas.

Esta misma semana, la jurista Susan Crawford ha logrado una plaza en el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin gracias a la movilización popular… en contra de Elon Musk. Crawford logró el 54% de los votos, frente al 45% obtenido por su contrincante, el conservador Brad Schimel. Crawford ha ganado contra todo pronóstico porque Schimel contaba con el apoyo de Donald Trump, pero sobre todo de Elon Musk. El multimillonario tuvo un protagonismo excepcional en la campaña, aportando casi 25 millones de dólares, bombardeando de mensajes Twitter y otras redes, y organizando actos políticos en los que prometía dinero a quienes apoyaran su causa. Crawford ganó y en su discurso de victoria dijo: "No podía imaginar que me enfrentaría al hombre más rico del mundo y que le ganaría". Crawford demostró que Trump y Musk no son invencibles, pero no solo ella, sino una movilización sin precedentes de ciudadanos que se negaron a dar por perdida la democracia.