Hará alguna década, en una tertulia, seguramente en RAC1, se me ocurrió decir —supongo que afectado por alguna receta— que las multas de tráfico, que no son precisamente baratas —entre 100 y 500 euros— deberían ser progresivas. Como los impuestos. Que es evidente que pagar 50 no es lo mismo para alguien que cobra 100 que para alguien que cobra 1.000.
Nadie me hizo caso. Solo el antiguo dircom —como se llama ahora— de un expresident de la Generalitat de pocas palabras se burló de la idea. Entonces no sabía que en Finlandia este modelo se aplica desde 1921 y que los estudios demuestran, además, que existe una reducción en la reincidencia de infracciones graves. Y, tampoco lo sabía entonces, este éxito se repite en otros países donde se han puesto en marcha modelos similares; caso de Suiza, Dinamarca o Reino Unido.
El método de cálculo finlandés, por ejemplo, se basa en los ingresos netos mensuales, mientras que en el suizo es un juez el que termina determinando la cuantía de la sanción —como en un juicio normal— teniendo en cuenta ingresos y patrimonio. En Dinamarca se aplica una reducción del 50% para rentas inferiores a un umbral establecido y, en Reino Unido, eso sí, en casos judicializados, la multa se calcula según los ingresos semanales.
La consecuencia será que los de siempre, que no son los ricos, serán los que más paguen
Ahora Sumar ha abierto el debate en España tras registrar en el Congreso una Proposición de ley impulsada desde Izquierda Unida con la que pide que las multas de tráfico sean más caras para quienes más cobren. Este tipo de sanciones en función de los ingresos apoyan las asociaciones de víctimas de accidentes como vía para disuadir a los más ricos de la población a cometer infracciones, con la idea de que las multas actuales no les tocan un diente.
De entrada, me he alegrado, claro. Hasta que he visto la magnitud de la tragedia: que la propuesta no está hecha para que un pobre trabajador no se deje el sueldo en la multa, ni para que afecte a los más ricos. Al margen de que la propuesta está hecha con un odio de clase, la consecuencia será que los de siempre, que no son los ricos, serán los que más paguen.
En su Proposición de ley, Sumar propone que las multas "se incrementarán siempre" de acuerdo "con la capacidad económica del infractor". Es decir, que para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros —lo que no hace rico a nadie-— ¡las multas se suban un 150%! Y, ¡en un 300%!, para los que cobren entre 85.000 y 100.000 euros. Que, a ver, tampoco son ricos. En cambio, Sumar plantea bajar solo un 30% las sanciones a quienes acrediten unos ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (ahora situado en 1.381 euros brutos al mes). Y un 15% para quienes cobren entre 1,5 y 2,5 veces el SMI (3.452 euros brutos al mes).
En Finlandia se dio el caso de un directivo de Nokia, Anssi Vanjoki, de 44 años, obligado a pagar 116.000 euros por conducir a 75 kilómetros por hora en una vía limitada a 50. En España, el resultado será que las supuestas clases medias, como siempre, serán las más perjudicadas.