Nada de nada

Si la credibilidad de Carles Puigdemont cuando pide el voto en las elecciones catalanas del 12 mayo para acabar el trabajo que no se completó en octubre del 2017 es nula, y más de una vez ha confesado que si no tiene la mayoría para ser reelegido president de la Generalitat, renunciará y dejará la política activa, la de Pere Aragonès cuando reclama una financiación singular para Catalunya o presenta una propuesta de referéndum de autodeterminación acordada con el estado español lo es tanto o más. Ambos saben que lo que plantean es inviable, pero aun así no se cansan de decirlo y de repetirlo. Y más ahora que hace tiempo que están en modo campaña electoral.

Catalunya hace años que sufre un expolio fiscal sin parangón en ningún otro lugar del mundo. Desde que Ramon Trias Fargas lo denunció por escrito el 1985 en Narració d’una asfixia premeditada, los miles y miles de millones que España ha robado durante todo este tiempo a Catalunya —aunque a algunos no les guste la expresión España nos roba— alcanzan, a una media de unos 20.000 millones de euros al año, una cifra astronómica y escandalosa. Y España no dejará nunca que esto cambie, porque sin Catalunya es un estado fallido, abocado a la bancarrota. Es por este motivo que el gobierno español, en este caso del PSOE, se apresuró a desautorizar la propuesta de financiación singular de Pere Aragonès, del mismo modo que el gobierno español del PP en su día lo había hecho con la propuesta de pacto fiscal de Artur Mas.

Lo que ahora plantea ERC, recaudar y gestionar todos los impuestos que se pagan en Catalunya y establecer después la cantidad a transferir al Estado por los servicios que presta directamente y una cuota de solidaridad, es exactamente lo mismo que contenía la propuesta de reforma del Estatut que el Parlament aprobó en septiembre del 2005. La idea, sin embargo, desapareció durante la tramitación en las cortes españolas, que acabaron dándole el visto bueno definitivo en mayo del 2006 —en la época de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa—, una vez bien recortado y mutilado, porque eran perfectamente conscientes de que bajo ningún concepto España se podía permitir quedarse sin la gallina de los huevos de oro que le da unos ingresos como nadie más es capaz de hacerlo. Después fue el entonces líder de CiU que, una vez llegado a la presidencia de la Generalitat el 2010, se sacó de la manga un llamado pacto fiscal que quería decir exactamente lo mismo y que, en aquella ocasión, Mariano Rajoy también despreció sin contemplaciones.

A pesar de las negativas reiteradas que reciben, los dirigentes políticos catalanes siguen insistiendo una y otra vez en asuntos que saben que no tienen ningún recorrido 

En todos los casos vienen a ser sistemas de financiación parecidos al de Euskadi, pero no iguales, porque los vascos, que de tontos no tienen ni un pelo, son ellos que recaudan todos los impuestos y luego los reparten y que no han contribuido nunca a la solidaridad en la proporción que lo hace Catalunya. Dicho de otro modo, son ellos los que tienen la llave de la caja, mientras que en Catalunya la clave la sigue teniendo España. Esta es la gran diferencia y, al mismo tiempo, el quid de la cuestión. Por todo ello no es extraño que el gobierno español de turno reaccione siempre rechazando, como aquel que dice antes de empezar, cualquier planteamiento que altere a la baja el flujo de ingresos que provienen de Catalunya, como lo ha hecho ahora con Pere Aragonès y lo hizo antes con Artur Mas, sin darles ni siquiera la opción de establecer la más mínima negociación.

El PSC, por su parte, que rechaza financiaciones singulares, pactos fiscales y todo lo que se desmarque de la línea oficial que le marca el PSOE, se descuelga ahora con el proyecto de crear un consorcio entre la Generalitat y el estado español para recaudar y gestionar los impuestos que se pagan en Catalunya como si fuera quien sabe qué. Cuando esto es lo que dice el Estatut que el 2006 salió ostensiblemente esquilado de las cortes españolas y que, por lo que se ve, en dieciocho años todavía no ha tenido la oportunidad de cumplir a pesar de haber gobernado durante este tiempo, en fases diferentes, tanto en Catalunya como en España a través del PSOE. Y suerte que la fórmula del consorcio había sido iniciativa suya durante los trabajos de tramitación del nuevo Estatut y que el conseller de Economia de la época, Antoni Castells, del PSC, era un firme defensor y partidario.

En parecidos términos se puede analizar la propuesta de referéndum de autodeterminación acordado con el estado español que ha planteado ERC, pero que JxCat también comparte. Es otra de esas cuestiones que el inquilino de la Moncloa de turno, sea del color que sea, tampoco permitirá nunca, aunque Pere Aragonès sostenga que acabará cayendo como fruta madura como ha pasado con la ley de amnistía. De ninguna de las maneras. Porque si algún día se autorizara, sería o bien porque lo que se sometería a votación no tendría nada que ver con la independencia de Catalunya o bien porque el estado español sabría que lo ganaría de calle. La razón de fondo es la misma que en el caso de la financiación: España no dejará nunca que su principal fuente de ingresos se vaya. La exprimirá tanto como pueda, pero no le dejará que se marche.

Llegados a este punto, sin embargo, lo que más llama la atención es que, a pesar de las negativas reiteradas que reciben, los dirigentes políticos catalanes —sean presidentes de la Generalitat o candidatos a la presidencia— sigan insistiendo una y otra vez en asuntos que saben que no tienen ningún recorrido y que lo hagan ante quien año tras año incumple la ejecución de las inversiones en Catalunya previstas en el presupuesto del Estado, como si el único objetivo fuera ir dando vueltas sobre lo mismo sin moverse de lugar. Es la actuación típica de las fuerzas autonomistas de toda la vida, también llamadas procesistas, pero nunca independentistas, que lo único que les interesa es no perder las sillas y los comederos legislatura tras legislatura. Es lo que hacen ERC y JxCat, que, una vez asumida entera toda la herencia de CiU, son quienes mejor tienen aprendida la lección en eso de marear la perdiz.

Tanto que, encima, tienen la virtud de que les parezca mal, cuando hacen los demás, lo que les parecía bien cuando lo hacían ellos. Debe ser por ello que ahora critica la financiación singular de Pere Aragonès cuando antes aplaudía el pacto fiscal de Artur Mas. O que censura que ERC hable de referéndum acordado cuando resulta que es exactamente lo mismo que ellos quieren y que en la práctica significa enterrar de manera definitiva el Primero de Octubre. En todos los casos —y también en la propuesta del 132º president de la Generalitat de cambiar la configuración de las pistas del aeropuerto de Barcelona para que puedan soportar más tráfico sin necesidad de alargar la tercera— la respuesta de quien tiene la sartén por el mango es siempre la misma: ni singular, ni especial, ni específico, ni extraordinario, ni nada de nada que represente un mínimo beneficio para Catalunya.