Pedro Sánchez ha vuelto a ser investido. El que hace tan solo unos meses bramaba contra la amnistía, hoy la defiende. El que dijo “Diego” ahora dice “digo”. Nada nuevo, aunque no por ello dejará de sorprendernos esta capacidad que tiene Sánchez de “cambiar de opinión” y defender, con la misma vehemencia, una cosa y la contraria.
Es lógico y natural que cueste confiar en su palabra, sobre todo porque no ha dedicado ni un solo minuto a explicar el porqué se ha producido este giro en su discurso, ni en qué puntos reconoce haber estado supuestamente equivocado, o sencillamente las razones, a las claras, que le han empujado a buscar los apoyos de su investidura en el independentismo catalán, al que tanto ha denostado y contra el que tanto ha actuado como presidente del gobierno.
Puede que alguno se dé por respondido en la frase: “hacer de la necesidad virtud”. Pero permítame, querido lector, que para mí esto no sea suficiente.
Porque no me creo que la única razón para hacer este giro radical haya sido, sencillamente, obtener un puñado de votos de Junts.
Si de ganar a toda costa se trataba, existían otras opciones, también complicadas de digerir, pero posiblemente menos ruidosas. Y no se han planteado en ningún momento. Me refiero a una “gran coalición” con el Partido Popular, que seguramente habría generado también un fuerte debate, pero no era de extrañar teniendo en cuenta cómo se han posicionado en asuntos fundamentales, como la pandemia, Ucrania y, sobre todo, el conflicto con Catalunya.
Ahora sabemos, según Santos Cerdán, que el diálogo previo a la negociación con Junts se inició el pasado mes de marzo. Una fecha interesante y que seguramente nos sirva para ir configurando un puzzle lleno de incógnitas.
Porque si, en aquel momento, ya estaban tendiendo puentes, cabría preguntarse si no sobrevolaba ya la idea de “hacer de la necesidad virtud”. ¿Sabía entonces el PSOE que necesitaría de Puigdemont para poder avanzar? ¿O podemos pensar que hay “algo más” que no se está contando y que pudiera tener un impulso claro en este giro de Sánchez?
Sabemos, aunque poco se recuerde, que hay dos sentencias por salir, de gran calado y de posible impacto en España: la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ambas están a punto de darse a conocer, en cuestión de meses, y no sería muy extraño que se esté preparando un menú cargado de argumentos que pudieran escocer en el estado español. Y escocer mucho.
Decía Martín Pallín recientemente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dado un plazo a España y a Catalunya para que intentaran ponerse de acuerdo antes del 14 de enero de 2024. Literalmente, dice que “los corifeos de la derecha se han olvidado de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tomado en consideración las demandas de los nueve condenados e invita al Gobierno español a llegar a una solución amistosa antes del próximo 14 de enero. Estrasburgo, tal y como ha examinado la sentencia del Tribunal Supremo, ve que hay artículos que podrían haber sido vulnerados. El fallo de la Sala Segunda del TS es inconsistente y la amnistía tendría la doble virtud de restañar una condena anómala que en Europa no admite nadie. Ni el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ni la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa”.
No sería descabellado pensar que a España no le queda otra que hacer lo que se está haciendo: recoger cable
Resulta llamativo conocer esto de una forma casi casual, en lugar de haberlo visto en las portadas de los medios de comunicación, puesto que más de uno se habría pensado, seguramente un par de veces, hacerse fotos y firmar manifiestos contra una ley que aún desconocían.
Pero ya sabemos que, por desgracia, es más frecuente el ruido que el análisis, la brutalidad en lugar del diálogo y desde luego, opinar sin tener la más mínima idea de lo que se está comentando.
Sabiendo que la justicia europea ha dado ya este toque al gobierno de España, puede que se entiendan mejor los pasos dados. Eso de la “necesidad virtud”.
Y es que, quizás, Sánchez no estuviera refiriéndose a su “necesidad” de gobernar a toda costa, como parece, sino más bien a la “necesidad” de resolver el destrozo que se ha venido amasando durante los últimos años, en el que el PP, algunos jueces y distintos funcionarios públicos han participado activamente.
Un destrozo en el que el PSOE también ha tenido parte activa y que posiblemente ahora le toque recomponer, para lo que necesita contar con perfiles como el de Zapatero, que aparece de nuevo en escena para tratar de deshacer semejante entuerto.
No sería de extrañar que la sentencia que prepara el TJUE sea todavía más contundente y, en este sentido, es mejor ir preparando el terreno, puesto que una amnistía serviría ya de bálsamo, de venda, o de remedio ante la herida que pueda ocasionar un texto que bien podría dejar en evidencia lo que durante tantos años hemos venido denunciando. Fundamentalmente, sí, el lawfare que viene siendo algo habitual en el Estado. Por mucho que algunos nieguen la mayor.
La reacción de los colegios de abogados, de los jueces, de los notarios ha sido tan absurda y desproporcionada ante el mero hecho de que el PSOE y Junts llegasen a un acuerdo y se pusiera sobre la mesa la necesidad de ventilar el funcionamiento de la administración de justicia, que debería hacernos sospechar.
Porque quienes trabajan en el “poder judicial”, deben ser fieles a la Constitución, y lo que significa esto es, ni más ni menos, que su papel no es el de valorar desde la opinión cuestiones políticas; sino el de aplicar las leyes que emanan del poder legislativo. Podrán advertir si consideran que, a nivel técnico-jurídico, una norma pudiera incurrir en incoherencias con el corpus legislativo, incluso si tienen dudas sobre su constitucionalidad. Pero en mi opinión, no deberían manifestar públicamente su opinión sobre las leyes, puesto que esto da la sensación de que la imparcialidad podría verse comprometida a la hora de interpretarlas.
Se nos olvida, quizás por desconocimiento, que las leyes las crean los representantes políticos; que las hacen y deshacen atendiendo a sus mayorías, a sus pactos, a sus acuerdos, que es, en definitiva, el ejercicio de la democracia. La soberanía popular, a través de ellos, es la que incide directamente en la redacción de las normas que nos damos para avanzar, o retroceder como sociedades. Y cualquier injerencia en la toma de las decisiones a la hora de elaborar una ley, es contraria al espíritu de la Constitución.
De la misma manera que cualquier injerencia a la hora de aplicarlas, o de hacerlas cumplir, lo es.
El problema es que, quizás, estemos demasiado acostumbrados a estas injerencias y, hasta cierto punto, algunos piensen que es lo normal firmar manifiestos de índole política cuando su función es, precisamente, apartarse de ella.
Cuando todo el mundo hace política, al final, se pervierte un sistema fundamentado en la separación de poderes. Algo que, dicho sea de paso, tiene un largo camino por recorrer en España, donde el jefe del Estado no responde a la igualdad de la ciudadanía ante la ley, está protegido por su inmunidad (veamos lo que está sucediendo con el emérito).
Analizando el contexto, cabe preguntarse a qué necesidad se refiere Sánchez cuando pretende de ella hacer “virtud”. Y no sería descabellado pensar que a España no le queda otra que hacer lo que se está haciendo: recoger cable, “desfacer este entuerto”, y tratar de limpiar un poquito toda la cantidad de barbaridades cometidas contra la Constitución, contra el estado de derecho, contra la convivencia, contra el derecho a la información, contra la libertad de expresión y contra tantísimos derechos fundamentales que se nos han vulnerado en el contexto del conflicto catalán.
No ha sido el único caso, porque durante la pandemia han hecho más de lo mismo, y en este sentido, hay una gran asignatura pendiente por parte de todos los dirigentes y partidos políticos, puesto que ninguno de ellos ha cumplido, tampoco, con las normas más fundamentales. Pero por desgracia, este es otro de los asuntos pendientes que tiene, no solo el estado español, sino también la justicia europea y la comunidad internacional.
Alegrarnos de que se den los pasos necesarios para resolver los problemas generados por el “Estado profundo”, no significa que hayamos olvidado todo lo que aún queda por hacer.
Esta batalla no debería abordarse desde criterios partidistas, ni siquiera desde criterios de “izquierda o derecha”, ya inexistentes.
El análisis, en mi opinión, debe hacerse ante el avance o retroceso en la protección de derechos y garantías. Y en este sentido, sí, entiendo que Sánchez intenta hacer de la necesidad virtud. Presumir ahora de demócrata porque, sencillamente, está intentando reconducir la situación hacia la senda constitucional.
Espero que este camino solamente acabe de comenzar y se puedan abordar todos los atropellos cometidos bajo distintas excusas.