Estaba cantado que las autonomías españolas parasitarias de toda la vida, acostumbradas a vivir con los recursos de los demás, se opondrían a que Catalunya tuviera un sistema de financiación diferente al suyo, a partir de ahora llamado singular. Porque lo que en el fondo pretenden es tener exactamente lo mismo que tenga Catalunya y que esta, por descontado, les siga pagando la fiesta. Y por este motivo también estaba cantado que el gobierno español acabaría haciendo del modelo acordado entre el PSC y ERC para hacer posible la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat un nuevo café para todos.
De hecho, desde el momento mismo en que ERC puso sobre la mesa la demanda de la financiación llamada singular el PSOE, que es quien realmente corta el bacalao, dejó claro que la singularidad tenía cabida perfectamente dentro del régimen común y no escondió que su objetivo, por contradictorio que pareciera, era generalizar precisamente esta singularidad. Es decir, pasar, una vez más, del singular al plural y dejar a Catalunya, como siempre, con un palmo de narices, rodeada de las autonomías pedigüeñas a las que solo les mueve el deseo de seguir viviendo sin pegar golpe. Por todo ello, no se entiende que cuando Pedro Sánchez y María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda, encargada de llevar a cabo la reforma de la financiación autonómica, han verbalizado lo que era evidente desde buen principio ERC y JxCat se hayan subido por las paredes como si no supiesen de qué iba la cosa.
Estaban avisados de que tratar con un PSOE cuya fiabilidad es nula no es justamente garantía de nada. Pero aun así, lo han hecho, como en realidad lo hacen desde el día después de las elecciones españolas de julio del 2023, porque es la manera de que ellos también vayan bien —tener grupo propio esta legislatura en el Congreso, cuando no les correspondía, les representa disponer de unos ingresos que de lo contrario habrían perdido—, aunque hagan ver que están muy enfadados y amenacen al inquilino de la Moncloa de retirarle el apoyo si no cumple. ERC es quien más tiene que perder según cuál sea el resultado del pacto con el PSC, porque si el solo hecho de ponerse de acuerdo ya le ha ocasionado un desgaste del que le costará rehacerse, si encima no pasa lo que ha dicho que tenía que pasar —cesión progresiva de todos los impuestos empezando por el IRPF, salida del régimen común, traspaso de la llave de la caja...—, el precio político que tendrá que pagar puede llegar a ser desorbitado y a condicionarle seriamente el futuro.
Ellos mismos dejan al descubierto que el España nos roba, que tanto les molesta, no es un mero eslogan, sino una triste realidad
JxCat, en cambio, se lo mira desde la barrera y es quien saca más pecho. No se juega tanto, aunque está, sin embargo, tan o más interesado en ponerle el dedo en el ojo a ERC que al PSOE. Por eso se puede permitir el lujo de amenazar a Pedro Sánchez con dejarlo sin silla si lo que se pone en práctica no es un concierto económico como el que tiene el País Vasco, a pesar de saber que efectivamente no lo es ni lo será nunca. Lo que han pactado ERC y el PSC es un sistema como el que preveía el nuevo Estatut aprobado por el Parlament el 2005 y que después las Cortes españolas decapitaron el 2006 y que Artur Mas desempolvó el 2010 con el nombre de pacto fiscal cuando accedió por primera vez a la presidencia de la Generalitat. Entonces CiU bien que hacía bandera de este modelo, y lo que ahora molesta a los herederos de JxCat es que no puedan hacer lo mismo porque ERC se les ha adelantado.
A partir de ahí, la estrategia de los de Carles Puigdemont será la habitual, la misma que han usado desde que hace un año se avinieron a investir de nuevo al líder del PSOE como presidente español. Como sus siete escaños en el Congreso son imprescindibles para la estabilidad de Pedro Sánchez, tras las advertencias iniciales, abrirán un periodo de negociación con la propia María Jesús Montero sobre la financiación autonómica que se cerrará con un acuerdo idéntico al alcanzado por ERC, pero que ellos venderán como mejor. Y así se podrán colgar la medalla que saben negociar mejor que los de Oriol Junqueras y Marta Rovira y que lo que se haya conseguido será exclusivamente gracias a su pericia para mejorar lo que había inicialmente. Eso es lo que hicieron con la ley de amnistía, lo que volverán a hacer con la reforma de la financiación —y también con el traspaso, teóricamente integral, de las competencias en inmigración acordado en su día y del que hasta ahora no hay ni rastro, salvo algunos globos sonda que llegan del propio PSOE para tratar de rebajar el alcance del pacto—, y lo que harán tantas veces como sea necesario, con todo lo que convenga.
El resultado será, en todo caso, un nuevo sistema de financiación —el actual está vigente desde que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) lo aprobó el 15 de julio del 2009 y hace, por tanto, más de quince años que no se ha revisado— que está por ver en qué porcentaje mejorará las escuetas finanzas públicas de Catalunya y que el PSOE ya ofrece a todas las autonomías que se quieran acoger para construir, sostiene, un modelo federal de organización del Estado en una España que también dice que es plural y diversa. “Nuestro modelo de financiación es el mismo en todos los territorios”, ha dejado claro Pedro Sánchez, pero “atendiendo a las particularidades” —en lugar de singularidades— de cada uno de ellos. O lo que es lo mismo, mucha gesticulación y mucha grandilocuencia verbal para que a la hora de la verdad no cambien demasiadas cosas, que es lo que sucederá si después de toda la movida el déficit fiscal no baja ostensiblemente de los 20.000 millones de euros que cada año cuesta a los catalanes.
Con independencia del desenlace, a pesar de no ser en absoluto una cuestión menor, habrá sido chocante ver y oír el vigor y el enardecimiento con que la ministra de Hacienda, y un poco también el presidente del gobierno español, han defendido la posición de Catalunya ante los ataques del PP, a quien han acusado de usarla para agitar el conflicto territorial con el único objetivo de ganar votos en los lugares de España en los que la simpatía hacia los catalanes es inexistente, que son la mayor parte. Tienen razón de denunciarlo, sobre todo por el uso malévolo y sectario que se hace. Lo que pasa es que es exactamente lo mismo que hace el PSOE cuando, como el PP, está en la oposición. Y lo que hacen todos juntos es utilizar el nombre de Catalunya en vano, solo en función de los intereses particulares de cada uno.
Las acusaciones delirantes y catalanófobas que vierten el PP, en especial por boca de su lideresa Isabel Díaz Ayuso, y sectores del PSOE como el del díscolo Emiliano García-Page contra Catalunya sirven, en todo caso, para hacer patente el expolio fiscal que ciertamente sufre. Incluso le han desempolvado a un histórico del PSOE venerado por el PP como Juan Carlos Rodríguez Ibarra para que salga a pontificar. Y también lo hace Unión del Pueblo Navarro (UPN), con un discurso de la senadora María Caballero, según el cual la insolidaria no es Navarra por tener un concierto económico como el País Vasco, que no contribuye a la solidaridad, sino Catalunya por querer mejorar su financiación. Ellos mismos dejan al descubierto que el España nos roba que tanto les molesta no es un mero eslogan, sino una triste realidad, y se ponen en evidencia cuando se quejan de que si en adelante Catalunya aporta menos de lo que lo hace ahora, se quedarán sin parte de los recursos que tienen. Es la confesión que viven a costillas de Catalunya.
Nunca hasta ahora nadie en España lo había reconocido así de claro, pero gracias a estas lenguas viperinas, por fin queda negro sobre blanco. Todos están contribuyendo a hacer el escandallo de lo que cada año Catalunya les aporta al cuantificar públicamente lo que cada uno cree que dejaría de recibir con el nuevo sistema de financiación: Galicia 450 millones de euros, Extremadura 2.000, Castilla-La Mancha 238, Andalucía 6.000…, y así hasta el final. Si solo con cuatro autonomías las cifras ya se elevan casi a 9.000 millones de euros, ¿dónde no llegarán una vez se añadan los agravios de las once restantes? Los más osados se sacan de la manga que con el “cupo catalán” Catalunya ganará en realidad la barbaridad de 30.000 millones de euros anuales, lo que en realidad significa que el déficit fiscal no es de 20.000 millones como se ha proclamado siempre que se han calculado las balanzas fiscales, sino que hay que añadir 10.000 millones más. ¡Si lo sabrán ellos! Estos son los números que usan los propios españoles y que demuestran que el escándalo es aún mayor de lo que se había dicho nunca.
Lo de no tomar el nombre de Catalunya en vano vale para los partidos españoles, pero desgraciadamente también para los catalanes, que demasiado a menudo lo usan tan solo para alimentar las trifulcas partidistas que los enfrentan entre ellos. No se trata de que tengan que cumplir ningún nuevo mandamiento al estilo de los de la ley de Dios, de los diez mandamientos que Dios esculpió con fuego en las tablas de la ley que entregó a Moisés en la montaña del Sinaí, pero, a pesar de todo, harían bien en no tomar, efectivamente, el nombre de Catalunya en vano. Ya bastante que los españoles se lo ponen cada dos por tres en la boca, generalmente para nada bueno.