El reciente Real Decreto 933/2021, que obliga a alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y compartir datos exhaustivos de los viajeros con el Ministerio del Interior, constituye una amenaza directa a la privacidad individual. Presentado como un supuesto avance en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, este sistema no solo carece de una relación real entre los datos que recopila y su supuesta eficacia, sino que plantea serias contradicciones con la realidad. Además, destaca por su carácter intrusivo y desproporcionado en comparación con otros países de nuestro entorno. Es imposible ignorar el eco que estas medidas tienen con métodos de control ciudadano propios de regímenes autoritarios como la STASI de la extinta Alemania del Este. 

El registro obliga a los hoteles y empresas de alquiler de vehículos a recopilar datos de los viajeros que van mucho más allá de lo razonable: nombre completo, documento de identidad, nacionalidad, dirección, correo electrónico, teléfono, datos bancarios y, en el caso de menores, relaciones de parentesco. Incluso se les exige conservar esta información durante tres años. Esta acumulación masiva de datos no solo erosiona la privacidad de los ciudadanos, sino que genera preguntas legítimas: ¿por qué se requiere tanta información y durante tanto tiempo? Este nivel de intrusión no tiene precedentes en países democráticos y carece de justificación sólida. 

El caso de los datos bancarios es especialmente alarmante. No existe un sistema comparable en Europa donde se solicite información financiera para alojarse en un hotel o alquilar un vehículo. La justificación oficial, que intenta vincular esta información con la lucha contra el blanqueo de capitales, es insostenible. Ni los hoteles ni las empresas de alquiler tienen la capacidad de analizar transacciones financieras, y los pagos de servicios turísticos, en su mayoría, no alcanzan los umbrales que podrían considerarse relevantes para delitos económicos, ni siquiera para sanciones administrativas. Es evidente que los datos bancarios no son necesarios para identificar a personas buscadas y que su inclusión en el registro es, en el mejor de los casos, una medida desproporcionada y, en el peor, un abuso de poder. 

El Ministerio del Interior afirma que el sistema ha permitido localizar a más de 18.500 personas buscadas desde su implementación preliminar. Sin embargo, estas cifras carecen de contexto. Cuando se comparan con las estadísticas internacionales, las contradicciones son evidentes. De las más de 62.000 Notificaciones Rojas de Interpol en vigor a nivel global, el número de casos ejecutados en España es insignificante. No existe evidencia de que el registro de viajeros haya sido una herramienta clave para cumplir con estas solicitudes internacionales. Por otro lado, España gestionó 362 extradiciones pasivas en 2023, una cifra que pone en duda la magnitud del problema que supuestamente pretende abordar el registro. De estas extradiciones, solo una fracción mínima puede atribuirse a localizaciones realizadas a través de registros de viajeros. 

El nuevo registro de viajeros carece de una relación clara entre su implementación y los resultados prometidos. Los datos recopilados son excesivos, innecesarios e irrelevantes

El problema no se detiene ahí. España cuenta con menos de 10.000 presos preventivos y casi 4 millones de causas judiciales abiertas en el ámbito penal, pero no hay indicios de que la recopilación masiva de datos de viajeros haya contribuido significativamente a resolver estos casos. La idea de que esta medida mejora la seguridad ciudadana se diluye al analizar los resultados concretos. El registro parece más un ejercicio de acumulación innecesaria de datos que una herramienta eficiente para combatir el crimen. 

Resulta especialmente preocupante que España se haya convertido en una anomalía dentro del panorama europeo. Países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia emplean sistemas de autorización electrónica, pero estos se limitan a datos básicos y se centran en el control fronterizo, no en la vigilancia masiva de los movimientos internos. Incluso el Sistema de Entradas y Salidas de la Unión Europea, diseñado para la trazabilidad en las fronteras exteriores del espacio Schengen, no incluye la recopilación de información financiera o personal tan detallada como la que exige el Real Decreto 933/2021. La comparación es clara: mientras otros países priorizan la proporcionalidad y el respeto por la privacidad, España ha optado por un modelo intrusivo que no tiene justificación en un Estado democrático

La recopilación de datos bancarios y de parentesco es irrelevante para identificar a personas buscadas. Los delincuentes organizados rara vez usan métodos financieros rastreables y mucho menos recurren a transacciones directas en hoteles o empresas de alquiler de vehículos. Por su parte, los datos de parentesco de menores solo profundizan en un nivel de intrusión en la vida familiar difícil de justificar bajo el pretexto de la seguridad. El resultado es un sistema que somete a todos los ciudadanos, sin importar sus antecedentes, a un nivel de control invasivo que genera más preguntas éticas que beneficios tangibles. 

Es inevitable trazar un paralelismo con la STASI, cuyo objetivo era vigilar cada aspecto de la vida de los ciudadanos bajo la excusa de la seguridad del Estado. Aunque las circunstancias políticas son diferentes, el principio subyacente es inquietantemente similar: recopilar datos masivos para controlar los movimientos y perfiles de las personas. Este tipo de vigilancia, disfrazada de medidas de seguridad, representa una peligrosa erosión de las libertades individuales. 

Este registro es un ejemplo preocupante de cómo las promesas de seguridad pueden ser utilizadas para justificar una invasión de la privacidad

La industria turística, uno de los pilares económicos de España y Catalunya, ya ha manifestado su preocupación. La carga administrativa adicional y los costos asociados al cumplimiento de esta normativa afectan directamente a los alojamientos y empresas de alquiler, que inevitablemente trasladarán esos costos a los consumidores. Además, la percepción de un control excesivo podría disuadir a los turistas internacionales, especialmente a aquellos que valoran la privacidad, como ocurre con muchos ciudadanos de la Unión Europea. En un sector tan competitivo, el Estado español no puede permitirse una medida que comprometa su imagen como destino turístico y menos con lo que eso repercute en la economía catalana. 

Como digo, el nuevo registro de viajeros no solo vulnera la privacidad, sino que también carece de una relación clara entre su implementación y los resultados que promete. Los datos recopilados son excesivos, innecesarios y, en muchos casos, irrelevantes para los objetivos declarados. Las cifras de extradiciones y detenciones reales demuestran que no estamos ante una herramienta diseñada para abordar un problema significativo. En lugar de ser una innovación, este modelo representa una anomalía en el contexto europeo y plantea serias dudas sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales. 

En la ecuación entre seguridad y libertad, debe primar siempre la libertad, especialmente cuando el recorte de esta no guarda relación alguna con el supuesto incremento de la seguridad. Un registro de estas características, con el tiempo, solo servirá para fines espurios de mayor control ciudadano, dejando toda esa información en manos de las autoridades y al alcance de cualquier policía en activo. 

Este registro, en definitiva, es un ejemplo preocupante de cómo las promesas de seguridad pueden ser utilizadas para justificar una invasión de la privacidad. Por ello, es fundamental exigir una revisión inmediata de esta normativa, que garantice la proporcionalidad, respete los derechos de los ciudadanos y restablezca la confianza en las instituciones democráticas.