El compañero Carlos Enrique Bayo destapó en su libro Villarejo, el poder de los secretos audios grabados no por Villarejo sino por la propia Guardia Civil, de conversaciones entre Ignacio González, expresidente madrileño, y Eduardo Zaplana, expresidente valenciano y exministro de Justicia, ambos condenados por casos de corrupción. En una conversación, González planteaba la necesidad de sustituir al juez Eloy Velasco de la plaza que ocupaba interinamente en la Audiencia Nacional, para que volviera a hacerse cargo el titular, destinado entonces a Europa, de nombre Manuel García Castellón. "Ya me apañaré con el titular, coño", le dice González a Zaplana.

Así que García Castellón regresó y desde entonces su trayectoria ha sido la siguiente: Salvó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de la causa Kitchen, referida a la utilización de la policía para impedir que trascendiera la corrupción del partido. Exoneró a Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña, de la causa Púnica, levantada por el juez Velasco por la corrupción de su gobierno. También García Castellón sacó a Ignacio González de la cárcel; archivó la causa contra el rey Juan Carlos I; no mostró ningún interés en averiguar quién era un tal M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas; persiguió judicialmente a Podemos sin conseguir nada… Ahora no tiene otra obsesión que imputar por terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira en contra del parecer de la fiscalía, quizás pensando que si reventa la amnistía hará caer al Gobierno de Pedro Sánchez, al que pretende presentar como cómplice de terroristas.

La amnistía no sería posible si no existiera la convicción de que el Estado se saltó las propias leyes para actuar brutalmente contra personas inocentes vinculadas o no con el proceso soberanista.

Por una vez, y no sentará un precedente, una ministra del Gobierno español se ha atrevido a decir muy suavemente las cosas como son. La vicepresidenta Teresa Ribera dijo: "Yo sería muy cauta en cuanto a cómo se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esa misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles".

Seguramente en otros países, la trayectoria del juez García Castellón habría sido objeto de investigación, aquí del Consejo General del Poder Judicial solo ha encontrado soporte y connivencia. E incluso el propio gobierno de Pedro Sánchez, supuestamente progresista al que pertenece la vicepresidenta, le ha desautorizado. Especialmente grave es la insolidaridad demostrada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, también jueza, referencia en otros tiempos de la defensa de derechos y libertades, que ha sucumbido a las exigencias más miserables de la razón de estado más antidemocrática.

Así que lo más grave de todo lo ocurrido con la llamada Operación Catalunya no son todas las delincuencias perpetradas por funcionarios públicos y gobernantes del más alto nivel jerárquico. Que se corrompan políticos y funcionarios es algo que, en los países democráticos, las leyes ya prevén que puede ocurrir y por eso establecen mecanismos de control y contrapoderes para vigilar a los vigilantes y castigar las conductas indecentes. El problema en España es la carencia de antídotos, el sistema es inmunodeficiente y no hay quimioterapia que elimine las células cancerosas. Lo más grave de lo que está pasando es la connivencia de jueces, de fiscales, de medios de comunicación y de la propia sociedad civil española que, por acción o por omisión, siguen participando todavía hoy para que la guerra sucia logre sus objetivos y los delincuentes quedan impunes.

Cuántos artículos hemos leído de Cebrianes, Cercas y Savaters vomitando sus escrúpulos contra la amnistía y ninguno sobre la guerra sucia del Estado. Callan porque la guerra sucia es el argumento de la amnistía.

Esta semana se han publicado documentos en El Nacional.cat y en otros medios con información de hechos que ponen de manifiesto un cúmulo de ilegalidades que han afectado y siguen afectando al funcionamiento de las instituciones. Alguien se ha referido como el Watergate español, pero el escándalo que derribó a Richard Nixon de la presidencia de Estados Unidos era por un asunto de espionaje electoral en el que Nixon dejó hacer. En cambio, aquí, según las informaciones aparecidas, no solo se espió, sino que desde el Ejecutivo presidido por Rajoy y con Soraya Sáenz de Santamaría de vicepresidenta, se ordenó a funcionarios públicos, malversando fondos reservados, la persecución de personas inocentes a base de fabricar pruebas falsas que algunos periodistas se prestaron a publicar y a continuación algunos jueces las utilizaron para procesar o encarcelar a los perseguidos; se alteraron resultados electorales, se tergiversaron hechos y pervirtieron leyes... Hay datos suficientes como para que el compromiso moral de algún fiscal o de algún juez le lleve a intervenir contra los sospechosos. Sin embargo, de momento nadie se ha dado por aludido, y lo significativo es que los diarios de referencia con sede en Madrid han silenciado el escándalo. Y en este sentido también corresponde fijar el foco en la intelectualidad española, presuntamente progresista, igualmente connivente con la infamia.

¿Cuántos artículos hemos leído de Cebrianes, Cercas y Savaters vomitando sus escrúpulos democráticos contra la amnistía y ninguno sobre la guerra sucia del Estado contra personas inocentes, algunas ni siquiera independentistas, solo por ser catalanes? Todo está relacionado. Callan la guerra sucia porque es el argumento que justifica la amnistía

De la misma forma que la amnistía de 1977 fue la manera de hacer justicia poniendo en evidencia la falta de legitimidad del régimen franquista para reprimir y encarcelar a los militantes de la resistencia democrática, la amnistía de 2024 también intenta hacer justicia y viene a reconocer de facto la falta de legitimidad de los poderes del Estado para actuar con la brutalidad física, política, policial y judicial con la que lo hicieron contra personas vinculadas o no con el proceso soberanista. La diferencia entre 1977 y 2024 es que hace 47 años el franquismo, avergonzado de la dictadura, se había quedado sin argumentos. En cambio, ahora el régimen no tiene vergüenza y sus intelectuales se han convertido en fanáticos de un statu quo que bien les ha retribuido.

La realidad es tozuda. La justicia española, auxiliada por sus amanuenses, continúa la operación para eliminar a Puigdemont, pero Puigdemont se mantiene en el centro del escenario y es el preferido de los catalanes para gobernar Catalunya. Y el conflicto catalán sigue determinando absolutamente la política española.

El Partido Socialista, que no tuvo escrúpulos para secundar la represión, ahora ha asumido la iniciativa de la amnistía porque no tenía más remedio para poder continuar en el poder, pero lo ha podido hacer porque en el fuero interno de una parte de la sociedad española, la que está representada por la actual mayoría gubernamental, existe la convicción de que el Estado ha perdido autoridad moral. De hecho, fue el propio Rubalcaba quien aceptó que “para sacar a Puigdemont de en medio el Estado pagará el coste y el Gobierno [de Rajoy] deberá ser hábil para que el descrédito del Estado sea lo más bajo posible”.

El descrédito ha sido más alto porque Jorge Fernández Díaz no es tan hábil como el añorado Rubalcaba y, además, la realidad es tozuda. Nadie puede decir sin ruborizarse que “España es una democracia plena y consolidada” si las instituciones persiguen a disidentes políticos como en las dictaduras. La justicia española, auxiliada por sus amanuenses, continúa la operación que tiene por objetivo eliminar a Puigdemont, pero Puigdemont se mantiene en el centro del escenario y, según la última encuesta, es el preferido de los catalanes para gobernar Catalunya. Y el conflicto catalán sigue determinando la política española.