Que de la pandemia salíamos más fuertes, ya estamos viendo que era una verdad a medias: saldrían más fuertes aquellos que, teniendo acceso a “información privilegiada”, se han dedicado a forrarse los bolsillos a nuestra costa. Nada nuevo bajo el sol, si no fuera porque se aprovecharon de una situación forzada de pánico, por las medidas absurdas impuestas a golpe de decreto, que nos obligaban a comprar un producto sin sentido a colegas, asesores, familiares de los que redactaban las leyes. Pero por lo que se ve, poco más podemos esperar de estos que “nos” gobiernan. Pero este ámbito sanitario, del que iremos conociendo más escándalos con toda seguridad, no es el único donde los pelotazos siguen funcionando para algunos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado martes el Anteproyecto de Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, algo que se esperaba desde hace años, para poder “meter mano” en el sector inmobiliario. Ha habido varios intentos que no han conseguido resolver los enormes problemas y abusos que la vigente ley permite. En 2018, 2021 y 2022 han sido los intentos más recientes de cambiar una ley que, desde que fuera modificada en 1975, ha intentado ser parcheada sin conseguir dotarla de la necesaria seguridad jurídica que se le demanda. Por mucho que Pilar Alegría, portavoz del gobierno actual, diga que esta vez sí que lo van a conseguir.
Según el actual Ejecutivo, con esta nueva redacción se trata de acabar con las sentencias que han venido declarando nulo de pleno derecho los planteamientos urbanísticos por ser ilegales, pasando al plano formal y pudiendo así determinar la anulación por otra vía. Se restringen de manera firme los mecanismos para que una planificación urbana sea tumbada, respondiendo así a las reclamaciones de la patronal inmobiliaria como de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se supone que, con esta nueva redacción, las agrupaciones locales podrán estar más seguras jurídicamente a la hora de tramitar sus planes urbanísticos. Al menos, así lo ha asegurado la vicepresidenta de la FEMP, alcaldesa de A Coruña.
Pero no todos los actores políticos reciben esta propuesta de la misma manera. Porque desde Sumar, por ejemplo, han advertido de lo que consideran problemas formales, sobre todo en lo que a la limitación de la intervención pública en los procesos urbanísticos se refiere. Entienden que esta propuesta de redacción presenta agujeros por los que bien podrían colarse algunas irregularidades urbanísticas, y así poder ser convalidadas. La formación morada, Podemos, tampoco ve con buenos ojos la aprobación de esta reforma. No ven diferencias respecto al texto presentado en 2018, al que ya se opusieron. Y es que, como ya denunciaron entonces, entienden que este nuevo texto lo que está haciendo, en realidad, es pretender rebajar las garantías exigibles a los proyectos urbanísticos, “cuando precisamente, se necesita todo lo contrario”, apunta la portavoz de la formación en Valencia.
Según explican desde Ecologistas en Acción, la clave de los cambios formulados por esta propuesta se encontraría en el hecho de que el Gobierno haya redactado el anteproyecto pensando en algo muy concreto, esto es, el desbloqueo de la conocida “Operación Chamartín”, o “Madrid Nuevo Norte”, uno de los grandes pelotazos urbanísticos del momento. Concretamente, el problema de esta operación se encuentra en que la mayor parte del suelo que ha sido expropiado para desarrollarlo no puede pasarse al promotor, debido a problemas de inscripción registral y a los derechos de reversión a nombre de los propietarios originales de los terrenos.
Pronto veremos el pelotazo del agua, que será el elemento más escaso (o eso nos dirán), y originará los próximos conflictos mundiales
Según consideran desde esta organización, el nuevo texto busca disminuir el riesgo de nulidad de un plan urbanístico, reduciendo las posibilidades para que puedan presentarse denuncias por parte de la ciudadanía. Las razones por las que se podrá recurrir, así como los plazos, han sido reducidas (limitando a cuatro años el recurso indirecto, en comparación al que existe ahora mismo, que no tiene límite temporal establecido). En este sentido, se cuestiona la propuesta existente, pues podría suponer una limitación de derechos de la ciudadanía e, incluso, llegar a ser inconstitucional.
Se sientan las bases, por lo que parece, para reactivar el sector del ladrillo, del pelotazo urbanístico, que tendrá que pisar con mucho cuidado el terreno, después de las múltiples situaciones abusivas con un bien que —se supone— debería estar amparado por la propia norma suprema, puesto que hablamos del acceso a la vivienda. Sin embargo, con la enorme implantación de los fondos de inversión en el sector, que ahora se expande también en el ámbito agroalimentario, no cabe duda de que su poder aumenta. Y con él, su capacidad de influir en la redacción de unas leyes que, cada vez más, dejan en evidencia su finalidad: proteger a los grandes inversores, y mirará hacia otro lado ante los gravísimos abusos que sus proyectos inasumibles generan.
Pronto veremos también el pelotazo del agua, que será el elemento más escaso (o eso nos dirán), y originará los próximos conflictos mundiales. No hace mucho, podía leerse algún que otro artículo donde se nos recomendaba invertir en agua, en un momento en el que se espera que el consumo mundial de agua aumente un 1% y las sequías nos lo pongan cada vez más difícil.
Goldman Sachs considera que la inversión en empresas que desarrollan tecnologías de tratamiento de agua, monitorización y gestión eficiente, puede generar réditos, tanto a nivel financiero como ambiental. Los sectores que más agua van a necesitar serán el de la agricultura, las farmacéuticas, los semiconductores, los generadores de energía, y la extracción de minerales, por lo que está bastante claro hacia dónde está enfocada la prioridad. Las inversiones de los fondos especializados en empresas relacionadas con la gestión del agua se han revalorizado más de un 10% en los últimos cinco años (https://emprendedores.es/ideas-de-negocio/invertir-agua-negocio-lucrativo/). Una vez más, los que se están comenzando a llenar las alforjas son los mismos de siempre: Pictet Water, iShares Global Water o Lyxor MSCI Water. Y algunas entidades de gestión ya han creado fondos especializados en el negocio del agua: BNP Paribas Aqua, Fidelity Sustainable Water & Waste Fund, Amundi, Allianz o Nomura.
A nivel mundial, se cuentan ya unas 300.000 compañías relacionadas con la industria del agua. Y va en aumento. A nivel “usuario”, basta con darnos cuenta del consumo de agua embotellada. Una pequeña muestra para entender que el negocio, por mucho que nos hablen de cuidar el medio ambiente, supone un enorme problema para ese fin. Beber agua embotellada nos cuesta entre 100 y 1.000 veces más caro (y ya podemos ir preparándonos ante la baja calidad del agua potable que tenemos en muchos grifos). El agua del grifo cuesta, de media en España, 0,00191 euros por litro y el de botella oscila entre los 0,25 y los 2 euros. Cada minuto se venden en el planeta un millón de botellas de plástico, según el estudio “Industria mundial del agua embotellada: una revisión de su impacto y tendencias”, de la Universidad de Naciones Unidas en Canadá. De mantenerse el ritmo, se producen al año 400 millones de toneladas de plástico al que las botellas de agua aportan el 5,5%.
Una muestra más de la incoherencia, del brutal negocio y de la escasez que nos llega, seguramente debido, en gran medida, a ello. Lo de preocuparse por nuestra salud, por el medio ambiente —como ocurre con la nueva ley de vivienda— es puro marketing. Lo que importa, en definitiva, es lo mismo de siempre, el siguiente pelotazo.