Once años han pasado de aquel terrible accidente que costó la vida a 79 personas y dejó a 145 heridas, según los datos oficiales. Sucedió en Angrois, a tres kilómetros de Santiago de Compostela. Once años de dolor, impotencia, rabia y una sensación tremenda de injusticia. Algo que la sentencia que conocimos ayer no cambia un ápice.
La decisión judicial que acaba de dictaminarse es susceptible de recurso, por lo que todavía podremos seguir viendo cómo se resuelve este asunto, y ojalá, llegue la justicia a aparecer en algún momento. Porque, desgraciadamente, en mi opinión, no lo ha hecho. Que se haya tardado tanto tiempo ya no tiene remedio. Eso no se va a poder arreglar, por mucho recurso que se interponga, por mucho que gritemos a los cuatro vientos todo lo que nos parece aberrante en este asunto. Y es un punto que no debería pasar inadvertido, porque una vez más, si la justicia es lenta, deja de ser justa.
Según la sentencia conocida ayer, la magistrada considera que la tarde del miércoles, 24 de julio de 2013, a las 20.39 horas, el tren Alvia, con recorrido Madrid-Ferrol, salió de la vía circulando a 176 kilómetros por hora. Tomó una curva que no debería tomarse a más de 80 kilómetros por hora. Según la jueza, el maquinista no tomó las precauciones necesarias, al haber respondido a una llamada justo en ese tramo. Le ha condenado a dos años y medio de prisión y le ha inhabilitado también para ejercer su profesión.
Hubo un momento durante el proceso en el que todo apuntaba a que la culpa se la iban a echar toda a Garzón, el maquinista. Pero en eso ha habido un pequeño giro de los acontecimientos: también se ha condenado al que fuera director de Seguridad de Circulación de Adif, el responsable de certificar que todo estaba en orden y que la línea era segura. Lo hizo pasando por alto un informe donde se analizaban de manera preliminar los riesgos y se advertía de la posibilidad de un descarrilamiento en Angrois. Un informe que además presentaba una propuesta, que era la de establecer un sistema de frenado automático denominado técnicamente ERTMS. Un sistema que, además, aparecía incluido en el proyecto presentado para iniciar las obras y que posteriormente fue eliminado, con el visto bueno del director de Seguridad de Adif. A este señor también se le ha condenado a dos años y medio de prisión y también se le ha inhabilitado. Lo mismo que a Garzón.
Que hayan condenado al director de Seguridad de Adif, supone responsabilidad para la empresa pública, que se ha esmerado -y mucho- en encasquetarle todo el asunto al conductor del tren. Si no hubiera sido por la intervención de instancias europeas, probablemente así habría sido. De hecho, desde Europa se han sorprendido de que la agencia que controla la seguridad ferroviaria esté “tan cerca” de los operadores de la red y que pueda ser parcial, como se ha denunciado en reiteradas ocasiones. En 2016, la Agencia Europea del Ferrocarril determinó que las pesquisas del Ministerio de Fomento que dirigía Doña Ana Pastor, incumplían las normas europeas al haberse permitido que Renfe y Adif se investigasen a sí mismas y hubieran pasado por encima sin profundizar en las causas del accidente. Le encasquetaron el marrón al maquinista y se lavaron las manos, básicamente.
Un conductor, Francisco José Garzón, de 52 años, experto en su profesión y sin tacha en su carrera. Que recibió una llamada de trabajo, por parte del interventor, para informarle sobre unos pasajeros y su parada prevista. Concretamente, el interventor, Antonio Martín preguntaba si el tren cabía por la vía de la estación de Pontedeume, donde se apearía una familia con niños. Una llamada que duró 100 segundos, es decir, un minuto y medio en el que el tren transcurrió por un túnel, un viaducto y otro túnel antes de entrar en la curva de A Grandeira, en Angrois. En ese lapso de tiempo, el tren circulaba a 195 kilómetros por hora, y cuando Francisco José quiso darse cuenta, y activar el freno de emergencia ya era tarde. Los próximos sesenta segundos supondrían el desastre, que se produjo a 179 kilómetros por hora.
Eran las 20.41 horas cuando oficialmente se produjo el accidente. Y el conductor habló con el puesto de mando en Atocha desde la locomotora volcada. “Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Pobres viajeros! ¡Ojalá no haya ningún muerto!”. Desde ese instante, todo fue terrorífico. Hubo 80 muertos, aunque se hayan reconocido oficialmente 79, puesto que uno de ellos se ha considerado que no falleció por causa directa del accidente, sino por una enfermedad previa que empeoró a raíz de este suceso.
Han tenido que ser las víctimas las que han removido Roma con Santiago para que resultase evidente que el Estado había sido presuntamente negligente y, además, se había querido desentender de su responsabilidad, haciéndole caer todo al maquinista
Eran 200 pasajeros. Y el transcurso del viaje había sido perfectamente normal. Hubo cuatro avisos de rutina durante el trayecto: dos avisos por ir a 201 kilómetros por hora, y otros dos por bajar de 197.
Dos días después, Garzón declaró y quedó libre, aunque con cargos. No fue el único imputado. Hubo veintidós en ese primer momento. El juez instructor, Almez, imputó a los responsables de seguridad, responsabilizó a 22 cargos y excargos de Adif. Un mes después, archivó sus imputaciones. La fase de instrucción termina y el único imputado que había era Francisco José Garzón, el maquinista.
Pero un año después, la Audiencia provincial decide reabrir la causa porque ha observado indicios de que Adif no había evaluado correctamente el riesgo existente en la curva. La razón, en verdad, tiene que ver con el toque que viene de la Agencia Ferroviaria Europea, como hemos indicado antes. Así es como un año después, se imputa también a Cortabitarte, quien fuera director de Seguridad de Adif. Se abre investigación sobre tres técnicos de INECO. Todavía estábamos en 2017. Se pidió entonces que los dos imputados presentasen una fianza de más de 57 millones de euros, que fueron cubiertas por las aseguradoras y las entidades públicas Renfe Operadora y Adif. Y no será hasta 2022 cuando comience el juicio. La Fiscalía solicita entonces cuatro años de prisión para el maquinista y otros cuatro para el director de seguridad, Cortabitarte.
A finales del 2021, entrevisto al portavoz y presidente de la Asociación de Víctimas del accidente de Angrois, Jesús Domínguez. Aquí puede recuperar, mi querido lector, la conversación que mantuvimos entonces. Ese mismo día, se presentó la denuncia contra el ministerio, por no haber asegurado correctamente las medidas de protección. En aquella entrevista, advertí en la presentación de la importancia que tenía este asunto. No solamente por la necesaria justicia para las víctimas, sino por los peligros que para toda la ciudadanía supone sentar este precedente.
Jesús me contó entonces que Renfe solicitó al director de Seguridad de Adif “que desconectara el sistema de seguridad por los retrasos que generaba”. Es decir: el propio ministerio se encargaba de investigar un hecho en el que había tomado parte, y una parte especialmente relevante. El señor Cortabitarte, que acaba de ser condenado, había sido el perito del accidente de Valencia, donde dijo que todo estaba bien. Manolo Mata, del Partido Socialista de Valencia, lo recordaba, precisamente ahora en redes sociales: “Cortabitarte, que como perito, dictaminó que en el accidente de metro de Valencia sólo había un responsable, el maquinista, ha sido condenado por el accidente de Angrois como responsable de que no hubiera medidas de seguridad para solventar un fallo del maquinista”.
No está mal recordar cosas como esta. Porque después de aquel peritaje, del accidente en Valencia, donde murieron más de cuarenta personas, a Cortabitarte le nombran director de Seguridad. Aunque fuera imputado, la Fiscalía retiró de manera sorpresiva su acusación en último momento. Justo después de este movimiento, el fiscal ha sido ascendido.
Y explicar que fue la Asociación de Víctimas quien acudió a Bruselas a denunciar ante la Comisión Europea que el propio ministerio estaba haciendo el informe de evaluación sobre el accidente del que podría haber tenido responsabilidad. Es importante subrayarlo, porque han tenido que ser las víctimas las que han removido Roma con Santiago para que resultase evidente que el Estado había sido presuntamente negligente y, además, se había querido desentender de su responsabilidad, haciéndole caer todo al maquinista.
No está mal recordar que el informe que se emitió desde Bruselas, demoledor, donde denunciaba a España por no ser imparcial ni actuar conforme a la ley, se guardó en un cajón hasta después de las elecciones. En 2019 se abre un procedimiento sancionador desde Bruselas contra España por estas irregularidades.
Desde el área de negocio de Renfe, se solicita a Adif que desconecte el sistema de seguridad “porque se producen retrasos”
Las víctimas se han sentido toreadas tanto por Ana Pastor como por José Luis Ábalos. PP y PSOE. Les ha tocado abrir un proceso por vía administrativa para sentar a los responsables. Después de once años pasándolas canutas, sin poder pasar página, sintiéndose engañados.
La opinión pública tiene que saber que el proyecto presentado, diez años antes, llevaba el sistema de seguridad desde Ourense hasta Santiago. José Blanco era ministro entonces, y se modificó el proyecto, de manera que el sistema de frenado de seguridad señalado, se elimina en ese último tramo. No daba tiempo, y según explicaba Jesús en la entrevista, Blanco quería inaugurar ese proyecto dentro de su mandato como ministro. Blanco inaugura la línea con el sistema de seguridad sin instalar, justo antes de la curva. Y cuanto Ana Pastor entra en el ministerio, ponen el tren. Y al ponerlo en marcha, se producen una serie de retrasos “porque el sistema de seguridad, si nota algo raro, se detiene”. “Por las prisas, no estaba bien configurado, y al salir de Ourense, a veces se producían retrasos”. Nos habíamos gastado 3.000 millones de euros en 87 kilómetros, me recordaba Jesús. Desde el área de negocio de Renfe, se solicita a Adif que desconecte el sistema de seguridad “porque se producen retrasos”.
El periodista Javier Lezaola ha publicado hoy un mensaje: “El pacto para que Pepiño Blanco (el que quería fichar al sinvergüenza del exministro) y Ana Pastor (la verificadora no, la otra) se fuera de rositas del accidente de Angrois es también bipartidismo, y del peor. Tenemos que tener claro de una vez la mafia que tenemos enfrente y hasta dónde llega”. Y apunta hacia un lugar muy determinado: “El pacto de la curva”. Una manera de encabezar el comunicado que la plataforma de víctimas de Alvia ha publicado al conocerse la sentencia. ¿A qué se refieren bajo este título?
El periodista Anxo Lugilde lo explica muy bien cuando escribe: “El pacto de la curva, que, como sostiene la Asociación de Víctimas del Tren Alvia, ha sido desmantelado por la sentencia del accidente de Angrois, fue un acuerdo informal al que llegaron al día siguiente, en el lugar del siniestro, la ministra de Fomento Ana Pastor y el jefe de la oposición, Rubalcaba. El pacto de la curva consistió en un cierre de filas de PP y PSOE para afianzar la verdad oficial de que uno de los peores accidentes ferroviarios en la UE en décadas se debió sólo al despiste del maquinista. Se estableció un compromiso de no agresión entre ambos partidos. Tras su conversación con Pastor, Rubalcaba dio instrucciones a las direcciones del PSOE local y gallega. La ministra informó del pacto de la curva a la cúpula del PP. Al presidente de la Xunta, Feijóo, fue a quien más le costó asumirlo, pues era la ocasión de acabar con Blanco. Con el apoyo del principal del partido de la oposición, el Gobierno y la Xunta, ambos del PP en 2013, apelaron a la razón de Estado para no manchar el prestigio de la alta velocidad ferroviaria en España, cuando optaba a un contrato en Brasil, tras el de la Meca. En la sentencia se ve que, desde su concepción de su papel en la sociedad, los aparatos de PP y PSOE casi se sintieron obligados a entenderse en todo lo referente a la catástrofe Angrois, como el mejor modo de proteger sus intereses mientras se despellejaban en otros frentes.
La línea Ourense-Santiago se construyó en la era de Zapatero, pero entró en servicio justo cuando Rajoy le sucedía. Una parte de la responsabilidad que ha supuesto la condena del exdirector de seguridad de Adif era de la etapa del socialista Blanco y otra, de la popular Pastor. El pacto de la curva supuso que el Ministerio de Fomento se investigase a sí mismo, a través de una supuesta comisión independiente, cuyo dictamen utilizaron la fiscalía y la judicatura para parar los intentos del primer juez instructor, Luis Aláez, de investigar a fondo.
El pacto de la curva descarriló en Bruselas. Con la ayuda de la representante del BNG en Bruselas, Ana Miranda, las víctimas del tren expusieron el caso ante la Agencia Ferroviaria Europea, escandalizada por la falta de un sistema automático de seguridad y una investigación independiente. Como desveló el periodista David Reinero en Praza Pública, el Gobierno de Rajoy presionó sin éxito a la Comisión Europea para que no hiciese público el informe de la Agencia Ferroviaria. Así la Audiencia coruñesa abortó el plan para juzgar sólo al maquinista. La ruptura entre Pedro Sánchez con su antiguo jefe José Blanco, cuando fue defenestrado como líder del PSOE, provocó una fisura en el pacto de la curva que permitió la creación de una comisión de investigación el Congreso de los Diputados, al dejar de oponerse los socialistas. Pese al compromiso de Podemos de impulsar una verdadera investigación del accidente de Angrois, como pide la UE, no se realizó ni con el Gobierno del PP, ni con el PSOE en solitario, ni con el de coalición con los de Iglesias y Díaz. Tampoco el BNG se la exigió al PSOE. La intervención de la UE sí provocó que la Audiencia de A Coruña ordenase reabrir el caso con un segundo imputado, además del maquinista: el exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Ambos ocuparon el banquillo de los acusados en el juicio. En 2023, en el último trámite del juicio, la Fiscalía retiró la acusación contra el exdirector de Adif, de manera que se volvía al intento de condenar sólo al maquinista y exonerar al Estado, lo que para la Agencia Ferroviaria Europea supondría un gran retroceso en seguridad. El giro de la Fiscalía no impidió que en su sentencia la jueza Fernández Currás desmontase la verdad oficial del despiste del maquinista como causa única. Pone al mismo nivel el cambio del proyecto y la desconexión del sistema de seguridad ERTMS en la zona anterior a la curva. Víctimas Alvia 04155, plataforma nacida después de la que una primera asociación se entregase a la Xunta, logró, contra viento y marea, la condena de la Administración en primera instancia. Víctimas Alvia 04155 fue la plataforma, presidida por Jesús Domínguez, que consiguió llevar el caso de la no investigación en profundidad del accidente de Angrois, con 79 muertos, ante las máximas instancias de la Unión Europea.
El pacto de la curva consistió en un cierre de filas del PP y PSOE para afianzar la verdad oficial de que uno de los peores accidentes ferroviarios en la UE en décadas se debió sólo al despiste del maquinista
La incógnita está en si el pacto de la curva renacerá en el Supremo o si el fallo no cambiará. Este asunto va a tener recorrido. No cabe duda. Ya se han anunciado recursos ante la sentencia. Pero hoy yo quería escribir sobre todo un caso que me parte el alma. Y me parte el alma por distintas razones. El accidente se podría haber evitado si se hubieran hecho las cosas como se debían hacer. Si hubiera estado instalado el sistema de freno que constaba en el proyecto, y que estaba comprometido, la terrible catástrofe no se habría producido.
Aunque Francisco José hubiera contestado a la llamada de su interventor (que, dicho sea de paso, quizás no debería llamar mientras el compañero conduce). Es más, ¿por qué no se establece un sistema que elimine la posibilidad de recibir llamadas que no sean de estricta emergencia? ¿Cómo podía saber el maquinista si la llamada era para algo urgente o no, hasta que no la respondiera y atendiera, como hizo, unos segundos?
Me parece aberrante que las víctimas tengan que estar luchando contra el Estado. Que los partidos se cubran unos a otros cuando es evidente quién tomó las decisiones y por qué razones políticas se actuó como se actuó. Es aberrante que se articule todo un sistema para encasquetarle los muertos al maquinista, que está viviendo un calvario, añadido al del accidente, porque otros quieren que alguien pague por lo que no fue culpa suya.
La juez está segura de que si el maquinista no hubiera estado al teléfono, el accidente no se habría producido. Y pone al mismo nivel este hecho con la falta del sistema de seguridad.
Leer la sentencia es para tirarse de los pelos. Porque es injusta, porque no es ponderada, porque el maquinista no merece esto. Como tampoco lo mereció el de Valencia. Porque los 3.000 millones de euros eran para asegurar la protección por encima de la eficacia del servicio. Eso es lo que nos importa a los ciudadanos. Y que la justicia sea justa. Y que sea el Estado quien se vuelque con las personas afectadas, y depure todas las responsabilidades habidas y por haber. Y lo haga rápido. Justo al revés de todo lo que se ha hecho.
Sigo este asunto desde el primer instante. Son muchas y diversas las razones que me mueven a hacerlo. Y explicar todo esto me parecía una obligación moral. Y que cada uno de nosotros lo hagamos, también. Viendo lo visto, cualquiera, en cualquier tren puede sentirse igual.