Se ve que no se sabía que la judicatura española no aplicaría la amnistía ni a Carles Puigdemont ni a Oriol Junqueras ni al resto de dirigentes que había en el PDeCat (después JxCat) y en ERC en el momento del referéndum del Primer d'Octubre y que aún hoy o bien son perseguidos los que se marcharon al exilio (Antoni Comín y Lluís Puig) o bien están inhabilitados los que se quedaron (Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull). No se entiende a qué vienen, pues, tantos aspavientos por una decisión que estaba cantada de los jueces del Tribunal Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena de pasarse por el forro la ley aprobada por el Congreso. Y es que si los beneficiarios finalmente burlados por el comportamiento prevaricador de estos togados es de verdad que están sorprendidos, significa que todos ellos todavía son más bobalicones de lo que se podía esperar.

El caso es que unos y otros ya se habían montado la película, talmente como si del cuento de la lechera se tratara, sobre qué harían con la amnistía bajo el brazo y ahora resulta que todo lo que habían previsto ha quedado en nada. ERC y JxCat pusieron la aprobación de una ley de amnistía como condición para investir a Pedro Sánchez tras las elecciones españolas del 23 de julio de 2023 y, en este sentido, no se puede decir nada contra el líder del PSOE, porque él ha cumplido. Es la judicatura española de la que depende su aplicación la que boicotea el acuerdo. Y la consecuencia es que, una vez más, el presidente del gobierno español se sale con la suya —continuar en la Moncloa— y los dirigentes de los partidos catalanes se quedan con un palmo de narices habiéndole hecho el trabajo a cambio de nada. Una situación que se veía a venir desde el primer momento y sobre la que muchos habían alertado.

La justicia española no permitirá nunca que el 130.º presidente de la Generalitat atraviese el Pirineo si no es esposado y preso, y lo hará aunque tenga que prevaricar —como en realidad ha hecho desde el primer día que construyó una causa general contra Catalunya completamente ficticia—, porque sabe que puede proceder con total impunidad sin que ninguno de sus actos tenga consecuencias para su trabajo. Al contrario. Por eso Manuel Marchena y Pablo Llarena —y también Joaquín Aguirre respecto a la llamada trama rusa— pueden permitirse el lujo de dejar en papel mojado la ley de amnistía, en lugar de cumplirla, retorciendo como siempre los argumentos, en este caso el de la malversación, cuando incluso el Pepito Grillo del PP de la época del proceso independentista, el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro, había mantenido siempre que no había habido despilfarro de caudales públicos. Y él lo conocía de primera mano, porque en ese momento las finanzas de la Generalitat estaban intervenidas.

El archivo del caso Tsunami Democràtic y el revés que supone para un juez de la Audiencia Nacional como Manuel García-Castellón, a punto de jubilarse —¿de verdad que se debe a un error?—, a pesar de ser una buena noticia para los encausados —entre ellos Marta Rovira, que ya se ha apresurado a regresar después de seis años en Suiza—, no deja de ser un episodio más de cómo los poderes del Estado español han usado y usan la judicatura para perseguir la disidencia catalana. Cuando les ha interesado, han disparado contra todos los que se han encontrado por delante, y cuando se han dado cuenta de que la causa les podía perjudicar, porque era una evidencia en todas partes que la acusación de terrorismo por haber ejercido el derecho de protesta con manifestaciones en la calle no se aguantaba por ningún lado, la han dejado caer y a otra cosa. Pero el mal ya estaba hecho. Y, si no, que se lo pregunten a los miembros del Comité de Defensa de la República (CDR) investigados también por terrorismo en la llamada operación Judas y a los que la propia Audiencia Nacional se resiste a amnistiar y elevará una consulta previa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dilatar todo lo posible el proceso. Un camino que se puede hacer muy largo si, además, al final tiene que acabar interviniendo también el Tribunal Constitucional.

La justicia española no permitirá nunca que el 130.º presidente de la Generalitat atraviese el Pirineo si no es esposado y preso, y lo hará aunque tenga que prevaricar

En este escenario, es inconcebible que, después de casi siete años, desde 2017, de maniobras de todo tipo contra el movimiento independentista y después, en fin, de más de tres siglos de persecución de todo lo que tiene que ver con Catalunya, esta manera de proceder todavía sorprenda a alguien. El hecho, sin embargo, es que a los dirigentes de JxCat y ERC que habían depositado todas las esperanzas en la ley de amnistía para resolver sus situaciones personales les ha quedado cara de memos. Aunque es curioso observar cómo solo cuando la cosa les ha afectado a ellos directamente se han apresurado a montar una cumbre en Waterloo —ERC, JxCat, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Associació de Municipis por la Independència (AMI)—, pero no para rehacer la unidad del soberanismo dañada desde hace tiempo, sino para ver qué salidas tenían. Una de las posibilidades será el llamamiento a la movilización que se plantea llevar a cabo JxCat —de momento tiene previsto un acto el día 27 en la Catalunya Nord— para evitar el encarcelamiento de Carles Puigdemont cuando vuelva a Catalunya para asistir, si cumple la promesa que hizo, a la sesión de investidura en el Parlament del nuevo president de la Generalitat, sea la suya o la de otro candidato, aunque fuera a riesgo de ser detenido.

JxCat parece dispuesto a hacer del regreso del 130.º president de la Generalitat a Catalunya un martirologio, convencido de que le reportará un buen puñado de votos en las urnas. Pero lo que no está nada claro es que ahora tenga sentido el retorno de Carles Puigdemont para ser encarcelado y que cuando políticamente lo habría tenido todo, en algún momento de estos siete años, no se produjera. Él ya había calculado que gracias a la ley de amnistía esta vez sí que podría volver, pero se había equivocado a la hora de dar por hecha la parte principal de la premisa, que es que los jueces aplicarían la ley. En cualquier país llamado democrático, esto sería así. En España, en cambio, todo es diferente. Los jueces son los primeros que incumplen la ley y que actúan de manera absolutamente contraria a la Constitución que tanto enarbolan cuando de defender la sacrosanta unidad del estado se trata.

Será un caso digno de estudio para generaciones futuras, el de una democracia tan imperfecta que es la judicatura la que cada día un poco más deja hecha añicos la separación de poderes y se carga el Estado de derecho. Y, mientras tanto, los súbditos catalanes a la fuerza de este Estado español que los encorseta se encuentran más indefensos ante prácticas propias de regímenes autoritarios y absolutistas que parecían periclitadas, pero que en esta parte del sur de Europa todavía subsisten gracias a la complicidad de una Unión Europea que mira hacia otro lado. Por eso es tan fácil que aquí una ley de la trascendencia de la de amnistía quede efectivamente en nada, en poco más que papel mojado. Esto sí que es un golpe de Estado.