Pilar de Borbón, Oleguer Pujol, Micaela Domecq, Francisco y Juan José Franco, Francisco Paesa, Arturo González Panero, Miguel Blesa, Alberto Alcocer, Alberto Cortina, Mario Vargas Llosa, Agustín y Pedro Almodóvar, Imanol Arias, Bertín Obsborne, Borja Thyssen, Marina Ruíz Picasso, Messi, Àlex Crivillé, Josep Lluís Núñez… y ahora un tal José Manuel Soria. Saldrán más. Según El Confidencial y la Sexta, hasta 1.200 sociedades con 558 accionistas, 166 intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal en España.
Pero a estas alturas ya se habrán percatado ustedes de que Panamá está llena de sociedades inactivas, sin fondos, creadas por despiste, por si acaso o porque alguien se despertó una mañana y en lugar de irse a la oficina se fue hasta América Central, utilizó el nombre de otro sin permiso y creó una sociedad offshore para hacerle la puñeta.
España es así. Mientras en Islandia dimite el primer ministro ante el alborozo general de miles de ciudadanos amotinados en el Parlamento de Reikiavik y en el Reino Unido la presión de los ingleses obliga a Cameron a hacer un desnudo fiscal sin precedentes, aquí Bertín Obsborne se declara “encabronado” por tener que dar explicaciones sobre “algo legal”, a la tía del Rey le parece que todo es un escándalo montado por la prensa… y el señor Soria -que, aunque en funciones, es un ministro- decide solemnemente “autorizar” a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que recabe de las autoridades de Panamá toda la información que desee sobre su persona.
Autorizar es aprobar o dar validez a algo, y José Manuel Soria, al parecer, entiende que es preciso su permiso para que la Fiscalía recabe información sobre su participación en sociedades registradas en paraísos fiscales. No lo es, pero entre que la Audiencia decide o no hacerlo, bastaría con que el ministro hiciera públicos todos y cada uno de los documentos societarios en los que aparece; aclarara por qué su nombre fue sustituido por el de su hermano en alguna sociedad de los papeles de Panamá; que despejara los motivos ocultos por los que alguien haya podido falsificar su firma y que supiera que un gobierno está obligado, política y moralmente, a comparecer ante el Congreso aunque no tenga la confianza de la Cámara.
Ser titular de una sociedad 'offshore' y ejercer la actividad pública es absolutamente incompatible en un país democrático
Es precisamente ahora que el Gobierno está en funciones y España asiste perpleja a este cataclismo moral, cuando los responsables políticos tienen que dar más explicaciones que nunca ante el Parlamento.
Es precisamente ahora que millones de españoles tienen que cumplir con la declaración de la Renta, cuando el ministro y todos aquellos que aparecen en los papeles de Panamá están obligados a demostrar que lo de “Hacienda somos todos” no era sólo un lema publicitario.
Es precisamente ahora que en el PP parecen convivir dos PP, cuando los jóvenes vicesecretarios generales deben decir alto y claro que ni las explicaciones de Soria son convincentes ni que el ministro haya hecho un ejercicio de transparencia sin parangón, como pretende hacernos ver.
Es precisamente ahora que el interés partidista de la política nos va a obligar a pasar de nuevo por las urnas, cuando los partidos debieran dar garantías de que ser titular de una sociedad offshore y ejercer la actividad pública es absolutamente incompatible en un país democrático.
Es precisamente ahora que el PP está a punto de pedir de nuevo el voto para sus siglas, cuando sus dirigentes deben distinguir entre la responsabilidad política y la penal.
Es precisamente ahora cuando en España más que nunca los políticos necesitan aprender a conjugar el verbo dimitir.