La creación de una Comisión de Investigación en el Congreso sobre la “Operación Catalunya” es una oportunidad crucial para abrir el acceso a la verdad sobre los abusos de poder y las prácticas ilícitas gestadas dentro del Estado. Este proceso, que ha marcado la vida de personas inocentes y pervertido los cimientos de la democracia, requiere una indagación exhaustiva para esclarecer quiénes estuvieron detrás de la manipulación del sistema de justicia y los recursos empleados para tales fines. 

Desde el inicio de esta operación, la falta de transparencia en la administración de justicia ha levantado una nube de sospechas sobre las acciones de quienes, amparados en instituciones del Estado, ejecutaron prácticas persecutorias contra líderes y defensores del movimiento independentista catalán. La estrategia represiva se ha sostenido en tácticas consistentes y calculadas, como la fabricación de casos judiciales a partir de informes policiales falsos, manipulados u omitidos en datos exculpatorios, generando una narrativa que criminaliza a individuos específicos y a grupos enteros. 

Las prácticas de la Operación Catalunya muestran un esquema de represión que difícilmente podría considerarse improvisado. Los procedimientos replican patrones consistentes, evidenciando una organización significativa. El objetivo: señalar a personas influyentes o relevantes en determinado momento, y establecer la necesidad de “destruirlas”, borrando cualquier influencia que pudieran tener sobre la opinión pública, la justicia o el desarrollo democrático en Catalunya. 

El proceso incluye la creación de informes policiales que distorsionan la realidad, valiéndose de datos sin fundamento o manipulados para omitir elementos exculpatorios. Estos informes apócrifos tienen el poder de construir una ficción en la que la acusación se convierte en una condena mediática anticipada. Posteriormente, los informes falsos se filtran a los medios de comunicación, generando una deshumanización de las víctimas y una imagen distorsionada que las priva del apoyo y de la presunción de inocencia en sus entornos sociales y profesionales, derechos básicos en cualquier democracia. 

Esta dinámica represiva no persigue exclusivamente la destrucción de personas, sino que criminaliza los ideales y causas que representan. Se pretende, en última instancia, deslegitimar la causa independentista y desacreditar a cualquier líder o defensor que apoye los derechos de este colectivo. Así, la Operación Catalunya se convierte en una persecución hacia toda una ideología y un ataque a la libertad de expresión y asociación. 

Esta dinámica represiva criminaliza los ideales y causas que representan. Se pretende deslegitimar la causa independentista y desacreditar a cualquier líder o defensor que apoye los derechos de este colectivo

Hasta el momento, se desconoce el alcance total de los procedimientos penales derivados de esta operación. Sabemos de algunos mecanismos empleados y de personas involucradas, pero se ignora la extensión total de los recursos utilizados y las directrices que se impartieron para ejecutar las órdenes. Esto impide una visión completa de la operación y, por ende, dificulta que se haga justicia a los afectados. Aquí radica la importancia de la Comisión del Congreso: en su capacidad para reunir testimonios y pruebas que permitan descifrar el alcance de esta represión y dar a las víctimas la oportunidad de defender su honor y dignidad. 

Los derechos y principios que definen una democracia no pueden permitir que se esconda la verdad bajo la excusa de la “razón de Estado” o la “unidad nacional”. La verdad no solo es un derecho de quienes fueron víctimas de esta persecución, sino una necesidad de toda la sociedad española. Los ciudadanos tienen derecho a saber si los órganos de seguridad del Estado, así como ciertas instituciones judiciales, se han convertido en herramientas de represión, desviándose de su función de protección y justicia. 

El uso de medios paraestatales en la Operación Catalunya plantea un grave problema de legitimidad democrática. Cualquier sistema democrático necesita un estricto control sobre sus mecanismos, especialmente cuando se ven implicados en abusos de poder. Es inaceptable que se financien operaciones clandestinas con fondos públicos o se utilicen recursos e instituciones del Estado para fines represivos. 

Uno de los principales objetivos de la Comisión de Investigación es arrojar luz sobre estas prácticas, para esclarecer las responsabilidades de quienes participaron en ellas. Solo mediante una investigación detallada será posible reparar el daño a las víctimas, restaurando su buen nombre y proporcionándoles herramientas legales para defenderse en los tribunales. La falta de una respuesta institucional hasta ahora ha permitido que estos actos se mantengan impunes, afectando gravemente no solo a los involucrados, sino también a los valores democráticos y al derecho a la justicia. 

Para que el trabajo de la Comisión tenga un efecto real debe contar con el poder de investigar a fondo y sin trabas, con acceso a toda la documentación relevante. Debe también contar con un marco jurídico que permita a las víctimas buscar la reparación y obtener justicia en un contexto en el que las consecuencias de la Operación Catalunya son visibles en la vida de los afectados. Los tribunales deben rechazar cualquier caso basado en estas prácticas ilícitas. Además, es esencial que se otorgue a los afectados el derecho a una compensación adecuada y a la restauración de su honor. 

La falta de una respuesta institucional hasta ahora ha permitido que estos actos se mantengan impunes, afectando gravemente no solo a los involucrados, sino también a los valores democráticos y al derecho a la justicia. 

Uno de los aspectos más perturbadores de la Operación Catalunya es el abuso de poder que pone en evidencia. Estas acciones no solo dañan a personas específicas, sino que contaminan el sistema entero, desacreditando las instituciones y minando la confianza de la ciudadanía en la democracia. Una democracia sana no debería temer la verdad ni permitir que se empleen mecanismos oscuros para destruir las vidas de personas cuyo único “delito” ha sido ser defensores de un ideal o movimiento legítimo. 

La Comisión de Investigación tiene la responsabilidad de cuestionar y erradicar esas prácticas, creando mecanismos que impidan su repetición en el futuro. La transparencia, el control y la rendición de cuentas son esenciales en cualquier sistema democrático que busque representar y proteger los derechos de sus ciudadanos. La Comisión debe poner en evidencia los abusos cometidos, asegurando que las instituciones del Estado operen en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos. 

La puesta en marcha de la Comisión de Investigación sobre la Operación Catalunya marca un punto de inflexión en la lucha por los derechos y la justicia en el conflicto entre Catalunya y España. No es solo un procedimiento legislativo, sino un acto de justicia hacia quienes han sido víctimas de abusos y una oportunidad para reconstruir la confianza de la sociedad en sus instituciones. La verdad debe salir a la luz para garantizar que no se repitan prácticas tan deleznables y se respeten los valores democráticos que España proclama defender. 

Este proceso será largo y, posiblemente, incómodo para algunos, pero es indispensable para el fortalecimiento de una democracia plena y justa. La Operación Catalunya debe convertirse en un recordatorio de lo que no debe ocurrir en un Estado de derecho. Solo mediante la exposición total de estos hechos se podrá construir un futuro en el que las instituciones actúen al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción de ideologías o creencias. 

Es momento de que la democracia española demuestre su compromiso con la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. La Comisión de Investigación no debe limitarse a abrir archivos y escuchar testimonios; debe sentar las bases para una regeneración del sistema, permitiendo que la justicia sea realmente imparcial y garantizando que nadie vuelva a sufrir una persecución por sus ideas o creencias.