La pequeña crisis de los presidentes español y argentino ha dejado una frase de Pedro Sánchez para la historia: “El patriotismo está por encima de las ideologías”. La podría firmar cualquier político autoritario, tanto de los años treinta como de la actualidad. La frase da por entendido que el patriotismo no es una ideología. Y quizás da también por entendido que patriotismo y nacionalismo no son equivalentes. En fin, quizás lo que resulta más grave, más que un resbalón debido a las pasiones políticas del momento, es la pésima teoría política implícita que acarrea la frase.
El discurso habitual del presidente español tiene otras carencias claras. Por ejemplo, cuando habla de "convivencia entre los catalanes", como si aquí nos estuviéramos matando por las calles, mientras que, como todo el mundo sabe, el clima de "convivencia" en las instituciones y los medios de comunicación españoles es de una paz y una elegancia reconfortantes.
Y lo que resulta más preocupante es lo que no siempre se dice, pero que queda implícito. Como pretender que decisiones como los indultos (motivados por instituciones europeas) o la ley de amnistía son medidas que solucionan el contencioso existente entre buena parte de la ciudadanía de Catalunya y el Estado. Pues no. La amnistía no significa la desjudicialización del conflicto de fondo. Es solo un parón provisional en la represión del Estado ante el independentismo. De momento, hay nuevos exiliados y siguen activos juicios relacionados con el ejercicio de derechos individuales y colectivos en los tribunales ordinarios, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Supremo. Todo el rosario de actos represivos continuará.
El contraste entre las sentencias y decisiones de los tribunales españoles y de los tribunales europeos es digno de organizar un máster especializado. La abogacía del Estado ha llegado a argumentar que el Tribunal Constitucional (TC) puede hacer injerencias en los parlamentos territoriales para impedir que se debata sobre la autodeterminación o la monarquía. ¿Razones?: todo lo reduce a la mera obligación de obedecer los requerimientos del TC, sin más. Se trata de una óptica de "picapleitos", muy poco congruente con lo que requiere una democracia liberal avanzada, especialmente en un Estado caracterizado por un profundo pluralismo nacional. No se trata, como a veces algunos críticos defienden, de que el TC esté vulnerando la libertad de expresión de los parlamentarios elegidos por la ciudadanía, sino de algo más grave, de una vulneración de la separación de poderes y, por lo tanto, del Estado de derecho.
Haría falta que las fuerzas independentistas de Catalunya, mientras no puedan sacar al país del Estado, establecieran medidas para ir sacando al Estado del país, el Estado de Catalunya
Otro punto débil, muy débil, del Estado de derecho español con relación al independentismo, es la flagrante ausencia de imparcialidad de buena parte de los jueces de la cúpula judicial. Tal como he mencionado en otras ocasiones, el Estado español no podrá considerarse un Estado de derecho hasta que no se reformen profundamente cinco instituciones: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional (que debería suprimirse al ser una rara avis en términos europeos), Tribunal de Cuentas, Fiscalía y Consejo General del Poder Judicial (bloqueado desde hace años por la ejemplar "convivencia" de los dos principales partidos estatales). Naturalmente, eso se añade a los comportamientos impunes del espionaje político por parte del Estado o a las prácticas de la agenda oculta de las "policías patrióticas".
Catalunya intentó en la reforma del Estatut (2006) el modesto objetivo, no de descentralizar el poder judicial español, sino simplemente de "desconcentrarlo", estableciendo algunas medidas propias de carácter secundario. Tampoco eso se pudo hacer (sentencia del TC de 2010). De hecho, el poder judicial español no está relacionado ni siquiera con el estado de las autonomías. Está organizado bajo premisas de estado unitario centralizado. Una característica que se añade a la continuidad de cultura procesal y de funcionamiento con el poder judicial de la dictadura.
Una gran rémora, quizás la peor, de los aspectos mal resueltos en la Transición de los años setenta fue la falta de reforma del poder judicial. Creo que haría falta que las fuerzas independentistas de Catalunya, mientras no puedan sacar al país del Estado, establecieran medidas para ir sacando al Estado del país, el Estado de Catalunya. Y una de ellas consiste en pactar medidas para disponer de una institucionalización judicial propia desconectada de la herencia de la dictadura franquista y de su nacionalismo antiliberal y antidemocrático ("El patriotismo está por encima de las ideologías"). Mientras el poder judicial español tenga efectos directos sobre el independentismo, este estará hipotecado al tener que consumir tiempo y energías en la lucha antirrepresiva y no en el objetivo de adquirir un reconocimiento y un autogobierno que sean propios de un país con una personalidad nacional diferenciada.