Que ni veinticuatro horas después el PSOE pusiera en cuestión el contenido de los acuerdos alcanzados con JxCat da fe de la solidez del pacto que la semana pasada permitió validar en el Congreso los decretos-ley del Gobierno de España sobre medidas económicas y judiciales (el de medidas laborales no prosperó porque Podemos votó en contra). JxCat lo ha vendido como quién sabe qué y el PSOE lo ha aguado tanto como ha podido. El resultado es que Pedro Sánchez salva la primera votación comprometida tras la investidura y se sigue saliendo con la suya, y lo hace sin pagar por adelantado, y que los de Carles Puigdemont se lo van comiendo todo sin cobrar nada por adelantado. 

Esta vez la escenografía no ha sido diferente de las anteriores: JxCat ha acabado haciendo justo lo contrario de lo que había dicho que haría, de hecho como hace desde que las elecciones españolas del 23 de julio del 2023 le dieron la condición de fuerza decisiva. Tras prometer por activa y por pasiva que de ninguna de las maneras apoyaría los decretos-ley en cuestión, dio marcha atrás con una maniobra de última hora según la cual, a cambio de aprobarle los textos al PSOE, obtenía una serie de mejoras para Catalunya, que se apresuró a presentar con la gesticulación y la estridencia que caracteriza últimamente su actuación en Madrid. Y visto desde lejos todo aparentaba ser muy bonito, pero el problema es que, visto de cerca, nada es lo que parece. Un acuerdo, además, del que se desprenden muchas otras derivadas en clave no sólo política, sino también electoral.

Según JxCat, al PSOE le arrancó la delegación integral de las competencias en inmigración mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución, la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que permitiría que los jueces bloquearan la aplicación de la amnistía presentando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la publicación inmediata de las balanzas fiscales, la reforma de la ley de sociedades para facilitar que las empresas que se marcharon de Catalunya el 2017 puedan volver, el incremento de los fondos previstos para la digitalización de la administración de justicia de 1,2 millones de euros a 6,2 millones, la asunción por parte del estado de la totalidad del coste de los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público, el reconocimiento de los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local, y la reducción del IVA del aceite al 0%. Ocho puntos de acuerdo —curiosamente, sin embargo, JxCat ha dicho que solo eran siete (sic)— que algunos han querido comparar con el pacto del Majestic, suscrito entre CiU y el PP el 1996, pero que en realidad no tienen nada que ver. Uno era una alianza de legislatura y los otros son un acuerdo vestido deprisa y corriendo para que todo el mundo pudiera salvar los muebles. Y no son lo mismo básicamente porque si la política de Jordi Pujol del peix al cove era censurada por quienes creían que se vendía por un plato de lentejas, la réplica que ahora pretende emular JxCat, pero también ERC, lo sería porque considerarían que se vende no por un plato de lentejas, sino tan solo por la promesa de un plato de lentejas.

Tanto JxCat como Esquerra han devaluado y despreciado los acuerdos que no eran suyos, peleándose por ver quién pacta más y mejor con un Pedro Sánchez que se pega un hartón de reír mientras ellos discuten

Que el PSOE haya enmendado la plana a JxCat —incluso el propio Pedro Sánchez no se ha estado de tirar agua al vino— es la demostración de que las cosas no son lo que algunos quieren que parezcan. Y es que, según los ministros españoles, todo tiene muchos matices y mucha letra pequeña. Delegar las competencias en inmigración, por ejemplo, es un trabajo largo y complejo porque se debe determinar qué atribuciones se pueden transferir y cuáles no —España no cederá nunca el control de fronteras a nadie, como ha dejado claro el presidente del Gobierno en persona avisando de que la expulsión de inmigrantes es exclusivamente cosa suya—, pero aun así la Moncloa se abre a delegarlo a todas las autonomías que lo pidan, de manera que de ley orgánica específica para Catalunya nada de nada. Los jueces, por otra parte, podrán presentar igualmente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y detener la implementación de la ley de amnistía porque así lo prevé la legislación comunitaria. Y el Gobierno de España no publicará las balanzas fiscales, sólo los datos oficiales para que quien quiera se las calcule; no multará a las empresas que no vuelvan a Catalunya como pretendía JxCat, y sólo pagará el 30% del coste de los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público, como hasta ahora, y no todo. Conclusión, que el acuerdo que en palabras del 130º president de la Generalitat había de ser histórico de momento parece que se limita a la rebaja del IVA del aceite al 0%. Y mientras tanto, en medio de tanta promesa que nunca se cumple y que no pasa de ser mera propaganda, la oficialidad del catalán en la Unión Europea ha quedado aplazada sine die.

El elemento estrella del pacto es, en todo caso, la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. ¿Pero cómo es que JxCat se ha descolgado ahora con esta cuestión y no lo habían hecho antes ni CDC ni el PDeCAT a pesar de haber sido uno de los caballos de batalla de la redacción del Estatut de 2006 que no salió como la parte catalana esperaba? Pues todo indica que obedece a un cálculo puramente electoral y electoralista, pensando en las elecciones catalanas que tocan a comienzos del 2025. Basta con constatar cómo los dirigentes de JxCat han apelado al control de la inmigración y han hecho suyo el discurso según el cual se debería poder expulsar a los inmigrantes delincuentes multirreincidentes, que hasta ahora sólo utilizaba la Aliança Catalana de Sílvia Orriols y por el que los de Carles Puigdemont la habían vituperado severamente. Queda claro que JxCat no quiere que Aliança Catalana se le coma el terreno y por eso ha pasado a la ofensiva para disputarle los votos. Sólo así se explica un cambio tan radical de mensaje, en el que ERC se ha apresurado a intervenir censurando que se mezcle inmigración y delincuencia, con el discurso buenista woke habitual que lo único que hace es esconder el problema —y criminalizar a quienes hablan de él—, pero que no por ello deja de existir, sino que, al contrario, cada vez lo hace más grande.

JxCat y ERC, precisamente, han aprovechado el acuerdo con el PSOE para, más allá de su contenido, seguir peleándose como niños pequeños a cuenta de lo que dice y lo que no dice. ERC ha descalificado el pacto sobre la delegación de las competencias en inmigración del mismo modo que JxCat había descalificado el pacto sobre el traspaso de Rodalies. Todos han devaluado y despreciado los acuerdos que no eran suyos, peleándose por ver quién pacta más y mejor con un Pedro Sánchez que se pega un hartón de reír mientras ellos discuten, JxCat con una suficiencia que no se la acaba y ERC dando lecciones a diestro y siniestro. Talmente da la sensación como si estuvieran compitiendo por cuatro migajas, que de alguna manera tienen que justificar porque no paran de arrastrarse ante un PSOE que no se cansa de tomarles el pelo. Enfrentándose, en fin, por la promesa de un plato de lentejas.