A estas alturas del caso Begoña Gómez, la duda está en cuántas anomalías e irregularidades más puede cometer el juez Juan Carlos Peinado para que acabe volviéndose contra el juez y otra instancia judicial sugiera un basta. Nada más arrancar la instrucción en abril, el juez ya acumulaba varias tropelías. Saltarse la jurisprudencia del Supremo admitiendo unos recortes de prensa sin indicios penales fue la primera. Decretar el secreto de sumario, el cerrojazo a la causa sin dar traslado a Begoña Gómez de los hechos, fue otro atropello señalado por la Audiencia Provincial de Madrid por la irregularidad de no haberlo fundamentado. 

Desde entonces, los hechos que la Audiencia sí veía susceptibles de investigar, están cada vez más desvirtuados por la actuación del juez. A cada paso que da, se produce un abuso o un desmán. Los contratos del empresario Carlos Barrabés con la Administración General y el Ayuntamiento de Madrid y su relación con Begoña Gómez se supone que son el marco de la causa. Dos informes de la UCO no han encontrado indicios que unan a Barrabés con Gómez en un tráfico de influencias. Y en ambos, el juez ha podido vulnerar derechos básicos. 

El juez tomó declaración a Barrabés como testigo (sin abogado y obligado a decir verdad) y en lugar de parar la declaración si realmente detectó un indicio penal, cambió su condición de testigo a imputado una semana después. Una flagrante falta de garantías de primero de instrucción penal. Y otro detalle, la imputación (resuelta en un escrito de nueve líneas) se basa en los informes exculpatorios de la UCO que el juez ya conocía antes de tomarle declaración.

El cúmulo de incongruencias de Peinado apuntala una conclusión grave que profundiza en el deterioro de la imagen del sistema judicial

En la primera citación a Begoña Gómez, cometió otro error grave. Por negligencia o deliberado, no trasladó a la mujer de Pedro Sánchez la ampliación de la causa por la que pretendía preguntarle. Malgastó los recursos del juzgado para repetir la declaración quince días después. Y sobre todo, activó la pasarela mediática con un mensaje: Begoña Gómez hará el paseíllo tantas veces como quiera. En la segunda declaración, Peinado pretendía preguntar a Gómez por un escrito de la Universidad Complutense sin que estuviera en la causa ni citada por ello.

Begoña Gómez se negó a declarar, porque no hay un solo escrito del juez Peinado que responda a dos preguntas básicas. ¿De qué se acusa a Gómez? ¿Qué hechos delictivos ha cometido? Dos silencios que, sin embargo, han servido para dos hitos mediáticos utilizados por la oposición. Citar a Begoña Gómez como investigada a días de las elecciones europeas y al presidente del Gobierno antes del cierre vacacional.

En la insólita citación a Sánchez, Peinado no podría rellenar una exposición de motivos para elevarlo al Supremo. La cita solo sirve para darse un paseo en busca de esa testifical presencial en pro del circo. La citación tampoco tiene coherencia judicial alguna. Pedro Sánchez es citado como ciudadano por hechos no “relacionados con su cargo”. El juez le pide que declare en contra de su mujer investigada, irregular a todas vistas; pero también en contra del objetivo que expresó el juez en su resolución, donde dijo querer investigar a Gómez por toda la actividad presidencial de Sánchez. Un reconocimiento prospectivo y “extensivo” de la causa, ilegal en nuestra jurisprudencia.

En el relato judicial, hay que pararse en el detalle. Justo donde no llega la mayoría de la opinión pública. Así que el juez está ayudando a construir dos realidades paralelas. Una donde Sánchez es un corrupto en La Moncloa (en palabras del PP) sin hechos, y otra realidad basada en supuestos hechos imposibles de concretar por el juez. De manera que solo da argumentos para entender que se trata de una causa política contra Sánchez, vía su mujer, impulsada por cinco organizaciones ultras en un espectro donde Vox es quien más se ajusta a derecho —ese es el nivel de las acusaciones aceptadas por el juez—.  

El cúmulo de incongruencias de Peinado apuntala una conclusión grave que profundiza en el deterioro de la imagen del sistema judicial. Una causa que según avanza se disuelve y solo sirve para justificar unos titulares: Sánchez citado como testigo en La Moncloa y Begoña Gómez como “la primera mujer de un presidente investigado”. El caso Gómez ya es el caso Peinado y por este camino acabará virando hacia el juez.