La ley de la dependencia entró en vigor en 2006. Fue eso que José Luis Rodríguez Zapatero, en plena euforia económica, llamó derechos de nueva generación. El cuarto pilar del Estado de bienestar, decía la propaganda oficial. Bien, pues durante los primeros seis meses del año 2024, cada 15 minutos ha muerto una persona dependiente sin acceso a estos servicios. El año pasado, fueron 45.360 personas las que murieron sin conseguir la asistencia que la ley les reconoce. Como la madre que me parió.
Obviamente, el problema, “burrocracia” al margen, es la falta de financiación por parte del gobierno de España, aunque dice la estadística que desde 2020 hasta 2023, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha incrementado su aportación en un 138% frente al 9% de las comunidades, algunas de las cuales han utilizado este plan de choque para arreglar su déficit en lugar de preocuparse por las personas dependientes.
Más datos. Catalunya es la comunidad autónoma con mayor lista de espera y también lidera el porcentaje de personas que, con el grado de dependencia ya reconocido y el Plan Individualizado de Atención aprobado, todavía no han recibido las ayudas.
La ley, digámoslo, es loable. El problema es si generas unas expectativas sabiendo que no podrás cumplirlas. Entonces es propaganda
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia pretendía apoyar a las personas que tienen algún grado de dependencia a través de prestaciones económicas y recursos asistenciales. Pero nunca ha habido financiación suficiente, como advirtieron los partidos que votaron en contra y que se lo veían a venir. Y Catalunya siempre ha afrontado la mayor parte de los gastos y es la comunidad autónoma más infrafinanciada por parte del gobierno central. La ley, digámoslo, es loable. El problema es si generas unas expectativas sabiendo que no podrás cumplirlas. Entonces es propaganda. Pero, como la ley existe y la realidad es la que es, que vengan todos estos señores del PP y le digan a todas esas personas dependientes que Catalunya nos roba.
De hecho, cuando llegó Mariano Rajoy a la presidencia, en plena crisis, ciertamente, el ejecutivo español sacó el hacha. Pese a haber unas 400.000 personas con derecho reconocido y esperando para recibir la prestación, recortó 3.000 millones de euros en la financiación de las medidas previstas por la ley. Esto provocó que las autonomías tuvieran que hacerse cargo de hasta el 82% de la financiación pública, cuando debería ser del 50%, según la ley. Ahora lo que se ha hecho es, en realidad, volver a los niveles de inversión previos al marianismo.
Alemania o Francia destinan a dependencia el 2% del PIB. España, el 0,7. Si algún día alguien le pregunta por qué motivo se debería mejorar la financiación de la Generalitat, la respuesta está en este artículo.