La justicia más allá de los Pirineos le sienta bien a la justicia española. La Fiscalía Europea apenas había trascendido hasta el caso Ayuso. Y de todos los miembros de la UE que la integran, a España le hace buena falta. El caso es paradigmático. Anticorrupción abrió diligencias previas hace más de un mes para investigar la comisión al hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros desde la empresa de un amigo de la familia sin experiencia en el sector.

El fiscal jefe Alejandro Luzón no abrió la causa motu proprio, a pesar de que el entonces presidente del PP, Pablo Casado, denunció en público con bastante claridad un posible tráfico de influencias, fraude y cohecho: “Lo importante es si después de ese contrato ha habido una transferencia a un familiar, si es entendible que el 1 de abril, cuando morían 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir trescientos mil euros con la venta de mascarillas. Un importe que te hace pensar que ha habido un tráfico de influencias. Basta con decir si [el hermano de Ayuso] lo ha recibido o no, porque la ley impide contratar con familiares o personas interpuestas”. 

Anticorrupción abrió diligencias por presión social y tras las denuncias en bloque de la oposición. Un mes después, desde Europa piden con urgencia que se les remita la causa, a pesar de que Anticorrupción ni siquiera ha presentado querella. Es decir, donde Europa ve claro que hay que investigar, aquí se lo están pensando. Donde la Fiscalía española no ve malversación porque las mascarillas se compraron. La europea entiende que se pudieron comprar con sobreprecio. Donde la española no ve conexión en los presuntos delitos, Europa sí. Y donde Anticorrupción no ve preguntas, en Europa saltan las más evidentes: en concepto de qué recibió esa comisión y qué trabajos hizo el hermano para esa empresa a costa de ese millón y medio de euros. 

Aquí, con la excepción de las que afectan a Podemos o al independentismo, son demasiadas las causas que se eternizan mientas los políticos ostentan altos cargos

No es una causa compleja. Para avanzar basta con llamar a los implicados ―una diligencia básica que no se ha hecho―, comprobar si la intermediación está justificada y denunciarlo si hay dudas, como es evidente que las hay. Es más, pudo haber sido la propia Anticorrupción quien lo remitiera a Europa al tratarse de fondos FEDER, como ahora defiende la autoridad comunitaria. Sin embargo, las alarmas solo han saltado en Anticorrupción cuando iba a perder la causa. 

En la pelea por las competencias, la Fiscalía Europea ha apelado a su reglamento (artículo 42.C) y a plantear una cuestión perjudicial para que el Tribunal Superior de Justicia Europea (TJUE) resuelva un conflicto de intereses. Finalmente, ambas investigarán en paralelo. Ahora, gracias a la presión de la Fiscalía de Europa, será difícil que Anticorrupción no instruya la causa que afecta a Ayuso, arrastre las diligencias y lo despache con un archivo.

En la misma semana, otra autoridad en Europa, el juez de Londres Matthew Nicklin, nos ha recordado en un auto que el rey emérito no tiene inviolabilidad, que cuando un jefe del estado no está ejerciendo sus funciones, no puede acosar a una mujer o robar en una joyería. El juez va más allá y da a entender que la causa civil se abre porque el presunto acoso está vinculado a la persona del emérito y no a sus funciones.

Esto que parece evidente en Londres, y lo es, no está resuelto en España. Como apuntan expertos constitucionalistas, a falta de una reforma de la Constitución, ni siquiera se ha aprobado la prometida ley de la Corona. La norma acotaría la inviolabilidad, sería recurrida probablemente por PP y Vox, y obligaría al Constitucional a delimitar de una vez un concepto de arraigo medieval. La Fiscalía se ha pronunciado sobre la inviolabilidad, pero sus pronunciamientos no son sentencias. Y el Constitucional lo ha hecho de manera colateral en alguna ocasión, pero sin entrar en el fondo. 

La justicia europea nos ha recordado en pocos días dos deficiencias fundamentales. Cuando los políticos están en activo, las investigaciones de corrupción se ralentizan hasta casi el archivo. No somos la Francia que imputa a François Fillon por malversación de fondos públicos en plena campaña a la presidencia de la República o registra el domicilio de Nicolas Sarkozy por financiación ilegal mientras Mariano Rajoy declara únicamente como testigo en Gürtel. Aquí, con la excepción de las que afectan a Podemos o al independentismo, son demasiadas las causas que se eternizan mientas los políticos ostentan altos cargos. Y cuando se trata de reformar cuestiones judiciales que afectan a las altas instituciones del Estado, más todavía. Por esta y muchas razones, la Fiscalía Europea, de reciente creación, bienvenida sea.