El espionaje a políticos independentistas, activistas y representantes de la sociedad civil catalana es nuestra "guerra híbrida", que diría la ministra Margarita Robles. Un agujero negro en nuestro Estado de derecho que ha revelado con detalle y contundencia la investigación del periodista norteamericano Ronald Farrow en The New Yorker, una de las publicaciones con mayores filtros de verificación. La investigación es tan sólida en fuentes y pruebas que pone nombres, apellidos, fechas y número de veces que los dispositivos de unos cuarenta cargos y representantes del Procés fueron hackeados para robar información. Una particular Operación Kitchen contra los líderes del Procés.

Detrás de la investigación está el grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab, supervisados por Amnistía Internacional. También han trabajado el espionaje un grupo de investigadores de la Universidad de Londres, otro de la Universidad de Toronto y un grupo conformado por varios medios de comunicación, entre ellos, The Washington Post. Numerosas pruebas, fuentes e indicios. No se puede decir que la investigación sea de parte.

El software espía hackeó los teléfonos móviles y pudieron activar la cámara, el micrófono o volcar sus datos en muchos casos con la técnica del ‘clic cero’. Se intervinieron los móviles de los afectados sin necesidad de cliquear el enlace tóxico. Escribe Ronald Farrow, ganador del Premio Pulitzer por las revelaciones de abusos sexuales en Hollywood, que el caso catalán, con hasta cuarenta políticos, activistas y abogados espiados con Pegasus en España y Europa, “es el grupo más grande documentado con análisis forense de este tipo de ataques e infecciones registrado”. Según Farrow, un exempleado de la empresa NSO, desarrolladora del software espía, confirmó que “tiene una cuenta en España”. Es decir, según la empresa, el software se compró desde el Gobierno porque solo se vende a organismos públicos. Desde las instituciones españolas, apunta el periodista, no ha tenido respuesta.

El daño es alto y exige una auditoría interna de Margarita Robles como ministra de Defensa y Fernando Grande-Marlaska como titular de Interior para dilucidar si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el CNI han hecho uso del programa espía. Una auditoría que responda a cuestiones clave: Si España ha comprado el software, si se ha utilizado ilegalmente y contra quién

Los hechos son graves y continuados en el tiempo. Según los investigadores de Citizen Lab, van de 2017 a 2020, desde el mandato de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez. Afecta a los líderes de Junts, ERC, la CUP y Bildu, tachados de disidentes políticos por las autoridades que lo hayan utilizado. Se espió a todos los eurodiputados catalanes y a todos los presidents de la Generalitat desde el año 2010. E incluso, a los abogados del Procés de los líderes independentistas sentados en el banquillo del Tribunal Supremo. A los letrados que coordinaron sus defensas, la mayor garantía de un Estado de derecho para que cualquier ciudadano tenga un juicio justo.

Tanto es así que el juez Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial por pedir interceptar las comunicaciones de los encarcelados de la trama Gürtel, a quienes sus abogados ayudaron a blanquear las comisiones en paraísos fiscales. Una diligencia con orden judicial y el visto bueno de la Fiscalía. El Alto Tribunal entendió que las comunicaciones en Gürtel eran sagradas y pedir su intervención vulnera derechos fundamentales. Si fue así en este caso. ¿Cómo se va a resarcir a los abogados y condenados independentistas que sufrieron un espionaje al margen de la ley?  

El Parlamento Europeo tiene hoy su primera reunión sobre cómo abordar el programa mercenario con el que se espió a decenas de altos cargos y representantes públicos. Un asunto crucial porque demuestra que el programa espía no ha sido solo comprado por dictadores. Se ha utilizado en El Salvador contra 22 periodistas del diario El Faro bajo el mandato del presidente Nayib Bukele. Se usó contra el periodista mexicano Cecilio Pineda antes de ser asesinado en 2017. Contra el entorno del periodista Yamal Khashoggi, salvajemente asesinado en la embajada de Arabia Saudí en Estambul. Y ahora sabemos con pruebas suficientes que también por democracias como la nuestra contra decenas de cargos y al margen de la ley.

La investigación europea es clave. La que corresponde al Congreso de los Diputados también. El daño es alto y exige una auditoría interna de Margarita Robles como ministra de Defensa y Fernando Grande-Marlaska como titular de Interior para dilucidar si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el CNI han hecho uso del programa espía. Una auditoría que responda a cuestiones clave: Si España ha comprado el software, si se ha utilizado ilegalmente y contra quién. Y si es así, depurar responsabilidades y explicar de paso qué entienden por disidentes políticos, representantes electos por la ciudadanía y las asociaciones civiles. 

Hay que recordar que desde el año 2002 el CNI puede intervenir comunicaciones, sometido a la Ley de Control Judicial Previo de 2002. Una norma aprobada a raíz del escándalo de las escuchas ilegales del teniente general del Cesid (el anterior CNI), Emilio Alonso Manglano. Han pasado más de 24 horas desde la publicación de la investigación internacional y ningún representante público ha anunciado una iniciativa para esclarecer el espionaje. Como si no fuera con ellos. Como si no estuviera probado. Como si no fuera un escándalo. Manglano cayó por las escuchas, ¿es probable que estemos ahora peor que entonces?