Se puede reaccionar bien, a la vez tarde y poner casi en jaque la gestión de la crisis del alza del gasoil. El Gobierno ha tardado una semana desde el primer día de la mal llamada huelga de transportes en mover ficha antes del 29 de marzo, la fecha de Pedro Sánchez para presentar el Plan Nacional de respuesta al impacto de la invasión de Ucrania. Una semana en sentar a las tres carteras clave —Transportes, Economía, Hacienda— y ofrecer un paquete de ayudas directas al sector. Y una semana en darse cuenta de que las protestas en medio del malestar y la incertidumbre se contagian por muy ilegítimos que sean sus convocantes.

El acuerdo de 500 millones de euros para frenar los paros a los que se iban sumando asociaciones mayoritarias llegan tarde y, por el camino, han dejado un espacio de visibilidad y altavoz a la derecha para que capitalice las reivindicaciones del campo y el transporte. Es cierto que un Ejecutivo no puede reconocer la vía del chantaje con piquetes violentos sin representación como interlocutor. Pero una vez se extiende, es mejor un acuerdo de mínimos con quienes se sientan en la mesa de negociación que la parálisis. Durante siete días (hoy, un mundo) el Gobierno ha abordado la crisis con una plantilla de resolución convencional para acabar sofocando un incendio general.

Por si había dudas, PP y VOX se pusieron al frente de las manifestaciones del campo, supuestamente no politizadas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, vio el cielo político abierto y dio permiso a ganaderos y agricultores para aparcar 1.500 autocares desde Velázquez al paseo de la Castellana, lo más noble del barrio de Salamanca, zona cero de manifestaciones de la derecha y escenario por un día de la protesta rural contra el Gobierno. La consigna y el insulto del entorno de VOX fue la misma que utilizaron contra Pablo Iglesias. "Sánchez, rata, queremos la luz barata''. Y sí, en la manifestación del mundo rural había muchos señoritos, extrema derecha y terratenientes que piden subvenciones y reniegan del Estado. Pero también ganaderos y agricultores que trabajan de sol a sol, gente de campo que peleó en su día la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar producir a pérdidas con el voto en contra del PP y VOX.

Pedro Sánchez lleva semanas como si hubiera perdido el miedo a las encuestas y a la estabilidad de la coalición. Una actitud temeraria cuando en un momento de convulsión histórica cualquier movimiento inesperado puede desmoronar todos los planes. Una chispa de más, una protesta mal entendida, una soberbia de sobra, y el rearme de la derecha puede estar servido

No era ningún secreto que alguno de los convocantes de la plataforma de Transportes tenía sintonía con la extrema derecha (lo contamos aquí el segundo día de protestas). Cuando todavía era solo minoritaria y estaba formada por piquetes que bloquearon las salidas de reparto en las plataformas de puntos clave, cuando sectores básicos como el lácteo denunciaron una violencia insólita en el sector, cuando a otros camioneros les rompían las lunas a pedradas y los acorralaban en carreteras en plena noche (hay decenas de vídeos en redes), el Gobierno en lugar de gestionar un grupo ultra radical lanzó una acusación generalizada. Y en lugar de clamar contra una supuesta “minoría”, apelativo que suele cabrear a cualquiera, pudo haberse apoyado en las denuncias de los pequeños y medianos agricultores. Lorenzo Ramos, presidente de la UPA, ha pedido a las administraciones públicas que controlen, además de los precios, la especulación. Precios de productos multiplicados por tres sin motivo en el supermercado, los fertilizantes o el aceite de girasol, cuando todavía no hay escasez. O cómo los operadores comerciales imponen el precio de los cereales. En definitiva, ha dicho, “gente que se está forrando mientras no cumplen la Ley de la Cadena Alimentaria”.

Pero el 20M rural también traía un aviso. La derecha se está rearmando en un contexto que favorece al bloque Abascal-Feijóo, igual que la pandemia favorecía al bloque socialdemócrata. Ante una crisis sanitaria que arrasa cientos de vidas y cierra empresas, el ciudadano pide protección, un Estado fuerte y cooperación. En un contexto de guerra en Ucrania, de inestabilidad política global, con subidas de los combustibles, crisis de precios y amenaza bélica, hay una parte de la población que pide más presupuesto en defensa, seguridad y no arriesgar con una transformación que sienten puede llevarlos por delante. Porque en el campo hay un miedo al presente y otro al futuro. Está el temor de hoy, que el gasoil fulmine sus ganancias; y el de mañana, la transformación energética que cortaría el gas ruso y temen que también sus puestos de trabajo.

Pedro Sánchez está defendiendo los intereses nacionales en Bruselas e intentando arrastrar la complicidad de los países mediterráneos. Pero en España lleva semanas como si hubiera perdido el miedo a las encuestas y a la estabilidad de la coalición. Una actitud temeraria cuando en un momento de convulsión histórica cualquier movimiento inesperado puede desmoronar todos los planes. Una chispa de más, una protesta mal entendida, una soberbia de sobra, y el rearme de la derecha puede estar servido.

La pandemia vino acompañada de medidas estructurales que iban desde el salario mínimo al ingreso mínimo vital o la reforma laboral. Ahora falta el paquete de medidas energéticas que vaya acompañado de una reforma fiscal. Tras repartir los costes de la pandemia toca ahora socializar los costes de la guerra. Y la acción de Sánchez se tiene que escuchar más aquí que en Europa. Porque Bruselas condiciona, pero no vota.