Cada vez que este país se enfrenta a una crisis global, Vox activa todos los resortes de la desestabilización. En plena pandemia, la grieta de 2020 la encontró en el estado de alarma. Durante meses, acosaron a periodistas en las redes, arremetieron contra los verificadores de información y difundieron bulos. Ante la mayor crisis sanitaria, llamaron a salir a las calles contra las restricciones que salvaron vidas. Ahora, en la peor guerra de Europa en años, con la amenaza nuclear y el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, la ultraderecha ha visto el terreno abonado para agitar el malestar social. Sus dirigentes no se han puesto al frente de ninguna manifestación de apoyo al pueblo ucraniano, pero les parece el momento de salir contra el Gobierno el próximo sábado por la subida de la luz, los carburantes y los suministros.

La estrategia de Vox es simple, pero acaba escurriéndose entre la actualidad. Pasa por impulsar plataformas y movimientos al margen de los colectivos tradicionales (sindicatos, organizaciones) con supuestos portavoces representativos. Ocurrió en la manifestación de policías y guardias civiles el pasado diciembre. Oficialmente, salían a la calle contra la derogación de la ley mordaza. En la práctica, los sindicatos tradicionales, desde el SUP de la Policía a la AUGC de la Guardia Civil, acabaron denunciando off the record cómo una corriente ultra les arrastraba desde dentro. Jusapol, Jucil y Jupol estaban aprovechando las estructuras internas para cargar contra el Ejecutivo, vulnerando la neutralidad política a la que se deben. De ahí pasaron al asalto de un pleno en el ayuntamiento de Lorca, altercado que quedó en nada cuando otros se han enfrentado a cargos judiciales por delitos contra las instituciones del Estado por mucho menos, desde el Aturem el Parlament al Rodea el Congreso.

Frente a los discursos fragmentados del malestar aprovechados por Vox, la ultraderecha defiende un marco preocupante al margen de Europa

Está ocurriendo en la recién convocada huelga de transportes. Los motivos de los camioneros para protestar son reales. No tienen bonificado el gasoil y muchos autónomos están facturando la mitad que hace un mes a costa también de los beneficios de las grandes empresas para las que distribuyen. De nuevo. ¿Quién convoca? La Plataforma Nacional, de reciente aparición al margen de las patronales. Desde el sector de los transportistas explican que el Comité Nacional del Transporte de Mercancías no se ha unido porque acaban de firmar un decreto que incluye parte de las reivindicaciones. El portavoz, José Fernández, como recogía el digital El Plural, culpaba de sus “desgracias” al “sionismo satánico”, el “baboso” de Biden y el “nazi” de Zelenski. De las reivindicaciones concretas, ni palabra. Convocantes ultras que en fragor de las demandas y problemas reales intentan capitalizar el desánimo colectivo.

Mientras Vox agita la calle, los populares defienden las consignas. El nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo es el PP de Pablo Casado cogiendo carrerilla. El recién estrenado candidato a presidir el PP se ha sumado a los bulos de la extrema derecha. La fórmula de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendida por Feijóo y Abascal, de destinar los 20.319 millones presupuestados para políticas de igualdad y repartirlos en bonos de comida o gasolina. Primero, una sociedad democrática debe defender las partidas a la igualdad. Pero lo más relevante es que es mentira. En sintonía con Vox, cargan contra el feminismo con datos falsos. De esos 20.000 millones, quien menos los gestionará será la ministra Irene Montero, en total, 1.930 millones para medidas con impacto de género. Del resto, 8.000 son para permisos de maternidad y paternidad; 8.478 son prestaciones para progenitores por nacimiento o adopción y 801 millones para facilitar el acceso a las escuelas infantiles. Los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el de Trabajo y Economía social suman 15.600 millones de euros, en total un 75%, el grueso del presupuesto para los años de 2022 a 2025.

Con todas las instituciones y altos mandatarios europeos reuniéndose de urgencia para atajar los precios del gas y la electricidad, para Feijóo, “el Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y la gasolina. El 50% del precio de la luz y de los carburantes son impuestos". La realidad es que el 58% del impuesto de hidrocarburos y el impuesto sobre la electricidad al completo va a las comunidades autónomas. Desde que Feijóo materializó el primer gobierno con la ultraderecha de Castilla y León, el PP no se ha distinguido de su socio. Lo hace en lo concreto: el antifeminismo, la "inmigración ordenada" a la que apeló Mañueco o el robo de impuestos de la luz y la gasolina. Una línea alejada del presidente del PP europeo, Donald Tusk, que lamentó "la capitulación" (gran síntesis) y esperaba que no se convirtiera en una tendencia.

Frente a los discursos fragmentados del malestar aprovechados por Vox, la ultraderecha defiende un marco preocupante al margen de Europa. Vox quiere sustituir la Agenda 2030 con la Agenda España. Ni transición energética, ni igualdad, ni colectivos vulnerables, ni refugiados, ni federalismos. En lo global, por más que se intenta desmarcar de su aliado tóxico, es la agenda de Putin. Una agenda ultranacionalista levantada con la palanca del malestar. El siglo XX contra el siglo XXI.