En el edificio donde vivo, casi todos los jóvenes que se han hecho mayores y se han independizado se han tenido que marchar del barrio. Y no solo del barrio, sino que la mayoría se ha ido a vivir fuera de Barcelona. Eran hijos de familias de toda la vida, que habían comprado sus pisos en los años setenta y ochenta. Esta situación es extensiva al resto de la ciudad. Si no tienes un piso de herencia o tus padres no te ayudan a comprar un piso, es muy probable que tengas que marcharte del lugar donde siempre has vivido. Una familia catalana difícilmente puede pagar un piso en Barcelona y mucho menos una persona que viva sola. Las clases medias son el jamón del bocadillo: arriba están los ricos (catalanes o extranjeros) que pueden pagarse un piso y debajo están las clases más desfavorecidas, que reciben las ayudas y las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Es la norma general y la ley de la jungla. Los efectos que esta situación supone en la ruptura del tejido social y humano de Barcelona y en la catalanidad de la ciudad, no tienen precedentes. Barcelona se convierte en una ciudad global y deja de ser una ciudad catalana. Pierde su alma y su esencia. Lo estamos viviendo en una sola generación y en diez o quince años será demasiado tarde.

El otro día, hablando de la crisis de vivienda, una representante del Govern de Catalunya decía que debemos asumir que las familias jóvenes se marchen de Barcelona para ir a vivir a Sitges, Terrassa, Molins de Rei o Vilassar. Decía que debemos pensar en clave metropolitana y dejar de ser unos románticos por querer vivir cerca de nuestros padres, donde siempre hemos vivido. Pues no. De ningún modo. Puedo entender que algunas zonas de Barcelona sean ahora lugares complejos, como Ciutat Vella, pero me niego a pensar que los jóvenes de Sants, Gràcia, Guinardó, Sarrià, Hostafrancs, Poblenou o Sant Andreu tengan que marcharse a vivir fuera de la ciudad. De ninguna manera. Barcelona no es Londres ni queremos que lo sea. Barcelona es y debe ser una ciudad habitable y vivible como siempre ha sido. Nosotros no debemos cambiar nuestra forma de vivir por culpa de factores externos; son los factores externos los que deben cambiar para que nosotros mantengamos nuestra forma de vivir. Barcelona ha sido siempre una ciudad de clases medias y lo debe seguir siendo.

Las clases medias son el jamón del bocadillo: arriba están los ricos (catalanes o extranjeros) que pueden pagarse un piso y debajo están las clases más desfavorecidas, que reciben las ayudas y las Viviendas de Protección Oficial

Uno de los principales problemas del mercado inmobiliario es la compra de viviendas por parte de extranjeros. No me refiero a los inmigrantes que vienen a trabajar en trabajos que no quiere hacer nadie; esta gente normalmente no compra ningún piso, sino que lo alquila, y no precisamente en Barcelona. Me refiero a los famosos expats e inversores extranjeros, que tienen sus propias escuelas y no tienen ninguna relación ni interés por los autóctonos. Franceses, italianos, rusos, árabes del Golfo y otras nacionalidades están reventando el mercado, porque pueden pagar más que los barceloneses. En Barcelona, más del 20% de las compras de viviendas ya las realizan los extranjeros. En Baleares, ya superan el 30% (la mitad en el caso de las viviendas de más de 100 metros cuadrados) y en Canarias son más del 40%. Esto es insostenible y es el quid de la cuestión.

Las medidas anunciadas para hacer frente a la crisis habitacional dan risa. La capital de Catalunya no tiene suelo disponible, encajonada entre el mar y la montaña. Por lo tanto, ya pueden prometer vivienda pública protegida, que las cifras reales que puedan construir siempre estarán a años luz de las necesidades reales. Otras medidas pregonadas, como convertir a los locales comerciales en viviendas o levantar los edificios con pisos adicionales, son simples ocurrencias de sobremesa y ratafía. La promesa de eliminar los apartamentos turísticos de Barcelona no tendrá ningún efecto. Las 10.000 viviendas de uso turístico de Barcelona apenas representan el 0,7% del total de las viviendas de la ciudad. ¿Alguien cree realmente que todas saldrán al mercado de alquiler, como prometen las autoridades?

Existe una medida que se puede decidir y aplicar, pero quienes nos gobiernan no tienen ni tendrán el valor de aplicarla: impedir legalmente que un extranjero pueda comprar un piso en Barcelona y en otros municipios tensionados de nuestro país. ¿Se puede hacer? Está claro que se puede hacer. Otros ya lo hacen, sin realizar grandes aspavientos. En Canadá, un extranjero no puede comprar una vivienda, directamente. La medida la decretó Justin Trudeau en 2022 y está en vigor hasta 2027. En Dinamarca, un extranjero debe demostrar cinco años de residencia en el país antes de comprar una vivienda. Una empresa también puede comprar una vivienda o una finca, pero antes debe abrir una empresa en el país. En Finlandia, un extranjero puede comprarse un piso, pero si quiere un terreno con una casa necesita el visto bueno del ministerio de Defensa (¡ojo!). En Suiza, un ciudadano no comunitario que quiera comprar un piso debe demostrar que vivirá en él de forma permanente y necesita un permiso especial del cantón escogido (incluso para residencia vacacional). En Nueva Zelanda, un extranjero puede comprar una residencia solo si paga los impuestos en el país y puede demostrar que reside en el país desde hace un año. Hay muchos ejemplos más. Es una medida simple que todo el mundo entendería. ¿La adoptarán? Espóiler: no. Vamos a seguir hablando del tema en el futuro, porque es la primera preocupación de tanta gente.