Qué poca claridad

No comprendo la situación. Leo que el president Aragonès ha convocado para hoy, lunes día 16, una reunión extraordinaria del Govern para analizar el informe de los expertos sobre el acuerdo de claridad. En su momento, ya me costó aceptar que una iniciativa de partido, que ni siquiera cuenta con el respaldo de Junts y de la CUP, los dos otros grupos que lo invistieron como president, se tuviera que llevar a cabo desde la Generalitat. No tiene importancia que estos expertos no hayan recibido ni un euro de la hacienda pública, al menos eso dicen, por el encargo. La gratuidad del “servicio” también demuestra que somos un país de aficionados. Si quieres hacer una propuesta válida, una comisión de este tipo debería tener dinero para pagar académicos y técnicos por el trabajo realizado. Les digo quién habría podido asumir el gasto: la Fundación Irla, que depende de Esquerra y tiene mucho dinero, puesto que se nutre de la financiación que recibe el partido de las administraciones en las cuales tiene representación parlamentaria. La fundación de los republicanos habría sido la base ideal para que esta comisión trabajara y cobrase por un encargo partidista, que, digámoslo alto y claro, salvo ellos, no se lo cree nadie.

Soy plenamente consciente de que el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) era gubernamental, ya que se constituyó mediante el decreto 113/2013, de 12 de febrero. En realidad, lo era más, porque el CATN surgió del compromiso expresado por el presidente de la Generalitat de aquella época, Artur Mas, durante el debate de su investidura. En aquel debate, Mas hizo hincapié en la intención de impulsar en la legislatura que se iniciaba “una consulta en el pueblo de Catalunya acerca del futuro político y nacional del país para asegurar su progreso económico, social y cultural y la supervivencia, fortalecimiento y mejora de su estado de bienestar”. La oferta fue planteada por el partido del presidente y recibió el respaldo de Esquerra y de la CUP, e incluso de personas de los comunes, que entonces no utilizaban este nombre. Lo que trato de señalar es que el planteamiento era muy diferente. En primer lugar, porque el CATN estaba presidido por un jurista de prestigio, Carles Viver i Pi-Sunyer (Barcelona, 1949), catedrático de derecho constitucional a la UPF, que entre 1992 y 2001 fue magistrado del Tribunal Constitucional, del cual llegó a ser vicepresidente. Al poco de que se creó el CATN, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta que quería disolverlo todo, dijo que lo impugnarían ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, fue suprimido mediante la imposición del 155, el artículo constitucional con el que PP y PSOE se cargaron la autonomía catalana.

El informe del consejo académico para el acuerdo de claridad nace con fórceps y, además, es casi seguro que tendrá un uso partidista

Que conste que no tengo nada en contra del CATN, a pesar de las críticas que ya expuse en un artículo anterior sobre su excesivo idealismo. Solo quiero destacar las diferencias con la comisión de expertos de ahora. Tampoco tengo nada en contra del doctor Marc Sanjaume-Calvet (Barcelona, 1984), quien es profesor lector de Teoría Política en la UPF y un académico muy competente, formado en Canadá junto al profesor Alain-G. Gagnon, pero que aún no tiene ni la autoridad ni el prestigio para presidir una comisión como esta. Gagnon, de quien la Editorial Afers publicó un libro magnífico, Temps d'incertituds. Assajos sobre el federalisme i la diversitat nacional (2012), y que pronto le publicará otro, Xoc de legitimitats, es partidario de convocar referéndums para resolver los conflictos nacionales, pero él defendería el federalismo multinacional en una consulta. Sanjaume-Calvet también fue estudiante del catedrático sénior de la UPF, Ferran Requejo (1951), quien en otros tiempos defendía un federalismo multinacional como el de Gagnon, aunque abandonó la idea, decepcionado y aburrido por el inmovilismo del españolismo centralista y jacobino, para pasar a proponer como solución al conflicto la independencia de Cataluña. Él era uno de los quince integrantes del CATN.

En consecuencia, y según mi parecer, el informe del consejo académico para el acuerdo de claridad nace con fórceps y, además, es casi seguro que tendrá un uso partidista. Al contrario de los dieciocho informes que elaboró el CATN, este informe es realmente confuso. Entre otras barbaridades, brinda la oportunidad de que voten el futuro de Cataluña todos los españoles. El informe enumera cinco tipos de referéndum y dos alternativas, pero ninguna consiste en pedir que los ciudadanos de Cataluña voten en referéndum el estatus que desean alcanzar. Solo desde una perspectiva federalista es posible aceptar alguna de esas opciones, como por ejemplo que todos los ciudadanos del Estado español decidan en un referéndum qué puede hacer y qué no puede hacer el pueblo de Cataluña. Desde el independentismo, es imposible aceptar ninguna de las fórmulas sugeridas en este informe. Este dictamen, más que claridad, empuja al independentismo hacia un oscuro túnel, minado por incertidumbres que provocan muchas dudas. Abocan al suicidio. La solución de Esquerra es menos clara que el Acta de la Claridad canadiense, en cuyo ejemplo se inspiran algunas de las propuestas de acuerdo diseñadas por la comisión.

Desde el 23-J, los republicanos se sienten acomplejados por el protagonismo de Junts y Carles Puigdemont, quienes no solo les han robado el escenario, sino que han modificado la agenda global

En 2000, el parlamento de Ottawa aprobó la iniciativa canadiense y se transformó en ley. Esta ley permitía negociar la independencia de una provincia si sus partidarios ganaban un referéndum. A pesar de que quien tenía la capacidad de determinar la “claridad” del referéndum, de lo que se preguntaría en él, era el gobierno federal, la papeleta debía incluir “claramente” la opción a favor de la independencia. La propuesta tenía su origen en el hecho de que el gobierno del Quebec había organizado dos referéndums por la independencia previamente, el segundo de los cuales, en 1995, tuvo una participación del 93,53 % y los independentistas lo perdieron por pocas décimas. Ninguno de los dos referéndums fue autorizado por el gobierno canadiense y el Tribunal Supremo del Canadá los consideró ilegales. No obstante, el gobierno canadiense experimentó un temor acerca de la progresión del independentismo y optó por evitar su avance. Por esta razón, impulsó la ley de claridad, que el parlamento quebequés nunca ha reconocido, con el propósito de atajar la secesión y obstaculizar el derecho de autodeterminación. El unionismo canadiense deseaba que tuviera los efectos anestésicos que, dado el estancamiento del independentismo en el Quebec, finalmente ha tenido. El método que nos proponen los expertos catalanes tendría los mismos efectos, ya que va completa y directamente en contra del derecho de autodeterminación.

Desde abril de este año, cuando comenzó a trabajar la comisión de expertos, hasta el día de hoy ha llovido mucho. La situación no es la misma, especialmente debido a que las elecciones municipales y generales han alterado los equilibrios políticos en Cataluña y España. Esquerra es actualmente más débil que no entonces, lo cual es decir mucho, porque el batacazo electoral de los republicanos ha sido histórico. Jamás un partido con tantos cargos en la Generalitat, en los ayuntamientos y en las diputaciones ha tenido un peso político tan débil. Además, desde el 23-J, los republicanos se sienten acomplejados por el protagonismo de Junts y Carles Puigdemont, quienes no solo les han robado el escenario, sino que han modificado la agenda global. En la conferencia celebrada el 5 de septiembre en Bruselas, con el propósito de establecer las condiciones de Junts para negociar la investidura de Pedro Sánchez, el presidente Puigdemont no contemplaba ningún acuerdo de claridad como el propuesto por Esquerra, sino un “compromiso histórico” para establecer las bases de la autodeterminación de Cataluña. El punto de partida era el reconocimiento y respecto a la legitimidad democrática del independentismo. Por eso se exige, en primer lugar, la amnistía, porque es la forma de hacerlo y de acabar con la criminalización permanente que han hecho los principales partidos españoles. El acuerdo de claridad que el presidente Aragonès presentará este lunes es un paso atrás en comparación con el planteamiento de Puigdemont de hace algo más de un mes. El informe del Gobierno, muy alejado de la idea de que el 1-O es la fuente de legitimidad de la reivindicación autodeterminista, del octubrismo, ha quedado superado por el tiempo y por la política.