No es la primera vez que se conoce que un estado tiene una policía política que va eliminando, figuradamente o no, a sus adversarios; tanto en otros países como en el estado español y no antes, también ahora, en pleno siglo XXI. Es más fácil, o en todo caso cómodo, para no tener que hacer ningún tipo de reflexión, asociar este tipo de operativos a regímenes fuera de la democracia y, en todo caso, a gobernantes declaradamente de derechas o de extrema derecha. Nada más lejos de la realidad, que es muy tozuda y bien clara en sus ejemplos; en mi memoria generacional, el caso de los GAL, en plena democracia y con un presidente del PSOE, Felipe González. Todo un personaje que, a pesar de estos antecedentes, sigue atreviéndose a hablar de democracia. Tengo claro, sin embargo, que el problema no es él, sino la ciudadanía que lo escucha y cree que su palabra tiene valor.
Ahora se ha conocido otro operativo policial —no quiere decir que en medio no haya nada más—, la Operación Catalunya, que hace más de diez años se puso en funcionamiento con el fin de parar el movimiento independentista catalán. Especialmente, pero no solo, a sus líderes o posibles líderes. Ya había indicios suficientemente graves desde hace tiempo, pero un menosprecio bastante general de muchas cabeceras del Estado ha ayudado a contener el escándalo. Todavía lo hacen ahora, aunque la información sobre los hechos es ya abrumadora y se entiende que muchos de los informes falsos que se publicaron se hicieron en estos mismos medios. Hay demasiada gente a la que le ha ido bien y le sigue yendo bien la Operación Catalunya, y no solo, aunque es uno de los réditos más importantes, porque ha neutralizado a muchas adversarias y adversarios políticos para así poder llegar donde están. Y no hablo solo del PP y de Vox. Aparte de que tenemos que tener claro que el trabajo todavía no lo han acabado.
La unidad de la nación, la patria española, es el factor más destructivo de la democracia en el estado español
Con respecto a los hechos, no a la cobertura mediática que se les ha dado, alguien dirá que no es lo mismo: los GAL eran grupos armados parapoliciales para luchar contra el terrorismo de ETA y lo que ha destapado la Operación Catalunya tiene otro calado. En todo caso, ambos casos son primos hermanos de una manera de hacer, de un tipo de posicionamiento antidemocrático de raíz: actuar cuando conviene al margen de la ley con el fin de eliminar, figurada o materialmente, adversarios políticos.
En el caso de los GAL, caer en la tentación de justificar los medios utilizados ante el terrorismo de ETA y las muertes que ha supuesto en el estado español puede parecer que proporciona una coartada no honrosa pero sí necesaria. A mí no me lo ha parecido nunca, ni antes ni ahora. En democracia, entendida como un estado de derecho, lo primero que se tiene que entender para la seguridad personal, no solo para la seguridad del respeto a los derechos, de toda la ciudadanía es que precisamente el Estado y, por lo tanto, sus representantes son los que no se pueden saltar las leyes. Menos todavía instalar el terrorismo de estado como un brazo más de la acción de gobierno.
En el caso de la Operación Catalunya, aparte de que se constata, una vez tras otra, que en el estado español contra los y las catalanas todo está permitido o, en todo caso, es menos reprobable, la cobertura que apacigua la respuesta de la ciudadanía delante la retahíla de actuaciones inaceptables, anticonstitucionales, contrarias al derecho, en democracia de todo tipo de actores viene del lado del patriotismo. La unidad de la nación, la patria española, es el factor más destructivo de la democracia en el estado español.