El titular que ocupaba prácticamente todos los medios de comunicación nacionales e internacionales hablaba de Puigdemont, no de Salvador Illa, que iba a ser investido como president de la Generalitat, suponiendo un hecho también importante. Y es que, si analizamos lo que sucedió desde una perspectiva de comunicación política, podemos decir que es Puigdemont el que controla el relato, los tiempos y sigue siendo capaz de acaparar la atención de propios y extraños cada vez que lo decide. Conseguir esto, cuando además hay un rechazo y una reticencia por parte de los medios de comunicación a informar sobre nada que tenga que ver con Puigdemont —si no es para insultarle, mentir sobre él o difamarle—, es digno de ser reconocido.
La llegada de Puigdemont a Catalunya todavía no ha sido del todo entendida por muchos. Y pienso aquí en la inmensa mayoría de la opinión pública española (algo habitual, porque no han podido y no han querido entender nada de lo que ha pasado aquí desde, al menos, 2017), pero tampoco se ha terminado de entender entre el colectivo independentista ni soberanista. Más allá del truco de desaparecer ante la mirada de miles de personas que estaban allí presentes, y de las cámaras de los medios de comunicación que retransmitían en directo, poco se analiza sobre las razones y las consecuencias de este hecho. Se ha seguido mintiendo, eso sí. Y ha sido común leer en medios de comunicación que Puigdemont estaba ya condenado y que huía de la justicia "otra vez".
Vayamos paso por paso, una vez más, para tratar de dejar claros algunos puntos. Es precisamente gracias a la confusión existente, creada a base de mentiras y de desinformación que la opinión pública no es consciente del asunto que tenemos delante.
Puigdemont no ha sido condenado. No existe sentencia contra él. Precisamente porque, al ponerse a disposición de la justicia de otros países, ninguno de ellos ha querido entregarle para que fuera procesado por los delitos que se le pretendían imputar. Solamente Alemania estuvo dispuesta a entregarle para investigar la acusación por malversación, pero el juez Pablo Llarena no quiso. Si no lo entregaban para procesarle por rebelión o sedición, el instructor ya no quería. Y así fue cómo se retiró una de las famosas euroórdenes de Llarena.
Recordarle al lector que, como lo de meter el pie de Cenicienta en un zapato que no era, me refiero a los delitos de sedición y rebelión, hubo que modificar el Código Penal para que dejasen de ser interpretados esos artículos de una manera tan libre. Así que a día de hoy, lo que se pretende es investigar a Puigdemont por desobediencia y malversación. Para aquellos que siguen con el rollo de la rebelión e, incluso, el golpe de estado. También para los que tienen problemas de memoria, cabría recordar las declaraciones del que fuera ministro de Economía y Hacienda durante el gobierno de Rajoy, Cristóbal Montoro, que declaró en sede parlamentaria, como responsable de su cartera, que no se había producido malversación de caudales públicos en Catalunya para celebrar el referéndum. Lo dijo alto y claro. Y sobre todo, lo hizo porque en aquellos momentos, las finanzas de la Generalitat de Catalunya estaban intervenidas por el Estado. Otro pequeño detalle que, por lo que sea, suele ser olvidado y no me parece menor.
Además, el concepto de malversación que manejamos por estas tierras es bastante incompatible con el que se maneja en el entorno europeo. No viene mal tenerlo en cuenta, porque luego vienen los disgustos cuando nos tumban euroórdenes y cuando llegan sentencias que no se entienden por parte de algunos. Por si todo esto no fuera suficiente, hace un año el PSOE obtenía el respaldo para llegar al Ejecutivo por parte de los de Junts, y para ello se firmó el acuerdo de Bruselas, donde el compromiso quedaba claro. De ahí, entre otras cosas, emanó la ley de amnistía. Un texto que ha servido para hacer mucho ruido, pero para dar pocas nueces. En el propio texto queda muy claro para qué supuestos está pensada la amnistía. Se dijo por activa y por pasiva. A nadie se le escapaba que era, precisamente, para tratar de deshacer todo el tinglado que se había montado, debido en buena medida a la capacidad creativa de interpretación del derecho que tuvieron los fiscales y jueces de la sala segunda del Supremo al abordar la causa del procés.
Llegar a pie y marcharse delante de todos demostró la capacidad de organización, la red de confianza y el valor de arriesgarse a ser detenido y llevado a prisión
Obviamente, la ley de amnistía les ha escocido. Lógico. Viene a tumbar su encomiable labor por la patria, su incansable función de vigías, de faros que iluminan el sendero por el que esa España que tanto protegen debe transitar. Una España que no se ajusta a la que debiera ser en estos tiempos europeos, de estados de derecho y de democracias plenas. La dichosa ley ha dado muchos quebraderos de cabeza, revisiones, tiempos muertos en el Senado. Pero finalmente, salió adelante. Y lo hizo en un calendario perverso, puesto que al Sr. Aragonès se le ocurrió anticipar las elecciones de Catalunya, que no tocaban, para que se solapasen con la entrada en vigor por los pelos de la amnistía. Otro detalle que parece olvidarse y que no me parece menor.
¿Por qué tenía tanta prisa ERC en convocar elecciones, en lugar de esperar la entrada en vigor de la amnistía y comprobar que todo seguía su curso? Alguien muy malpensado podría imaginar que había prisa, precisamente, porque pronto saltaría por los aires la ley, quedaría en papel mojado, sobre todo, para Puigdemont. Y es que, ahí es donde está el punto central de la diana: tanto PSOE como ERC quieren cargarse a Puigdemont. Le odian. Es, más allá de la política, algo que roza lo visceral. Y no es nuevo. Nunca gusta que alguien plante cara y aguante. Sobre todo cuando destapa las trampas y lo pelea donde sea necesario.
Con el pacto de la vergüenza que ha dado el sillón de la presidencia a Illa queda bastante claro a lo que ha jugado ERC desde el primer momento: a ir de indepes sin salirse del marco autonomista. Es legítimo. Pero sería positivo que lo hicieran sin trampas. Y la de la investidura a Illa ha sido una evidente, puesto que hace cuatro días negaban, en campaña electoral, apoyar a los socialistas para que llegasen al Govern. Lo más triste es que ya se han aprendido que da igual la trola que sueltes, porque el sistema al final funciona.
La estrategia ya estaba marcada desde aquella investidura de Torra, donde a ERC no le quedó más remedio que pactar un Govern en el que no querían estar. Y daban igual los acuerdos, las promesas. Porque se rompieron siempre que hubo ocasión. Recuerdo para los despistados que Torra tuvo que dimitir por colgar una puñetera pancarta en el balcón del Palau donde se defendía la libertad de expresión. Han sido muchas. Una detrás de otra. Y conviene recordarlas porque hay gente que necesita entender lo que pasa y tienen problemas de memoria. Es comprensible, puesto que han pasado muchas cosas y otras tantas se nos han contado llenas de mentiras. Así es imposible aclararse.
Decía Pérez Royo que Puigdemont ha cometido un error: no mantenerse como eurodiputado. Y en este sentido considero que tiene razón. El president, que para mí lo será siempre, bien podría haberse asegurado la protección como aforado y darse un tiempo para la constatación de la ley de la "no amnistía". Obviamente, valoró y evaluó presentarse a las elecciones de Catalunya, y comprendo que también era lógico dar esa batalla. El problema es salir a pelear cuando te ponen más trampas que en una "peli de chinos" como suele decirse. Si las reglas del juego no son limpias, arriesgarse es bastante suicida.
A no ser que lo tengas todo "atado y bien atado", como parece que Puigdemont lo tuvo el jueves. Llegar a pie y marcharse delante de todos demostró la capacidad de organización, la red de confianza y el valor de arriesgarse a ser detenido y llevado a prisión. Porque no cabía duda de que esa era una posibilidad más bien probable. Como también era probable que la integridad, e incluso la vida del president corriera un serio peligro al exponerse de semejante manera sin protección. Porque hay que recordar que se le ha negado a Puigdemont tener servicio de escolta, como todos los demás sí tienen.
Personalmente, aunque la detención y la posible prisión me parecían un escenario lamentable, tanto en lo personal como en lo que supone a nivel de resolución del conflicto, lo que más me preocupaba era la aparición del "típico pirado", ese lobo solitario que sale de la nada y se pone a pegar tiros. No es nada nuevo y, de hecho, es una técnica que aún hoy se utiliza, como ha sucedido con Trump o con Ficco, por poner dos ejemplos recientes entre otros tantos. El riesgo era real. Sobre todo teniendo en cuenta que la ultraderecha se dedicó a convocar a la gente, usando mensajes plagados de odio, y a animar a que dieran rienda suelta a sus pasiones. Era esa, sin duda, una de las razones por las que Barcelona no era un lugar seguro.
Un diputado electo no puede acudir al pleno de investidura. Y no puede hacerlo porque hay unos jueces que se niegan a aplicar la ley que ha emanado del Parlamento
Otra era la orden de detención que se activó por parte de Llarena, cuando consideró que a Puigdemont no se le aplicaba la amnistía para ese delito. Recuerden a Montoro, por favor. Y de esta manera, aún yendo en contra del criterio de la Fiscalía, y del propio espíritu de la ley, la sala segunda considera necesaria la detención. Dicho sea de paso que no son pocos los juristas que la consideran una orden de detención sin fundamento e ilegal, precisamente por la prevaricación que presuntamente se está cometiendo al retorcer la ley de amnistía. Dicho de otro modo: Puigdemont no se deja detener porque considera que esa detención es del todo ilegal. Y tiene razones de sobra para considerarlo así. De hecho, no me extrañaría que haya algún tribunal internacional al que se le pueda plantear esta cuestión, para disgusto de Llarena.
¿Y por qué vino entonces? Esto es lo que se preguntan muchos, que solamente alcanzan a responder en parámetros de "ego, provocación". En mi opinión, nada más lejos de la realidad. Interpreto que Puigdemont viene para dejar constancia, a ojos de todo el mundo (literalmente), lo que ocurre en España. Donde se supone que el conflicto a resolver debería abordarse de manera pacífica, por vías democráticas y políticas, y resulta que no está siendo del todo así. Depende de quién se trate para aplicar la ley de uno u otro modo. A esto, en derecho, se le llama "derecho penal de autor". No es nada nuevo. Lo usaban los nazis alemanes cuando querían joderle la vida a los judíos, fundamentalmente. Algo que hacía un ario no tenía la pena que sí tendría si se tratase de un judío. Un elemento a desterrar por el derecho de los países que se quieran llamar demócratas.
Dicen los Mossos que todo el despliegue policial que había a primera hora de la mañana tenía como objetivo asegurar la celebración del pleno de investidura. Y que contaban con detener a Puigdemont cuando se dirigiera hacia el hemiciclo. Me pregunto por qué iban a detenerle antes de entrar en el Parlament y no permitirle ejercitar su obligación y derecho como diputado. ¿Tan difícil era garantizar las funciones de un diputado electo? Ante la sospecha más que razonable de que la detención se produjera antes, lógicamente, Puigdemont decidió que no se iba a entregar, porque su defensa jurídica pivota sobre la consideración de que todo esto radica sobre una decisión ilegal, es decir, no aplicar una ley vigente como es la de la amnistía.
El pleno se celebró. Los grupos de ERC, PSC, Comuns y CUP consideraron que no había motivos para suspenderlo, a pesar del despliegue policial activado para encontrar y detener a Puigdemont. Una persecución que tiene como origen aquello que se hizo en octubre de 2017 y que la mayoría de los grupos políticos citados defendió, supuestamente. Se denunció por parte de Albert Batet la anomalía democrática que se estaba viviendo para celebrar un pleno de investidura a marchas forzadas. No le hicieron ni caso. Había prisa por darle el sí a Illa, o eso pareció. Ya iremos descubriendo por qué.
El candidato del PSC estuvo "más suave que un guante" demostrando así que al PSOE le toca recoger cable. Ya no hablan de "desinfectar" como hacía Borrell en su día. Los humos de algunos se han disipado cuando la justicia europea ha sobrevolado un par de veces. Me pregunto si las prisas tendrán que ver con alguna sentencia que está por llegar y que puede suponer un bofetón más para la colección de vergüenzas que aglutina el estado de derecho español últimamente.
Puigdemont se podría haber quedado en Waterloo. Claro. Como se podía haber quedado en su casa aquel 1 de octubre del 2017. Todo el mundo se podría haber quedado en su casa en cualquier momento decisivo de las luchas colectivas. Qué duda cabe. Pero se decide dar un paso, arriesgarse y demostrar que las cosas no son como nos cuentan.
Un diputado electo no puede acudir al pleno de investidura. Y no puede hacerlo porque hay unos jueces que se niegan a aplicar la ley que ha emanado del Parlamento. Eso es lo que pasó el jueves. Todo lo demás, será debatible, opinable y revisable. Pero los hechos son los que son. Como la traición de ERC que debería haber mantenido la unidad de acción hasta que todos quedasen libres y en casa. Sanos, salvos y libres, como diría mi querido amigo Lluís Llach.
Entre tanta trola, tanto medio de propaganda y tanto ruido, es muy complicado hacerse entender. Es lo que nos pasa siempre. Lo más lamentable es que nos queda la sensación de que no hay manera de cambiar las cosas. Porque al final, resistir y mantener la batalla termina siendo considerado "cosa de locos, egoístas" y cosas peores.
A mí me queda claro por qué vino Puigdemont. Y en mi opinión, lo hizo por razones democráticas. Y le estoy muy agradecida, como me consta que cada vez más castellanos lo estamos. A la vista está que lo que hace debe ser muy grave, porque el dispositivo policial que se montó, no se monta para buscar asesinos ni terroristas. Se busca para buscar a alguien armado con sus ideas de democracia y política. Que no se nos olvide.