Esta semana hemos presenciado uno de los ridículos políticos más hilarantes de la historia reciente de nuestra democracia. Me refiero al teatro que han montado, sobre todo los del Partido Popular, aunque también, sus señorías de Vox, con la reforma de la ley que “sacará a los presos de ETA antes de prisión”. Los diputados del PP, haciéndose los sorprendidos, los ultrajados y engañados por el “felón” de Sánchez, como diría Casado, han puesto cara de Von der Leyen, echándose la mano al pecho para justificar ante sus votantes su absoluta ineptitud y su falta de arrestos. Han montado semejante tinglado, donde las trolas han ido en aumento cual bola de nieve rodando colina abajo, que el esperpento nos deja con la boca abierta a quienes sí conocemos el proceso que ha tenido lugar. 

Desde el Partido Popular han pedido perdón a las víctimas de ETA. Han acusado al Ejecutivo de engañarles. Han dicho que no sabían lo que estaban votando. Y así, una tras otra. Han llegado incluso a plantear sus dimisiones de cartón piedra para que pareciera que estaban abochornados. Pero lo cierto es que si por algo tienen que pedir perdón a las víctimas, en mi opinión, es por el uso que de ellas se viene haciendo por políticos inmorales desde hace mucho tiempo. El Ejecutivo no “puede engañar” a sus señorías, porque los textos legislativos se preparan, se estudian, se analizan una y otra vez, existe un equipo de juristas para resolver dudas, y se trabajan en comisiones parlamentarias antes de pasar por el Pleno. No cabe decir que no sabían lo que habían votado porque llevaban meses trabajando sobre ello. Y es inadmisible tener la cara tan dura. 

Por eso me parece importante dedicar unas líneas para dejar claro cuál ha sido el proceso con esta “ley” que, según el Partido Popular, pareciera estar escondida entre las alfombras del Congreso y haber sido aprobada como por arte de magia. Pero la magia necesita ser explicada. 

El 22 de marzo de 2024 el Gobierno presentó ante el Congreso una iniciativa mediante procedimiento de urgencia para modificar la ley 7/2014 en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Europea 2019/884. Concretamente, la directiva señala que “los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 28 de junio de 2022. O sea: que una Directiva europea estableció que los Estados miembro intercambiasen información relativa a las condenas cumplidas en ellos, y que fueran tenidas en cuenta a efectos de cómputo de condenas. 

Los trámites legislativos en España suponen que el Congreso aborde esta cuestión en una comisión parlamentaria, concretamente la de Justicia, donde hay una pequeña representación de los partidos políticos y en la que pueden trabajar, debatir y presentar enmiendas a puerta cerrada. Terminado el trabajo encomendado a esta comisión, se elabora un informe que es sometido a votación. Para esta ponencia en concreto, todo el trabajo realizado, así como los miembros de la comisión parlamentaria, pueden conocerse en el siguiente enlace.

Si miramos detalladamente, podremos observar la tramitación seguida por la iniciativa, donde se señala un calendario en el que desde el 19 de marzo de 2023 (cuando se recibe en la Comisión de Justicia) hasta el 18 de septiembre (cuando se aprueba en el pleno) han transcurrido diferentes sesiones, en un total de 6 meses. 

Si por algo tienen que pedir perdón a las víctimas, en mi opinión, es por el uso que de ellas se viene haciendo por políticos inmorales desde hace mucho tiempo

En la Comisión de Justicia constan 46 miembros. Preside la comisión Francisco Lucas Ayala, del PSOE; Verónica Martínez Barbero es la vicepresidenta, de Sumar; Fernando de Rosa Torner es también vicepresidente, del Partido Popular. Además, hay un Secretario primero del PSOE, Joaquín Martínez Salmerón, y un Secretario segundo, Daniel Pérez Osma, del PP. 

Entre los portavoces voy a nombrar solamente a los del PP y de Vox, que han sido los que llevan toda la semana diciendo que les han engañado, que no se habían enterado y demás cuestiones inverosímiles: María Jesús Moro, del PP, y Francisco Javier Ortega Smith, de VOX. Además de ellos, hay otros diputados del grupo mixto, de sumar, de JxCat, del PSOE, de Bildu…

Entre los portavoces adjuntos está Emilio Jesús del Valle, de Vox, y Macarena Lorente, del PP (además de otros dos del grupo socialista y de sumar). Pero hay más gente aún: los vocales. Del grupo Popular está Rafael Benigno, Isabel María Borrego, María Eugenia Carballedo, Agustín Conde, Silvia Franco, Concepción Gamarra, María del Mar González, Javier Noriega, Álvaro Pérez y José Manuel Velasco. De Vox está Carlos Flores.  Como adscritos aparecen Cayetana Álvarez de Toledo y Jaime Eduardo de Olano, ambos del PP. 

Dispone la comisión de un grupo de letrados para resolver todas las cuestiones de índole jurídico legislativa: Piedad García-Escudero, María Teresa González, Fernando Castillo y Enrique García. 

Hasta aquí sería suficiente para preguntarse por qué se miente tanto, cuando no es complicado revisar en la información pública y oficial disponible los hechos. Queda claro que aquí hay un buen grupo de personas del Partido Popular y de Vox que han venido desarrollando una función (se supone) y trabajando una materia, por orden de la normativa europea, y que no se trata de un tema desconocido, ni que aparezca “por sorpresa”. Entre los trabajos desarrollados por los distintos parlamentarios, el grupo Sumar presentó una enmienda, la número 5, en la que se proponía la derogación de la disposición adicional de la ley que habría que modificar. 

Si leemos el informe de la ponencia aprobado el 10 de septiembre de 2024 y publicado el 12, veremos cómo se propuso por mayoría y se aprobaron todas las enmiendas excepto la 2, la 6, la 7 y la 8. Además, se añaden observaciones técnicas planteadas por los Letrados de las Cortes adscritos a esta comisión de Justicia de la que hablamos. 

Puede leerse en dicho informe, literalmente lo siguiente: “ La presente ley orgánica elimina las limitaciones introducidas en la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, para mejorar la efectividad de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, para la fase de ejecución de las condenas. Con esta modificación queda claro que en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, la equivalencia de efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias anteriores dictadas en otros Estados miembros sobre el nuevo proceso penal se aplicará tanto en la fase previa al proceso, como durante el propio proceso y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta. La reforma del citado artículo lleva aparejada a su vez un único cambio en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, toda vez que resulta adecuada la supresión y derogación del párrafo segundo del artículo 86.1 de la citada norma.”

Resulta especialmente interesante la parte del informe en la que se dice que todos los miembros de la Comisión “han estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas”. Ciertamente esto se pone siempre, porque de esa manera, se constata que sus señorías hacen su trabajo (y cobran por ello, claro). 

Varios miembros del PP, incluidos entre ellos algunos del equipo jurídico, han tenido que reconocer que “no consideran que la reforma en trámite vaya a tener las consecuencias que se están señalando”. O sea, las consecuencias que los propios del PP han estado diciendo públicamente que se producirán

A continuación, el informe se sometió a votación en el pleno una semana después, junto con la enmienda presentada por Sumar que suponía la derogación de la disposición señalada. Y fue así como el 18 de septiembre el Congreso aprobó la derogación de la disposición vigente y se adaptó nuestra legislación tal y como nos señalaba la Directiva europea. 

Ese día todos los grupos parlamentarios votaron a favor: se emitieron 346 votos positivos. No hubo abstenciones. No hubo votos en contra. Ciertamente una imagen anómala en el Congreso de los Diputados. Una vez resuelta esta primera fase, el siguiente paso es el del Senado, donde el PP tiene mayoría, aunque no sirva formalmente de nada, ya que con todos los votos favorables en el Congreso, el camino está ya prácticamente andado. 

Era el momento de pasar de fase, y de pronto, el pasado lunes 7 de octubre, los titulares de prensa aparecen diciendo que “Todos los partidos aprueban una reforma legal que convalida a los presos de ETA las penas que cumplieron en otro país”. Precisamente se trataba de poner el foco un día antes de que el Senado abordase el trámite. Era el momento de hacer ruido y decir, como dijeron Vox y PP que “no eran conscientes de esa reforma cuando la aprobaron porque era una enmienda incluida en otra ley”. Querido lector: ¿de verdad se cree usted que durante los seis meses de trabajo y analizando los documentos señalados supra, se puede sostener semejante mentira?

Fue El Confidencial quien eligió titular la noticia apuntando a que “se acortarían las penas de prisión a 41 etarras”. Y claro, había que sostener el ruido. Pronto se sumó la AVT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, a señalar que con esta reforma, 44 personas condenadas por delitos relacionados con ETA podrían “descontar la pena que han cumplido previamente en Francia” y “7 podrían ser excarcelados en los próximos meses”. Para hacer más hincapié, desde la bancada del Partido Popular mostraron las fotos de estos terroristas, para aparecer públicamente diciendo que “El PP reconoce su “error” en la Ley que beneficia a ETA: “Las víctimas son nuestra prioridad, mientras que el PSOE apoya a los etarras”. Y se te quedan tan anchos. 

Como la mentira era de tal calibre, pronto empezaron a aparecer referencias al calendario en este artículo expuesto, a la participación de sus señorías en la Comisión de Justicia, a los documentos que habían firmado donde reconocían haber “estudiado” en profundidad los documentos. Así que tanto aspaviento, tanto golpe de pecho y tanto uso de las víctimas, quedó rápidamente diluido y algunos aparecieron con la boca pequeña a decir que “reconocían que sabían lo que votaban en la reforma legal relacionada con los presos de ETA” Y así fue como una diputada del PP, Ana Belén Vázquez Blanco, afirmó que el PP apoyó tanto el dictamen como la ley, “debido a que era una transposición de una directiva” europea. Ella, precisamente, fue una de las diputadas que firmaba el informe de la ponencia que fue aprobada en el Congreso. 

Y es que, la disposición que había que derogar para que nuestro ordenamiento estuviera acorde con la normativa europea, se introdujo en la legislación española durante el gobierno de Mariano Rajoy. Para más inri, varios miembros del PP, incluidos entre ellos algunos del equipo jurídico, han tenido que reconocer que “no consideran que la reforma en trámite vaya a tener las consecuencias que se están señalando”. O sea, las consecuencias que los propios del PP han estado diciendo públicamente que se producirán. 

Pero hay más: la propia diputada del PP, Vázquez, ha llegado a decir que “aunque no se hubiera votado, se está aplicando en la actualidad”, haciendo referencia a que se trata de normativa europea que es de aplicación en los tribunales. Mientras eso se decía con la boca pequeña, Sémper, portavoz del PP y su jefe Feijóo, repetían una y otra vez que el Gobierno les había engañado, que les habían colado la enmienda mediante trampas. ¿Queda claro quién miente?