Y, probablemente, muy bien acompañado por el partido judicial, el suyo. Este debería haber sido el título entero, sin embargo, por aquellas cosas de la edición, no puede ser. Queda dicho, sin embargo.

Sabemos que el PP, ante unas reformas legales, penales y orgánicas que no le gustaban, ha recorrido en amparo al TC para que este suspenda cautelarísimamente, es decir, sin oír a nadie, la tramitación de la proposición de ley que contiene, entre otras cosas, la derogación de la sedición, el ablandamiento de los desórdenes públicos —ítems de los cuales ya he hablado aquí sobradamente—, de la malversación —hablaremos otro día de ello, si llegamos— y las modificaciones de la ley del TC, en sentido similar al que propuse días atrás, y del Consejo General del Poder Judicial.

En esencia, argumentan un puñado de diputados del PP y, a rebufo, Vox que su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos se ve lesionado porque unos temas tan importantes, como son aspectos de las leyes reguladoras del TC (la verificación de los requisitos de los propuestos como magistrados), como del nombramiento de los dos que constitucionalmente corresponde al CGPJ, no han sido informados ni por el propio CGPJ ni por el Consejo Fiscal, en contra de la opinión, callan en su recurso, no vinculante, del Consejo de Europa. Y no han sido informadas estas modificaciones porque se ha escogido la vía de la proposición de ley emanada de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y no la de un proyecto de ley, es decir, una obra del Gobierno.

En efecto, el proceso prelegislativo es diferente en atención a si el origen del embrión de norma es gubernamental o parlamentario. Así, dicen los recurrentes, se pretende cambiar el ordenamiento jurídico en fraude de ley, asestando un golpe de gracia al estado de derecho. No en vano la lideresa de facto del PP, Díaz, tildó a Sánchez de tirano en la cena de Navidad de los peperos madrileños. Además, en una ley de reforma penal y de acomodación de determinadas disposiciones europeas con vertientes penales, introducir las referidas reformas de las leyes del TC y del CGPJ constituye nuevamente una irregularidad incasable con el estado de derecho.

España solo la puede gobernar el PP. Toda la Transición, la Constitución y demás es puro cuento en boca de los constitucionalistas del PP

Pues bien, la seguridad jurídica forma parte nuclear del estado de derecho. Una de sus bases radica en la doctrina de los actos propios; es decir, si hacemos un acto o manifestamos una declaración, quedamos presos en nuestros hechos o en nuestras palabras. No podemos ir diciendo lo que nos parece y no defraudar las razonables expectativas de las contrapartes jurídicas.

Pues bien, ¿cuáles son los actos propios del PP en materia legislativa que ahora su recurso contradice abiertamente? En primer término, la importancia del tema fue una cosa que el PP no tuvo en cuenta al presentar una proposición de ley y por la vía de urgencia (una sola lectura por instancia parlamentaria con tiempo mínimo para proponer enmiendas). Esta fue la proposición de ley que acabó en la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979 para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del estado de derecho, ley ratificada doblemente por el mismo TC (SSTC 185 y 215/2016). El TC, el de mayoría conservadora, sustancialmente idéntico al actual, dio expresamente por buena esta vía parlamentaria, ratificando la amplia libertad de los proponentes y de las cámaras en la tramitación de las iniciativas legislativas. De una tacada, dos argumentos legítimamente hoy inservibles.

El tercer motivo de amparo se refiere a la introducción de enmiendas, incluso por los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno, si estas enmiendas no tienen nada que ver con la ley que se tramita. A ver. El proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de arbitraje, por la cual se modifica la ley orgánica del poder judicial, entró en el Congreso con este título y con esta finalidad, y así fue aprobada en la cámara baja. He ahí, sin embargo, que a su paso por la Comisión de Justicia del Senado se convirtió en una ley de reforma del Código Penal y de la LOPJ, por la que se introducía la criminalización de los referéndums no oficiales (la LO 20/2003). Parlamentarios socialistas, catalanistas y del grupo mixto recurrieron este abuso, y casi nueve años después, el TC (STC 119/2011) dio la razón a los senadores: les reconoció que se violó su derecho a la participación política. Y punto. De la ley no se habló ni se discutió. En todo caso, nada que ver, cuando las enmiendas se introducen, sin posibilidad de debate en la última instancia del iter parlamentario, a cuando se hace en la primera fase y los interesados no son lo suficiente diligentes y se distraen a la hora de reaccionar.

Y si es por la ausencia de la emisión de informes sobre los proyectos de ley por parte del CGPJ, del Consejo Fiscal o, incluso, del Consejo de Estado, recordamos que se trata de informes no vinculados, aunque más de una vez habría que haberlos seguido para mejorar los proyectos legislativos. Por ejemplo, en materia de malversación, en la redacción encara vigente reparto en 2015, el PP, con su rodillo, se desentendió de lo que los organismos consultivos criticaron.

Una vez más, se demuestra que el PP es el partido antisistema por antonomasia: lo que no puede dominar lo rompe sin reparar ni en costes ni en medios, con todo el cinismo del mundo

Estas son pruebas fehacientes del carácter antisistema del PP y de su toxicidad para el sistema democrático. Recientemente, José Maria Ridao, en su artículo "¿Quién puede gobernar España?" manifestaba una tan interesante como convincente teoría, bien ratificada por los hechos: España solo la puede gobernar el PP. Toda la Transición, la Constitución y demás es puro cuento en boca de los constitucionalistas del PP. En efecto, el PP, en la Transición, ni existía y los siete magníficos de la esmirriada y confesa franquista Alianza Popular se dividieron entre los que votaron sí, no y abstención al texto constitucional del 78. Sin embargo, los que recalaron en el actual PP fueron los que no votaron sí, como recuerda Ridao en el mencionado artículo. El mascarón de proa fue el propio Aznar con sus conocidas aportaciones claramente en contra de la Constitución. Lo que hicieron estos nacionalistas fue un tejemaneje: cambiaron nación por Constitución. Así, ya tenían su pieza capturada en un lugar seguro. Es decir, ir contra la Constitución, incluso reformarla a conciencia, es ir contra España, lisa y llanamente.

Por eso cuando el PP, incomprensiblemente para él, se encuentra en la oposición, tienen lugar todas las fechorías, cada vez más graves, contra las instituciones vigentes, empezando por secuestrarlas y recurrir a sus terminales en el aparato judicial para desbaratar lo que consideran ataques contra las pretensiones de cuna de ser los amos y señores de las instituciones. Recordad, aparte de los actuales y gravísimos incidentes, las veleidades republicanas de Aznar. Toda una muestra.

Así, una vez más, se demuestra que el PP es el partido antisistema por antonomasia. Lo que no puede dominar lo rompe sin reparar ni en costes ni en medios, con todo el cinismo del mundo. Pasa, ahora nuevamente, por encima de la inviolabilidad parlamentaria y pretenden suspender la tramitación de una ley que no les gusta, intentando repetir las exitosas jugadas perpetradas en Catalunya gracias a las fieles terminales de las que dispone en el TC. Como varios diputados recordaron al Gobierno en el debate en el pleno del Congreso del jueves pasado, después de Catalunya, ahora les toca a quien no sea pepero, es decir, a todos los social-comunistas-filoetarras-separatistas. Si no cobran todavía, es un aviso serio. Suena, por lo tanto, hipócrita los que ahora se escandalizan por la falta de escrúpulos democráticos del PP, cuando los espolearon, ampararon, dieron apoyo o, simplemente, siguieron su estela. Cosas veredes, amigo Sancho.

El lunes veremos si los designios del PP se verifican en la realidad, de la mano de un TC que tiene capturado, sin parangón en ningún estado democrático actual.