Se puede cambiar de estrategia sin tocar el estilo de oposición. Es lo que ha hecho el PP desde hace dos semanas ante la sequía de próximas convocatorias electorales, la bisagra de Junts sin moverse a su favor y el PNV fiel al ejecutivo, después de que el lehendakari Imanol Pradales confirmara su apoyo tras su paso por la Moncloa. El desgaste del Gobierno con la negociación de los presupuestos es lento, pero nada seguro. Porque el tiempo que se vayan a prorrogar las cuentas no marca el final de la legislatura.
El PP, animado por las encuestas internas y el dique seco de la ley de amnistía como ariete contra Pedro Sánchez, despliega ahora su agenda legislativa, social y económica. Un reloaded de la campaña electoral del 23-J utilizando la mayoría absoluta del Senado. Las acusaciones de corrupción del PP a la familia Sánchez tampoco están dando de sí. Y más después del último patinazo del juez Juan Carlos Peinado, que en otro “descuido” o injerencia en la instrucción no ha enviado la causa completa a la Audiencia Provincial de Madrid para que archive o acote la causa contra Begoña Gómez.
La vivienda es la gran crisis nacional sin recetas definitivas a la vista
Es positivo que el PP hable de asuntos que afectan a una mayoría de ciudadanos y salga de la ratonera antiamnistía. Durante el año que Alberto Núñez Feijóo se dedicó al sanchismo por los pactos independentistas, al final del camino, Sánchez tuvo un millón más de votos, logró la mayoría de investidura y Salvador Illa es president. Así que ahora el PP prefiere emular la gobernabilidad sin tenerla. Gobierno popular en diferido o un ensayo general con medidas que no van a ningún sitio, pero abren debate. De momento, las propuestas de conciliación, economía y vivienda para intentar hacer sombra al ejecutivo han conseguido mover a la CEOE —en contra de la semana laboral de cuatro días—. El riesgo es que el PP dé bandazos con sus medidas y se delate, al no apoyar otras muy similares del ejecutivo.
La ley de conciliación ha adelantado a hoy su registro en el Congreso. Las medidas son conocidas: un banco de horas a repartir, deducciones fiscales por hijo, exención de la cuota de autónomos para mujeres y la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, apuesta estrella de Feijóo importada de Galicia. Sumar y el PSOE defienden medidas para hombres y mujeres, convencidos de que al favorecer solo a las mujeres, las arrastra a hacerse cargo de más trabajo casero. Es fácil avanzar el contenido del debate parlamentario. El PP concretará alguna medida y el PSOE reprochará su voto en contra de las actuales: permiso igualitario, el real decreto que ampliaba los permisos de lactancia o la propia jornada laboral.
Y luego está la vivienda, la gran crisis nacional sin recetas definitivas a la vista. Esta semana, el ministerio de Vivienda reunirá a las comunidades en una conferencia sectorial para preparar el Plan Estatal de Vivienda. En lugar de aportar en esa mesa, el PP presenta el suyo. En la rueda de prensa de los lunes, Borja Sémper ha hablado de 200.000 casas y liberar más suelo. La misma música de fondo incumplida en gran parte por Gobierno y autonomías. Igual que el ejecutivo no ha empezado la construcción de las 163.000 prometidas, el PP está en las mismas. Isabel Díaz Ayuso anunció con solemnidad durante el debate del estado de la región el mismo programa urbanístico de hace dos años: 25.000 pisos públicos en 2019, vueltos a prometer en 2024. A izquierda y derecha, no hay una sola vivienda en el mercado.