Con, de hecho, casi un trimestre de retraso, la Generalitat tendrá los presupuestos para el 2023, seguramente los últimos que generará el gobierno en solitario de ERC.
Los editoriales y los articulistas han dado buenas y variadas razones de quién, entienden, ha ganado con este pacto, de quién ha perdido o de quién ha salido más o menos indemne. Opinión, como nariz, todo el mundo tiene una. Según la mía, este enfoque de ganadores/perdedores, quintaesencia de la mala política española, de la cual por estas regiones también somos fervientes tributarios, envenena el clima político y, lo que es más grave, deforma la realidad.
En efecto, si lo hay, ganador solo hay uno: la ciudadanía de Catalunya. Era una irresponsabilidad mayúscula no materializar las cuentas públicas más voluminosas y más expansivas en más de una década, con inversiones sociales seguramente históricas. Prorrogar el presupuesto del año 2022 habría sido castigado en las urnas con una abstención descomunal. Pero esto, desgraciadamente, a los estados mayores de los partidos no parece importarles demasiado, dado que reiteran una y otra vez las artes necesarias para una desafección creciente.
Es más, algunos partidos llegan a hacer cálculos sobre si les interesa más ganar con más abstención que quedar segundos con más participación. Hasta aquí llega la miseria de ciertos elementos de nuestra dirigencia.
De todos modos, estoy muy seguro de que, cuando menos para ERC y PSC, el electrómetro ha pesado en positivo en un año de dos contiendas en las urnas, municipales y generales. Ninguno de los dos partidos con opciones reales de acceder al poder institucional en Catalunya podían aparecer como los malos de la película, como los insensibles al malestar, cada vez más arraigado, en nuestra sociedad. Por otra parte, es poco dudoso que la presión de ERC sobre La Moncloa no haya facilitado que la sucursal del PSOE haya aceptado los presupuestos con las enmiendas que no son tales, sino que son compromisos para poner en marcha varias políticas de cemento, que en su inmensa magnitud son infraestructuras de competencia exclusiva del Estado, tanto en construcción como en financiación, infraestructuras (Hard Rock, B-40, aeropuerto), sobre las cuales, pasando por encima del derecho a la buena gobernanza, no ha habido el debate ciudadano necesario y actualizado.
El acuerdo ERC-comuns-PSC por los presupuestos abre nuevas perspectivas políticas en la medida en que, sin abandonar el eje nacional, la izquierda —laxamente entendida— puede volver a marcar la agenda
La presión de ERC sobre La Moncloa hace tiempo que es clara: si el PSOE —y, en general, el gobierno de coalición— quiere acabar la legislatura con todo su programa legislativo aprobado, necesita los votos de ERC. Así, por ejemplo, la ley de bienestar animal, la ley mordaza y la ley de la vivienda. El acuerdo partidista no acabó con los intentos, por ahora con resultados cuestionables, de las últimas reformas penales, como demuestran las actuaciones de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado. Si el gobierno más progresista de la historia quería acabar con su programa coronado, cuando menos, legislativamente —otra cosa, como sabemos, es la implementación—, tenía que facilitar la aprobación, sin más dilaciones, de los presupuestos para el 2023 en Catalunya.
El PSC ha querido hacer valer su victoria, por la mínima de votos, pero victoria al fin y al cabo, para erigirse en capitán de la buena nueva de las cuentas públicas. Podrá exhibir responsabilidad como carta electoral —forzada también en el Ayuntamiento de Barcelona, para no quedarse descolgado del acuerdo sobre el Plan de usos del Eixample—, cosa impecablemente legítima. Pero más allá de correcciones técnicas, las cuentas como tales no parecen haber sido derrotas.
Los comuns, siempre en busca de mejoras sociales, pero con poca fuerza, fueron los primeros en dar apoyo y formular retoques al proyecto de presupuestos, potencian, como ahora parece que lo hará el PSC, el eje izquierda-derecha, sin olvidar el nacional, en especial en los aspectos educativos y culturales.
Eso ha tenido como efecto la proclamación por parte de Junts del fin de la mayoría del 52%. Esta mayoría ya se destruyó cuando la CUP se desentendió de los presupuestos, de influencia juntaire, para el 2022. Ruptura que se remachó con la salida de los antes llamados convergentes del gobierno por legítima decisión propia. Si, por las razones que sea, se abandona un proyecto, parece chocante atribuir a los que quedan el estropicio de una mayoría que el abandono ha producido. Contrasentidos que quizás produce no el frío de estos días, sino vivir fuera del calor del gobierno.
Vivir con las dificultades añadidas del inminente juicio oral por delitos relacionados con la corrupción de la presidenta del partido y del hecho que supone que su candidato a la alcaldía de Barcelona no quiera inflamaciones independentistas, eludiendo la marca que, según cree, no lo impulsa, sino al contrario. Con este bagaje, y la sociovergencia en la Diputación de Barcelona, decir no a todo y descalificar a los anteriores aliados en todos los terrenos, no parece una política de la cual haya que esperar demasiados réditos.
Al fin y al cabo, el acuerdo ERC-comuns-PSC por los presupuestos abre nuevas perspectivas políticas en la medida en que, sin abandonar el eje nacional, la izquierda —laxamente entendida— puede volver a marcar la agenda. De la nueva ficha en el tablero, que lo hace más complejo y solo apto para los más inteligentes y audaces, el principal ganador es sin duda la ciudadanía.